Este 17 de marzo de 2021, en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, la Comisión Especial para la Verdad y Justicia creado por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, entregó el informe sobre los hechos ocurridos entre el 03 y 16 de octubre de 2019, durante las acciones de protesta en Ecuador.
La Defensoría del Pueblo creó esta comisión con la finalidad de trabajar este informe y acercarse de la «manera mas objetiva posible a la verdad sobre los hechos de octubre de 2021», aseguró Sybel Martinez, presidenta de esta comisión.
Enfatizó que la justicia es un derecho humano, por lo «que se trabajó para documentar a través de fuentes de ciudadanos, medios de comunicación, testimonios, instituciones públicas, periodismo comunitario», etc., desde la perspectiva de DDHH, de forma objetiva, sin sesgos ideológicos ni intereses políticos y luego de un análisis, contrastación de la información.
«Esto permitió concluir que durante las protestas existió violaciones a los DDHH por parte de agentes estatales; tomando la forma de ejecuciones extrajuduciales como: atentados a la vida, delitos sexuales, tortura, tratos crueles e inhumanos, lesiones oculares, detenciones arbitrarias».
Manifestó que la información recabada, permiten asegurar que la población civil fue atacada de forma generalizada y el Gobierno justificó su accionar a través de un discurso oficial con el objetivo de instaurar en el imaginario de la ciudadanía que se trataba de enemigos internos y externos equiparando delitos comunes a violaciones de DDHH. Luego de esta investigación, esta comisión concluyó que es indispensable que se investigue y sancione a los responsables de violaciones a los DDHH durante las manifestaciones de octubre, y que las víctimas sean reparadas integralmente.
Finalmente, el Defensor del Pueblo Freddy Carrión manifestó que este informe es un trabajo dedicado a las víctimas que sufrieron violaciones a los DDHH durante las manifestaciones de octubre de 2019 cometidas por agentes del estado el cual describe la verdad de los hechos durante el mes de octubre y se constituye en una herramienta fundamental para pedir justicia.
Expresó qué, en el momento en que un estado de derecho, pretenda justificar la violencia, y vulnere los derechos ciudadanos para garantizar su estabilidad, pierde la legitimidad. Así mismo indicó que este informe, se constituye en una herramienta que debe servir para que, los entes de justicia inicien los procesos de investigación y sanción de quienes, utilizaron desproporcionadamente el uso de la fuerza y cometieron graves violaciones a los DDHH (libertad de expresión, a la protesta). Aseguró que el reconocimiento de los hechos, la verdad y la sanción a responsables podrá permitir la reconciliación nacional.
«El próximo gobierno tiene la responsabilidad de trabajar en base a este informe y hacer un seguimiento para que la justicia penal inicie con los procesos de investigación»;… «los responsables sean sancionados por el uso desproporcional de la fuerza, y estos hechos no quede en la impunidad, basados en el respeto a los DDHH», aseguró.
