El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, exigió a la Asamblea que enjuicie políticamente a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por la represión de la que han sido objeto por parte de militares los manifestantes que participan en el paro indígena, especialmente en Imbabura.
Vargas fue recibido en comisión general en la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por la Revolución Ciudadana, que inició la investigación de presuntas vulneraciones a los derechos humanos registradas en el marco de las recientes movilizaciones sociales, tras la expedición del Decreto Ejecutivo No. 126 que eliminó el subsidio al diésel.
El líder del movimiento indígena manifestó que nos son terroristas como lo asegura el Gobierno y que solo están ejerciendo su derecho a la resistencia en contra de las medidas del Ejecutivo. Vargas reiteró que el paro se mantiene firme y que se van sumando más sectores sociales a pesar de la represión de la que son objeto, según manifestó ante los asambleístas.
La fiscalización iniciada por esta Comisión abarcará denuncias relacionadas con las manifestaciones en Cotacachi y Otavalo, así como el asesinato del comunero indígena Efraín Fuerez, ocurrido en Imbabura.
La Comisión recibió además a otros dirigentes del movimiento indígena como Soledad Puruhuá, Blanca Chancoso, Martha Tuquerrez, Rafael Negrete, Fabián Cabascango, entre otros. Ellos manifestaron que sus movilizaciones son pacíficas a pesar de lo cual han sido perseguidos y atacados por la fuerza pública y exigieron la liberación inmediata de 12 comuneros detenidos durante las protestas.
Los indígenas narraron situaciones de violencia, militarización, ataques con armas letales, difamación y criminalización a los pueblos indígenas.