Legisladores de varios grupos políticos cuestionaron al Presidente de la República, Daniel Noboa, por haber vetado totalmente las reformas al Código de la Función Judicial. Uno de los artículos polémicos de esta reforma habría permitido que los vocales del Consejo de la Judicatura acogerse a una licencia sin sueldo en caso de que les dicte prisión preventiva o arresto domiciliario.
En el veto total el Ejecutivo señala que esa disposición es contraria a lo señalado en la Constitución ya que ningún servidor judicial probo en el ejercicio de sus funciones debería encontrarse vinculado en actos que son contrarios a la Ley.
Noboa agrega que el proyecto de ley no es conveniente para los intereses del país ya que este tipo de reformas deben ser construidas con la mayor participación y análisis de los actores de la Función Judicial, con la finalidad de no violentar la independencia judicial. con lo que justifica su veto total. Esto imposiblita a la Asamblea volverlo a tratar en un año.
Sin embargo legisladores como Lucía Posso y Sofía Sánchez, independientes; y el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, dijeron que el Presidente debió optar por un veto parcial ya que en la reforma había temas positivos como las judicaturas especializadas en violencia sexual.
