De persecución política y violencia política de género en su contra calificó la asambleísta de Pachakutik, Guadalupe Llori, al informe del Comité de Ética de la Asamblea que recomienda al Pleno su destitución por haberse presuntamente beneficiado de cobros indebidos a sus colaboradores.
La denuncia fue presentada por Johanna Ortiz (UNES), quien asegura que Llori, cuando fue presidenta de la Legislatura, se movilizó en un auto de alta gama rentado a un empresa privado y que el dinero salía del sueldo de sus colaboradores.
Tras la investigación realizada, tres de los cinco asambleístas que integran en Comité, consideran que Llori incurrió en la prohibición descrita por el artículo 163 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), referente a percibir comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo. En ese sentido se aprobó el informe con los votos de Luisa González (UNES), Marjorie Chávez (PSC), y Dalton Bacigalupo (ID).
El presidente del Comité y coideario de Llori, José Chimbo, presentó la resolución en el sentido de que se archive el proceso ya que no hay pruebas concretas de que se haya cometido la infracción, lo que no fue acogido por el resto de legisladores quienes señalan que las pruebas documentales y testimoniales evidencian que al menos dos funcionarios pagaron con dineros propios la renta del automotor que suplía necesidades personales de la expresidenta del Parlamento para movilizarse los fines de semana; y que el pedido se realizó por intermedio de la Administradora General de ese entonces, Gloria Larenas.
De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, para destituir a un legislador se necesitan 92 votos. La sesión donde se trate este punto se cumpliría la próxima semana.
