El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, entregó a la Asamblea dos proyectos de Ley con el carácter de urgente en materia económica.
Herrería aseguró que el estado de excepción vigente le permite al Gobierno presentar este tipo de iniciativas legislativas de manera conjunta, para que sean tratados por los legisladores en máximo 30 días desde su presentación.
El primer proyecto de Ley propone reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que rige a los Gobiernos seccionales, cuyo objetivo es corregir la rigidez del gasto corriente y priorizar la inversión pública en infraestructura y servicios básicos.
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2021 y 2024 la inversión promedio de los Gobiernos seccionales en estos rubros no superó el 45 % de su presupuesto, lo que ha resultado insuficiente frente a las brechas existentes en agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura local.
La reforma establece una regla fiscal clara y verificable para que los GAD destinen progresivamente un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.
Minería y electricidad
El segundo proyecto presentado es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En el ámbito minero, la iniciativa busca superar trabas regulatorias, fragmentación normativa e inseguridad jurídica que han provocado la paralización de proyectos, la caída de inversión y la expansión de la minería ilegal. La reforma plantea la simplificación de trámites administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de esquemas de inversión que permitan reactivar proyectos estratégicos, ampliar la base de contribuyentes y proteger los ingresos fiscales, sin crear nuevos tributos ni incrementar el gasto público.
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta busca corregir la vulnerabilidad del sistema de electricidad frente a la restricción fiscal y a los choques climáticos, que en los últimos años han generado racionamientos y pérdidas económicas significativas. El proyecto habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, con el fin de preservar la liquidez pública, diversificar la matriz energética, reducir la dependencia hidrológica y fortalecer la capacidad instalada.
Herrería señaló que la propuesta responde a una reciente sentencia de la Corte Constitucional y busca que el sector privado asuma parte de la inversión cuando los costos estatales sean mayores, liberando recursos públicos para el desarrollo social.
