El consejo ampliado de la CONAIE resolvió la tarde de este jueves 10 de octubre de 2025, continuar con el paro nacional que ya cumple 11 días, con epicentro en Imbabura y con la expectativa de ir sumando más provincias.
La Conaie se reunió en Quito para avaluar el desarrollo del paro. Estuvieron presentes el presidente de la organización, Marlon Vargas, los presidentes de las tres regionales y delegados de comunidades que sostienen el paro en la Sierra norte.
Entre las resoluciones que Vargas anunció que se habían tomado están la de continuar con el paro como expresión legítima de los pueblos y nacionalidades frente a «un gobierno autoritario que responde con represión, criminalización y medidas neoliberales que encarecen la vida».
Y aunque mencionó que ratifican los puntos de su agenda de lucha que generó este paro, como la exigencia de la derogatoria del decreto 126 con el que se eliminó el subsidio al diésel, ahora también exigen que se reduzca el IVA del 15 al 12%, garantías para el derecho a la resistencia; verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y para la familia de Efraín Fuerez, comunero de Cotacachi asesinado durante una de las jornadas de bloqueo de vías que se dio en esa localidad.
Como parte de las resoluciones consta organizar asambleas territoriales en todas las provincias y comunidades para preparar y consolidar la campaña nacional por el «No» en la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para que se convoque a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
«Este mecanismo no responde a las verdaderas demandas del pueblo, sino que busca distraer la atención de la crisis social y económica», dijo Vargas. Agregó que a través de la asamblea constituyente, el Gobierno quiere eliminar los derechos colectivos, de la naturaleza, derechos laborales y la gestión comunitaria del agua.
A la vez que se resolvió mantener el paro, el movimiento indígena se comprometio a establecer un corredor humanitario en la zonas más fuertes de resistencia indígena para garantizar el paso seguro de medicinas, insumos médicos y ambulancias hacia hospitales y centros de salud.