El proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado como urgente en materia económica, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea genera el rechazo de representantes de organizaciones de la sociedad civil.
El Gobierno asegura que el objetivo del proyecto, conocido como «Ley de Fundaciones», es establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas. Está enfocado a fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.
Pero organizaciones como Acción Ecológica, Cedenma, Cabildo Ciudadano Quiteño, Inredh, entre otras, consideran que es un proyecto de Ley destinado a perseguir a las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos, a combatir el extractivismo, y que han sido críticas con la gestión de Noboa.
Natalia Greene, vocera de Cedenma, organización dedicada a la defensa de la naturaleza y del medioambiente, indicó que es una propuesta a través de la cual el Ejecutivo intenta controlar a las organizaciones de la sociedad civil, imponiéndoles más requisitos para su operatividad.
Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, agregó que esta propuesta de normativa, más la fusión de ministerios y la implementación de otras leyes económicas urgentes se van contra la Constitución y el Estado de derecho.
Las organizaciones de la sociedad civil invitan a sumarse al resto de sectores a plantones y movilizaciones con el objetivo de que se respete la institucionalidad y el Estado de derecho.
