El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente al movimiento Revolución Ciudadana del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. La providencia fue dictada por el juez electoral Joaquín Viteri, al admitir a trámite la denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, en el marco de la investigación previa del caso Caja chica, que involucra a los principales dirigentes de esa agrupación política en el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
En su providencia, Viteri advierte que la medida podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses y que se levantará, de oficio o a petición, cuando se verifiquen las siguientes circunstancias:
– Que la Fiscalía General del Estado comunique formalmente el retiro del pedido o manifieste que ya no sostiene la solicitud
– Si se acredita que la investigación fiscal que sustenta el pedido ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial
Viteri suspendió los tiempos procesales para la tramitación de la presente causa, mientras se mantenga el carácter reservado de la investigación previa del caso Caja chica y una vez superada dicha circunstancia, dispondrá de inmediato la reanudación del cómputo y la prosecución del trámite, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la organización política denunciada.
La causa se sustanciará en plazos, por corresponder a un asunto que incide en el periodo electoral de las “Elecciones Seccionales y Elección de consejeras y consejeros del Consejo de
Participación Ciudadana, y Control Social 2027”, cuyo inicio fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral.
A través de un comunicado, la Revolución Ciudadana asegura que se trata de silenciar «a la principal fuerza de oposición del país» e impedir que participen en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de suspensión de la organización, coincide con el proceso de inscripción de candidaturas. El correísmo anticipa que interpondrá todas las acciones necesarias para defender su derecho de participación política.

