Que el presidente de la República, Daniel Noboa, se haga cargo del conflicto personal que mantiene con su vicepresidenta, Verónica Abad, es el mensaje que dio la Asamblea al negar la autorización para enjuiciar penalmente a la segunda mandataria.
El viernes la Legislatura trató la solicitud remitida por la Corte Nacional de Justicia ante la intención de Fiscalía de vincular a Abad al caso Nene, donde se investiga el presunto delito de concusión. La autorización fue negada con 75 votos de las bancadas Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Construye.
Esto generó un cruce de acusaciones entre esas bandadas y el oficialismo, que se aleja más y más de sus exaliados. En un comunicado la bancada oficialista de ADN interpreta esa votación como un «pacto político corrupto en el que prevalecen la impunidad y los intereses partidistas sobre la justicia y la dignidad del país»:
La bancada socialcristiana repondío en los siguientes términos: «No nos prestamos para votar por la impunidad ni tampoco por la persecución», consta en un comunicado de ese sector. Además recuerdan que el pedido no tuvo un informe de respaldo de la denuncia ni fue fundamentado, ya que la documentación de la Corte tenía el carácter de reservada, por lo que no se leyó ni en el Pleno de la Asamblea en la sesión donde se trató la solicitud:
Por su parte Construye considera que Abad deberá ser investigada una vez concluya su mandato por lo que el Gobierno debe resolver su conflicto interno y dedicarse a resolver los problemas del país. La organización considera que Noboa quiere «deshacerse» de la vicepresidenta que él mismo eligió:
En cambio la bancada de la Revolución Ciudadana le pide a Noboa que si hay diferencias entre él y su vicepresidenta, estas deben resolverse internamente y no intentar usar a la Asamblea para sus «protervos intereses». «Usar el poder político para resolver problemas internos es corrupción», consta en el comunicado del correísmo, con lo que justifican su votación negando la autorización para el juicio penal a Abad: 
