La bancada oficialista de ADN lo volvió a hacer. Con la fuerza de los votos (78 a favor) aprobó en segundo debate el proyecto de Ley de Transparencia Social que fue remitida por el Presidente de la República, Daniel Noboa, como económico urgente, el cuarto de esta naturaleza que lo envía en este su segundo mandato.
Tal como sucedió en tres proyectos urgentes anteriores, la bancada oficialista introdujo en la propuesta de normativa otras reformas que no estaban contempladas ni en el proyecto original, ni en el informe de primer debate.
Esta vez incluyó reformas a la Ley de Minería relacionadas a la etapa de exploración de la concesión minera y la caducidad de los derechos mineros. También se reforma el Código Tributario y el Código Orgánico de Planificación.
Uno de los cambios más criticados por la oposición fue que se haya incluido en este informe para segundo debate, disposiciones transitorias relacionadas con los derechos y obligaciones pendientes de las empresas públicas en liquidación de la Función Ejecutiva con el IESS; y la prohibición del Instituto de cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado o empresas públicas que reciban dentro de sus pasivos los pagos de aportes, fondos de reserva y demás que corresponda a los trabajadores, empleados o servidores públicos, de las instituciones del Estado que, por liquidación pierdan o se elimine su personería jurídica, lo que incluye capital adeudado, intereses y demás recargos.
Establece, además, que las personas naturales o jurídicas que mantengan deudas con empresas públicas en liquidación, de la Función Ejecutiva, podrán acogerse a la remisión de intereses, gastos judiciales, multas y recargos desde la vigencia de la ley; y la condonación de tributos, precios, contribuciones, peajes y toda obligación adeudada por las empresas públicas en liquidación de la Función Ejecutiva, provenientes de la prestación de servicios públicos.
El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, recordó que por estos cambios de última hora y de reformas no previstas, es que las otras leyes propuestas por el Gobierno tienen demandas de inconstitucionalidad resolviéndose en la Corte Constitucional.
