Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe que recomienda al Pleno continuar con el juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, propuesto por el asambleísta oficialista Kevin Gallardo.
Albán es acusado de presunto incumplimiento de funciones, a pesar de que no ejercía el cargo a la fecha de los hechos denunciados.
La legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, manifestó que este juicio político puede sentar un mal precendente ya que no se logró justificar que haya incumplido alguna función. Su criterio fue corroborado en la presentación de las pruebas de cargo y de descargo por los constitucionalistas André Benavides y Gustavo Silva, quienes aseguraron que este juicio vulneraría principios como la seguridad jurídica, la autoridad de cosa juzgada y el debido proceso, por cuanto los hechos que sustentarían el juicio fueron resueltos en su momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, mediante sentencia ejecutoriada, por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre los cuales la Legislatura no tiene competencia.
El informe aprobado por la Comisión señala que la solicitud presentada por Gallardo cumplió con los requisitos formales, que el proceso de sustanciación garantizó el debido proceso y la defensa de ambas partes, y que Albán accedió al cargo sin cumplir con el requisito de no haber sido adherente a una organización política en los últimos cinco años, lo que vicia el acceso al cargo y compromete la legitimidad del ejercicio de sus funciones, comprometiendo valores y deberes constitucionales, generando pérdida de confianza política, según el informe aprobado.
Para la Comisión, se trata de una infracción que afecta de forma directa la independencia, imparcialidad y legalidad del Consejo de Participación Ciudadana.
Consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, va a juicio político
