Con 85 votos a favor y 48 en contra, el Pleno de la Asamblea, de mayoría oficialista, dispuso que la Comisión de Justicia, afín al Gobierno, sea la que fiscalice la resolución del Consejo de la Judicatura del 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se eliminaron las unidades judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) manifestó que es la Comisión de Justicia la que por competencia está llamada a llevar ese proceso, ya que la Ley de la Función Legislativa establece que conocerá asuntos e iniciativas legislativas en el ámbito jurisdiccional en todas las materias y aquellas leyes e iniciativas sobre asuntos propios de las distintas funciones y entidades del Estado.
Esto a pesar de que horas antes de la decisión del Pleno, la Comisión de Garantías Constitucionales, integrada en su totalidad por asambleístas de la Revolución Ciudadana había dispuesto e iniciado la fiscalización de la resolución de la Judicatura.
Incluso convocó a la presidenta de ese organismo, Mercedes Caicedo, para que exponga los motivos y sustentos técnicos que justifiquen la eliminación de esas unidades especializadas. Sin embargo, Caicedo no se presentó ante esa mesa legislativa.
Una vez concluida la fiscalización, la Comisión de Justicia deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones correspondientes.
Verónica Íñiguez (RC), presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, cuestionó que sea el oficialismo el que se encargue de la fiscalización, ya que lo único que busca ADN es evitar que la ciudadanía conozca la verdad y promover la impunidad, dijo.
Por su parte la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), evitó pronunciarse sobre la decisión de la Judicatura, ya que aseguró respetar la independencia de funciones. Mancheno agregó que la Asamblea deberá adecuar la normativa existente y los proyectos de ley a la resoluciòn de la Judicatura, lo que fue criticado por la oposición, que le pidió que haga respetar la institucionalidad de la Asamblea.
