Resolución del Consejo de Participación genera nuevo enredo jurídico

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ve nuevamente envuelto en la polémica a pesar de contar con nuevas autoridades. A las 03:00 del viernes 10 de marzo de 2023 declaró la nulidad total de las resoluciones adoptadas por el anterior Pleno del organismo.

Es decir las resoluciones que en su momento adoptaron Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira desde el 18 de noviembre del 2022, fecha en que fueron destituidos por la Asamblea, hasta el auto de verificación del 23 de enero de 2023 de la Corte Constitucional en que resolvió la destitución de las siete autoridades que hasta ese momento venían actuando en el Consejo. El criterio de los actuales  consejeros fue que en ese lapso los consejeros de mayoría de ese entonces dejaron de ser autoridades del organismo.

Se basaron en la sentencia de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas que dejó en firme la destitución y censura de los ahora cuatro exconsejeros tras el juicio político en la Asamblea el 18 de noviembre del 2022. La anulación de lo actuado implica también dejar sin efecto la designación de Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos, e incluso estaría en riesgo la designación de Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura.

A favor de la moción votaron Gina Aguilar (presidenta), Teddy Tama (vicepresidente) y los consejeros Graciela Mora y Olindo Nastacuaz. Votaron en contra los consejeros Carlos Figueroa, Aland Molestina y Mónica Moreira.

Sin embargo, horas después de aprobada esa resolución, la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante un auto de aclaracion, indicó que los nuevos consejeros de mayoría no pueden revisar los actos administrativos de la anterior mayoría. «El Tribunal declaró la nulidad procesal de todo lo actuado por el juez Ángel Lindao Vera, dentro del expediente constitucional, no de las actuaciones administrativas adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y sus consejeros en el ejercicio de su cargo y funciones específicas…», consta en el auto de aclaración.

Para Figueroa, que había cuestionado la decisión del pleno, el pronunciamiento de la Sala Multicompetente es una «estocada» para la mayoría de consejeros que votaron a favor.

El Consejo de Participación Ciudadana no se ha pronunciado sobre el auto aclaratorio de la Sala Multicompetente.

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