Se integra comisión multipartidista que evaluará a la presidenta del Legislativo

Pese a varios incidentes dentro de la sesión 772, del Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 81 votos a favor la moción presentada por la asambleísta Marcela Holguin, de UNES, para la conformación de la comisión ad hoc, que evaluará a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori (PK).

La titular del Parlamento será investigada por incumplimiento de funciones de acuerdo a la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres (PSC).

La comisión tendrá un plazo máximo de 35 días para presentar su informe ante la titular del Parlamento, quién en un lapso de tres días, deberá convocar a sesión del Pleno, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), y tratar como único punto del día, este informe.

La comisión quedó conformada por los siguientes legisladores:

Pamela Aguirre, UNES

Peter Calo, PK ala rebelde

Pedro Zapata, PSC

Lucía Placencia, ID

Jhon Vinueza, Independiente

Previa la aprobación de la moción presentada por la coordinadora de la bancada UNES; existieron varios incidentes que conllevaron a que Esteban Torres, apele nuevamente la presidencia de la sesión 772, por lo que presidió la sesión, Virgilio Saquicela vicepresidente del Legislativo.

«De acuerdo al Art. 140 de la Ley de la Función Legislativa, establece un asambleísta puede apelar la presidencia cuando lo considere necesario», aseguró el legislador del PSC.

«Mis actuaciones son acordé a mis atribuciones como presidenta de la Asamblea Nacional, determinadas en el Art. 12 de Ley Orgánica de la Función Legislativa (…), que determina convocar, presidir, dirigir, clausurar y suspender las sesiones ordinarias, extraordinarias del Pleno y del CAL», aclaró Llori.

En este contexto se busca que la comisión determine el incumplimiento o no de las funciones y no se descarta que dentro del informe se recomiende la remoción de la presidencia de la Asamblea Nacional.

La bancada de UNES también también presentó tres denuncias en contra de Llori por una serie de presuntas irregularidades. Dos de esas denuncias deberían ser tratada por el Comité de Ética de la Asamblea, que podría presentar un informe recomendando la destitución como asambleísta. La tercera denuncia es de índole penal.

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