Lo que debía ser un convenio interinstitucional normal en materia de seguridad entre el Municipio de Quito y el Ministerio del Interior se convirtió en una feroz disputa política entre el oficialismo y la oposición, y como telón de fondo, las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
A través de este convenio, el 10 de agosto las 632 cámaras que maneja el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito pasaron a ser administradas por el Ministerio.
John Reimberg, titular de esa cartera de Estado, denunció la existencia de «salas espejo» que permitían el acceso remoto y descontrolado a las imágenes de videovigilancia de la capital y que la gestión del centro técnico contaba con la participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) de la era correísta.
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, indicó que si existen indicios de un presunto mal uso de las cámaras, pondría la renuncia penal en la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, el asambleísta de ADN, Luigi García, insinuó que el sistema habría podido estar al servicio del crimen organizado.
En respuesta, la oposición política considera que se trata de una persecución política contra los adversarios del Gobierno, y en este caso contra el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, quien busca la reelección.
La asambleísta Patricia Núñez, coordinadora de la banda correísta manifestó que el sistema de videovigilancia opera desde la sede matriz del ECU 911, por lo que resulta descabellado afirmar que existirían «salas espejo» para el espionaje político o al servicio del crimen organizado.
Según Núñez, lo que el oficialismo busca es atacar la gestión de Muñoz, para restarle votos al ser un candidato que tendría posibilidades de lograr la reelección.
Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, agregó que ADN busca debilitar a los gobiernos seccionales de oposición y callar las voces contrarias al Gobierno. Yumbay aseguró que hay una permanente persecución política contra la oposición.
