Luisa González, excandidata presidencial y dirigente de la Revolución Ciudadana, recibió orden de prisión preventiva dentro del caso «Laberinto», donde la Fiscalía investiga un presunto lavado de activos para financiar la campaña electoral de 2023.
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez de la causa ordenó su prisión preventiva y de otros dos procesados: Santiago Díaz, exsasambleista correísta quien cumple una sentencia por violación a una menor de edad y de Wendy Onofre, secretaria del Movimiento RETO. Mientras que para la tercer procesada, Estefanía Molina, se dictaron medidas sustitutivas ya que tiene a su cuidado un hijo con una condición de salud que requiere su presencia.
González se suma así a otros dirigentes correístan que están detenidos, ya sea con sentencia por corrupciòn como Jorge Glas, exvicepresidente de la Repùblica; o José Serrano, exministro del Interior procesado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La excandidata presidencial fue detenida la madrugada del 22 de octubre de 2026 en Canuto, Manabí, durante un allanamiento a su vivienda. En su contra se abrió una investigación previa por presunto lavado de activos.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía explicó que la Revolución Ciudadana habría contado con fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos para financiar la campaña presidencial anticipada de 2023.
La investigación se centra en presuntas inconsistencias en el origen y la justificación de los aportes económicos, así como en los gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados.
Según lo expuesto por Fiscalía, la responsable del manejo económico de la campaña, Estefanía Molina, presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 64 registros de aportes de personas naturales por 201.360 dólares.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación fiscal, entre mayo y octubre de 2023 se habría desarrollado paralelamente un mecanismo de financiamiento basado en la transferencia, conversión y utilización de recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
Los recursos habrían circulado mediante dos mecanismos: transferencias bancarias y cheques al portador. Estas operaciones se habrían coordinado desde la estructura empresarial investigada y habrían permitido movilizar aproximadamente 500.000 dólares mediante un presunto esquema de lavado de activos.
