La Corte Constitucional admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Ley de Integridad Pública, y a la vez dejó provisionalmente sin efecto algunos artículos de la leyes de Solidaridad Nacional y de Inteligencia, así como del reglamento de esta última ley.
Las Leyes de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública fueron remitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea con el carácter de económico urgente y en el desarrollo del tratamiento parlamentario fueron modificadas al punto de incorporar textos y reformas no previstas inicialmente.
La suspensión de un grupo de articulos de esas normas se aplica hasta que se resuelva la causa en su totalidad, hasta que haya una sentencia. El organismo constitucional aclara que estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales.
«Se trata de actuaciones técnicas y jurídicas, que precautelan el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituyan aún pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento», señala la Corte en un comunicado.
Según lo resuelto, las suspensión temporal de la normativa parcial se da en los siguientes casos:
- Ley de Inteligencia. Se suspenden por el momento 12 articulos, entre ellos los relacionados a la potestad que se le daba al director general de Inteligencia para solicitar información a entidades públicas y a las operadoras de los servicios de telecomunicaciones.
- Reglamento de la Ley de Inteligencia. Suspende provisionalmente ocho artículos y la disposición general primera. Entre la normativa suspendida consta lo relacionado a la calificación y clasificación de documentos considerados reservados, secretos, secretísimos y quiénes pueden acceder a esa información.
- Ley de Solidaridad Nacional. Suspende de manera temporal cuatro artículos relacionados con la potestad del Presidente de la República de reconocer a través de Decreto la existencia de un conflicto armado interno, lo que a su vez le posibilita aplicar un régimen jurídico especial.
- Ley de Integridad Pública. Suspendió la disposición transitoria décimo primera relacionada al plazo para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito para que se conviertan en bancos.
