El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia, que fue aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea y publicada en el Registro oficial el 11 de junio.
Los dirigentes sindicalistas acudieron hoy a la Corte Constitucional para presentar el recurso, en el que además solicitan se dicten medidas cautelares para que se suspenda la vigencia de la Ley mientras se resuelve la demanda.
El presidente del FUT, Edwin Bedoya, manifestó que con la Ley tratan de eliminar el derecho a pensar, a reunirse, para dar paso a un control de vigilancia a las organizaciones a pretexto de combatir a la delincuencia. «Vemos muy peligroso que quede en manos de una sola persona, en este caso el Ejecutivo, las instituciones de Inteligencia que se están creando», manifestó el presidente de turno del FUT. El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, agregó que el Gobierno intenta criminalizar la lucha social
La demanda de inconstitucionalidad es parcial, solo a determinados artículos. En el escrito presentado ante la Corte Constitucional aseguran que se está introduciendo una noción de seguridad distinta a la que consta en la Constitución. Además, que se desconocen las competencias diferenciadas que establece la Constitución de la República para las funciones del Estado, pues se ordena que todos los organismos y dependencias de las funciones del Estado, se sometan a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, la que a su vez está bajo las órdenes del presidente de la República.
Los dirigentes sindicales solicitan que se declare la inconstitucionalidad de las frases «seguridad integral del Estado», «el Subsistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es responsable de generar inteligencia y contrainteligencia con el objeto de alertar, detectar,
identificar y/o neutralizar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que puedan
comprometer la seguridad integral del Estado”, “la entrega y actualización permanente y vigente de las bases de datos e información de la cual dispone cada entidad, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas, coadyuvar a la soberanía nacional, la seguridad pública y del Estado”, entre otras.
