En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumple el primer juicio por un crimen de lesa humanidad. Se trata de la detención arbitraria y presuntos actos de tortura por parte de militares en contra de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, exmilitantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), ocurrido en Esmeraldas el 10 de noviembre de 1985.
Según la investigación de la Fiscalía, los miembros del grupo guerrillero fueron detenidos y trasladados al Cuartel Batallón Montúfar. Posteriormente fueron llevados al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), ubicado en Conocoto, en el suroriente de Quito, donde habrían sido sometidos a torturas físicas, psicológicas y sexuales.
Cajas y Jarrín permanecieron detenidos 15 días y luego fueron liberados. Vaca en cambio permaneció desaparecido en el cuartel de Conocoto por más de dos años y fue liberado a mediados de 1988.
Los hechos ocurrieron en el contexto de la represión estatal registrada entre 1984 y 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero. Por su naturaleza, estos delitos son calificados como de lesa humanidad, lo que implica que no prescriben y pueden ser investigados penalmente, sin importar el tiempo transcurrido.
Fiscalía estableció que las autoridades militares y políticas de la época conocieron y autorizaron estas acciones, las cuales respondían a una planificación estructurada al más alto nivel.
Cajas y Jarrín narraron ante el Tribunal que conoce la causa, las torturas a las que presuntamente fueron sometidos durante su detención en el cuartel de Inteligencia Militar. Actos como descargas eléctricas en sus partes íntimas, violencia física, psicológica, y sexual en el caso de Cajas, incomunicados, abandonados en estrechos calabozos sin posibilidad de moverse, intimidación para que firmen declaraciones falsas fueron parte de lo que contaron ante los jueces. Incluso que habían sido inyectados con el «suero de la verdad» .
Vaca falleció en 2021 por una enfermedad catastrófica, por lo que en el juicio constan como acusadores particulares y víctimas su pareja e hijas. Por el presunto delito de lesa humanidad están procesados seis personas, de ellos cinco son militares de alto rango en servicio pasivo, incluido un exministro de Defensa.
