Por más de seis horas los jueces de la Corte Constitucional escucharon los argumentos de cargo y de descargo sobre las cinco demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de la la Ley de Solidaridad Nacional, remitida por el Ejecutivo como económica urgente y aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea.
La audiencia se cumplió la mañana y tarde de este 25 de agosto de 2025 y fue una jornada donde los abogados de la Presidencia de la República y de la Asamblea trataron de justificar porqué en una ley económica urgente se incluyó articulos relacionados con el conflicto armado interno, indultos diferidos, grupos de delincuencia organizada, entre otras normativas relacionadas con seguridad.
En los exteriores de la Corte se concentraron representantes de gremios y sindicatos que interpusieron o respaldan las demandas como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), que aseguran que la norma viola derechos fundamentales.
La diligencia estuvo presidida por el juez constitucional, Alí Lozada. Las preguntas de los jueces constitucionales trataron de esclarecer las dudas que se matienen sobre el nexo entre el carácter económico urgente y la normativa penal, es decir, la unidad de materia que es parte de los cuestionamientos de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos que presentaron las demandas.
El juez constitucional Jorge Benavides consultó qué elementos de la ley atacaban la economía criminal y su relación con los objetivos de la política económica como para que sean tratados en un proyecto de Ley económico urgente; la jueza Claudia Salgado quiso saber sobre ventajas y desventajas de la aplicación de un régimen jurídico especial para combatir a los grupos de delincuencia organizada; inclusive el juez Richard Ortiz preguntó qué tiene que ver el nombre de la Ley, «Solidaridad nacional» con el conflicto armado no internacional. Entre otras interrogantes, que en el fondo trataban de esclarecer la necesidad de incluir normas que en principio no tenian relación exclusiva con lo económico.
Felipe Pérez, abogado de la Presidencia de la República, y Mercedes Mediavilla, abogada de la Asamblea, trataron de defender la unidad de materia, el procedimiento legislativo, la necesidad de combatir las economías criminales y que eso le da, expresaron, esa categoría de económico urgente.
Nicole Rojas, demandante, manifestó que la Ley contiene un par de artículos en materia económica y que el resto son de índole penal, de seguridad. Cuestionó que se quiera instaurar un régimen jurídico especial al margen de la Constitución.
Fernando Bastias, abogado de colectivos de Derechos Humanos, agregó que los lineamientos del conflicto armado interno no responden a lo que estipula el Derecho Humanitario Internacional.
Concluida la audiencia, Lozada deberá preparar un proyecto de sentencia para que sea debatido y aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional.
