El Pleno de la Asamblea está llamado a sesionar este viernes a partir de las 14:30 para proceder al juicio político en contra de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.
La decisión de interpelar a estos cuatro consejeros y de eximir del proceso a los de minoría: Javier Dávalos, Sofía Almeida y David Rosero se tomó este martes 15 de noviembre en en el Pleno con 84 votos a favor, 32 abstenciones y 9 en contra.
Los votos del correísmo, del Partido Social Cristiano, de una parte de la Izquierda Democrática y de una parte de Pachakutik fueron más que suficientes para llamar a juicio político a los consejeros de mayoría, a quienes se les señala como gobiernistas. Y para salvar a los consejeros señalados como cercanos al correísmo y al Partido Social Cristiano.
Para proceder a la censura y destitución se necesitan 70 votos. Entre los interpelados están el presidente (Ulloa) y la vicepresidenta del organismo (Rivadeneira) por lo que el organismo se quedaría sin sus autoridades y sin poder sesionar por falta de quórum hasta que se nombren a sus reemplazos.
El procedimiento
De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, los asambleístas interpelantes Mayra Pazmiño y Ángel Maita, del ala rebelde de Pachakutik, tendrás dos horas para presentar su argumentos.
A continuación, el funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención del funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea declarará abierto el debate.
La censura y destitución implicará que el funcionario no pueda ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio del Trabajo.