El Pleno de la Asamblea aprobó con 83 votos a favor, el informe de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de autoridades seccionales, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Según el informe, 95 expedientes presentan niveles de riesgo prioritario: 41 se encuentran en alerta roja y 54 en alerta naranja. Es decir, son casos que presentan variaciones patrimoniales que podrían exceder la capacidad salarial de los servidores públicos, investigaciones penales o incumplimientos de obligaciones tributarias. Otros 156 expedientes, comprende 90 casos en alerta verde, sujetos a seguimiento preventivo, y 66 en la categoría “sin alerta o sujetos a comprobación de registros”.
Sin embargo, el informe no individualiza a los funcionarios públicos involucrados, no señala cuáles autoridades se encuentran en determinada alerta, de qué Municipio o Consejo Provincial. Para la oposición, es un informe que no aporta nada a la transparencia.
Alfredo Serrano, legislador del Partido Social Cristiano, advirtió que es un informe de fiscalización que terminará «en el tacho de basura» de las autoridades competentes. Agregó que la Asamblea ha asumido una labor que no le corresponde, el fiscalizar a los Gobiernos seccionales.
El informe con el expedientes se remitirán a la Fiscalía, para que evalúe las investigaciones pertinentes; a la UAFE, para el análisis de inteligencia financiera y rastreo de activos; y a la Contraloría para que considere la realización de exámenes especiales en los casos clasificados en alerta roja y naranja. Además, se recomienda al SRI efectuar verificaciones patrimoniales y revisar posibles casos de nepotismo, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.
