El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por la causal de grave conmoción interna.
Según el Decreto 174, son las 10 provincias que con motivo del paro indígena que inició hace dos semanas, evidencian paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público, provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos.
Con la medida de excepción, el Ejecutivo busca detener las medidas de hecho y su radicalización, que ha sido progresiva, consta en el Decreto, evitando así mayor afectación a la población.
Según el Gobierno, las provincias señaladas son aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas y servidores públicos, paralización del transporte, el impedimento del traslado de bienes, mercancías y productos de primera necesidad, los cierres de vías y la limitación del trabajo y de ejercicio de actividades económicas y productivas, así como el atentado a sectores estratégicos.
El estado de excepción será por 60 días, tiempo en el cual se suspende el derecho a la libertad de reunión, enfocado a limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
Con el decreto se faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana, así como al orden constituido, o paralización de servicios públicos o sectores estratégicos.
Noboa trata de frenar la protesta social con estado de excepción
