Karina Izurieta Dávila, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, dio a la Asamblea un plazo no mayor a 72 horas para que posesione a los miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana.
Además, dispone que la Legislatura se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a dilatar la ejecución de esta resolución «bajo apercibimiento de las sanciones establecidas en el Artículo 22, numeral 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional».
Ese numeral establece que «en caso de que servidoras o servidores públicos incumplieran una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el remplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones».
La resolución judicial nace como consencuencia de las medidas cautelares otorgadas a la consejera del Consejo de Participación, Gina Aguilar Ochoa, quien interpuso el recurso al considerar que la Función Legislativa ha incumplido su deber constitucional de posesión desde el año 2021.
«La consejera Aguilar quiere cumplir con el mandato para el cual fue elegida, no obstante, no lo puede desarrollar porque el pleno del CPCCS no puede sesionar debido a la ingobernabilidad existente por la destitución de sus integrantes. Con este recurso legal, el objetivo es que se le devuelva la institucionalidad al CPCCS y, a partir de allí, poder sesionar”, manifestó Diego González, abogado de Aguilar.
El pleno del Consejo de Participación no ha podido sesionar desde que la Corte Constitucional ordenó la destitución de los siete consejeros principales por incumplimiento de setencia de ese organismo, que disponía la pronta designación del presidente del Consejo de la Judicatura.
Al momento solo dos de los siete consejeros suplentes han sido posesionados y están en funciones: Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar. Para que el CPCCS pueda sesionar requiere de la presencia de al menos cuatro consejeros. La Asamblea debe llamar a los candidatos más votados en las elecciones de 2019 para que asuman los cargos, pero, según manifestó Virgilio Saquicela, presidente de esa Función del Estado, primero quiere que el Consejo Nacional Electoral certifique a quién se debe posesionar ya que varios de los elegibles están de candidatos.
