Desde su entrada en vigencia el 23 de febrero de 2026 y hasta este martes 3 de marzo, 13 organizaciones y ciudadanos a título personal han presentado demandas de inconstitucionalidad a la ley reformatoria al COOTAD.
La normativa impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobada por su bancada legislativa con 77 votos a favor, obliga a prefecturas y municipios a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión, limitando el gasto corriente al 30%. La ley fue tratada con el carácter de económico urgente y cuestionada por sectores sociales, grupos políticos y gobiernos seccionales de oposición al régimen de Noboa.
Paola Pabón, prefecta de Pichincha, acudió esta mañana a la Corte Constitucional para presentar una de las demandas de inconstitucionalidad. La funcionaria manifestó que la reforma tiene vicios de fondo y de forma que afectan el estado y funcionamiento administrativo de los gobiernos seccionales, impactando el modelo descentralizado de gestión. Aseguró que el tratamiento dado por la Asamblea y la bancada de ADN con su mayoría «espuria» significó un «Carnavalazo», ya que debatió el articulado sin escuchar a la ciudadanía, a las autoridades, a los beneficiarios de los programas sociales; sesionando de manera virtual. «Se fueron a Samborondón porque no tienen la valentía de mirar a la gente», manifestó Pabón.
El Movimiento Pachakutik también acudió a la Corte Constitucional a presentar una demanda similar. Mariana Yumbay, asambleísta de ese movimiento, dijo que se están violentando principios como la descentralización, la autonomía política-administrativa de los gobiernos seccionales, se vulneran derechos de grupos de atención prioritaria y que lo que busca la ley es disminuir el presupuesto de municipios y prefecturas.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representado por Edwin Bedoya, agregó que ellos presentaban la demanda de inconstitucionalidad, ya que es una ley que precarizará las relaciones sociales del pueblo y que significará un control político del Estado a los gobiernos seccionales.
Hasta la noche de este martes 3 de marzo, estas son las organizaciones y ciudadanos que han presentado las demandas de inconstitucionalidad a la reforma del Cootad:
1 Andrés Campaña, concejal de Quito
2 UNE
3. Unidad Popular
4 Patricia Núñez (asambleísta RC)
5 Fernando Espinel (abogado)
6 Partido Socialista
7 Pachakutik
8 FUT
9 Consejo Provincial de Pichincha
10 Junta Parroquial de Calderón
11 Consejo de Participación Ciudadana de Calderón
12 Junta Parroquial de Cusubamba
13 Manuel Alvarado Iñamagua, concejal de Cuenca
