De manera sorpresiva, el Gobierno anunció su decisión de eliminar el subsidio al diésel y destinar esos recursos a atender a población vulnerable, a la producción nacional y al transporte.
Según las autoridades, el subsidio a ese combustible le costó al país 1.100 millones de dólares y en muchos casos eran recursos que se desviaban al contrabando, mineria ilegal y a otros beneficios indebidos.
El Gobierno garantizó que el pasaje no subirá ya que ofreció algunos incentivos para los transportistas:
- Bono de entre 400 y 1.000 dolares mensuales para 23.300 choferes de transporte de pasajeros urbano, inter e intraprovincial.
- Bono de chatarrización de hasta 20.000 dolares y créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9% para la renovación de unidades de transporte.
- Pago de deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros.
- Inversión de 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en vías y 23 millones en zonas de descanso y en controles de paso en la red vial estatal.
- Compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.
El Ejecutivo asegura que los recursos que antes se destinaban al subsidio al diésel, ahora se destinarán a 55 mil nuevas familias en situación de vulnerabilidad para que reciban el bono de desarrollo humano; 115 mil adultos mayores recibirán de forma directa la devolución del IVA; y otros 80 millones de dólares se destinarán a la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios.
La medida no convence
La eliminación del subsidio y las medidas compensatorias no cumplen la expectativas de varios sectores que consideran un golpe a la economía de la población en general. Gremios de transporte en sus diferentes modalidades mantienen reuniones para definir acciones juídicas y otros recursos frente a la decisión del Gobierno.
La Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado lamenta que el Gobierno no haya socializado la eliminación del subsidio ya que les deja en indefensión al sector por la graves implicaciones económicas que acarreará la medida y a todo el pueblo a quien se le tendrá que trasladar el valor final del transporte, según un comunicado del gremio.
El Frente Unitario de Trabajadores afirmó que es una medida antipopular que golpea directamente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables del país. Para el FUT el costo de transporte se trasladará a los precios de los productos de primera necesidad. En cambio la CONAIE afirmó que ejercerá su derecho a la resistencia.
