Tras una reunión con el Consejo Ampliado de Generales, hoy la Policía Nacional resolvió rechazar el contenido del informe sobre las protestas de octubre del 2019, elaborado por la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, de la Defensoría del Pueblo, por considerarlo parcializado.
Tannya Varela, comandante general de la Policía de Ecuador, discrepó con dicho informe al señalar que los uniformados cumplieron “con su deber en el marco de la ley, enfrentó vandalismos, saqueos, secuestros, incendios, ataques concertados, destrucción de instituciones públicas, asechos a las ciudades, bloqueo de vías, violencia organizada”.
Según la Defensoría del Pueblo, se “analizó 519 testimonios, de los cuales 249 corresponden a vulneraciones de derechos por parte de agentes estatales”, durante los 14 días de protestas. Sin embargo, Varela asegura que “existen evidencias y registros suficientes para demostrar cómo un grupo social mantuvo al país bloqueado y sometido a una violencia concertada, en especial, en la ciudad de Quito”.
El informe recoge “casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, heridas físicas y psicológicas, de las personas que perdieron un ojo y tienen lesiones permanentes por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, además de violaciones al derecho a la integridad personal y a la salud”, a criterio de los comisionados de la Defensoría del Pueblo.
Personal de la Policía fueron secuestrados, agredidos, heridos. “Basta con recordar las imágenes de un policía en llamas en el Centro de Quito o los testimonios de nuestras compañeras que soportaron el manoseo de sus cuerpos y otros vejámenes de índole sexual”, expresó la comandante de la Policía.
Los autores del informe de la Defensoría del Pueblo no gozan de una imagen de imparcialidad, advirtió Varela mientras aseguró que su institución está abierta a cualquier investigación de los órganos competentes. “Ahora mismo, hay procesos que lleva adelante el sistema de justicia sobre los hechos de octubre del 2019”, recalcó la funcionaria.
Cabe recordar que, anteriormente, las Fuerzas Armadas también rechazaron el informe, documento con el que la Defensoría del Pueblo presentó, el 23 de marzo, una denuncia por presunto delito de lesa humanidad en contra del presidente Lenín Moreno, de la exministra de Gobierno María Paula Romo, del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y otras personas, para quienes solicitó la prohibición de salida del país.
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El Consejo Ampliado de Generales, se pronuncia ante el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, tras los hechos ocurridos en las jornadas violentas de octubre de 2019.#ServirYProteger pic.twitter.com/XXafgHFLh8
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 29, 2021
Por otro lado, hoy inició la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 27 procesados por supuesto delito de sabotaje, relacionado al incendio de la Contraloría General del Estado (CGE). La diligencia se desarrolla en el Complejo judicial Norte de Quito.
