El Presidente de la República, Daniel Noboa, volvió a remitir a la Corte Constitucional la propuesta reformulada para que se consulte a la población si está de acuerdo con la reducción del número de asambleístas.
En el primer intento la Corte declaró que no procede la propuesta pues omitía datos importantes, como el hecho de que la Asamblea pasaría de 151 a aproximadamente 73 integrantes.
Segun el organismo, esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta y sus efectos en la representación democrática por provincia, por lo que no satisfacía plenamente los principios de claridad y lealtad previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
En ese dictamen la Corte recordó que el Ejecutivo podía presentar una nueva propuesta sobre este tema si así lo decidiese, respetando los requisitos de claridad y lealtad que permitan un pronunciamiento ciudadano informado y responsable.
El Ejecutivo así lo hizo y en los considerandos de la nueva propuesta explica que la Asamblea estaría conformada por 73 asambleístas: 10 elegidos por circunscripción nacional, 57 por circunscripciones provinciales, y 6 por distritos electorales del exterior. En la nueva propuesta se incluye un cuadro con el detalle del número de asambleístas actuales por cada jurisdicción y cómo quedaría numéricamente cada jurisdicción si la propuesta es aprobada en la urnas.
La pregunta también se reformuló. En la primera prupuesta constaba:
«¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?».
Luego de la observación de la Corte, la pregunta se formula de la siguiente manera:
«¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?». El juez constitucional Jorge Benavides será el encargado de preparar el proyecto de dictamen sobre si procede o no la consulta con las modificaciones realizadas por el Ejecutivo. El dictamen deberá ser aprobado por el Pleno de la Corte.

Los otros temas

La Corte dio luz verde a que se consulte sobre la contratación por horas en el sector turístico, pero con la condición de que se trate de la primera relación laboral y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores. También aceptó que la población se pronuncie sobre la obligación del Estado de entregar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas.
Pero excluyó del texto normativo el anexo que proponía reformar el financiamiento estatal a las campañas electorales ya que dicha modificación no constaba ni en la pregunta ni en los considerandos, lo que impedía que el electorado se pronunciara de manera informada sobre ese cambio.

De manera sorpresiva, el Gobierno anunció su decisión de eliminar el subsidio al diésel y destinar esos recursos a atender a población vulnerable, a la producción nacional y al transporte.

Según las autoridades, el subsidio a ese combustible le costó al país 1.100 millones de dólares y en muchos casos eran recursos que se desviaban al contrabando, mineria ilegal y a otros beneficios indebidos.

El Gobierno garantizó que el pasaje no subirá ya que ofreció algunos incentivos para los transportistas:

• Bono de entre 400 y 1.000 dolares mensuales para 23.300 choferes de transporte de pasajeros urbano, inter e intraprovincial.
• Bono de chatarrización de hasta 20.000 dolares y créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9% para la renovación de unidades de transporte.
• Pago de deuda histórica de 80 millones de dólares al transporte de pasajeros.
• Inversión de 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en vías y 23 millones en zonas de descanso y en controles de paso en la red vial estatal.
• Compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.

El Ejecutivo asegura que los recursos que antes se destinaban al subsidio al diésel, ahora se destinarán a 55 mil nuevas familias en situación de vulnerabilidad para que reciban el bono de desarrollo humano; 115 mil adultos mayores recibirán de forma directa la devolución del IVA; y otros 80 millones de dólares se destinarán a la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios.

La medida no convence  

La eliminación del subsidio y las medidas compensatorias no cumplen la expectativas de varios sectores que consideran un golpe a la economía de la población en general. Gremios de transporte en sus diferentes modalidades mantienen reuniones para definir acciones juídicas y otros recursos frente a la decisión del Gobierno.

La Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado lamenta que el Gobierno no haya socializado la eliminación del subsidio ya que les deja en indefensión al sector por la graves implicaciones económicas que acarreará la medida y a todo el pueblo a quien se le tendrá que trasladar el valor final del transporte, según un comunicado del gremio.

El Frente Unitario de Trabajadores afirmó que es una medida antipopular que golpea directamente a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables del país. Para el FUT el costo de transporte se trasladará a los precios de los productos de primera necesidad. En cambio la CONAIE afirmó que ejercerá su derecho a la resistencia.

Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe que recomienda al Pleno continuar con el juicio político en contra del consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, propuesto por el asambleísta oficialista Kevin Gallardo.
Albán es acusado de presunto incumplimiento de funciones, a pesar de que no ejercía el cargo a la fecha de los hechos denunciados.
La legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, manifestó que este juicio político puede sentar un mal precendente ya que no se logró justificar que haya incumplido alguna función. Su criterio fue corroborado en la presentación de las pruebas de cargo y de descargo por los constitucionalistas André Benavides y Gustavo Silva, quienes aseguraron que este juicio vulneraría principios como la seguridad jurídica, la autoridad de cosa juzgada y el debido proceso, por cuanto los hechos que sustentarían el juicio fueron resueltos en su momento por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y, mediante sentencia ejecutoriada, por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre los cuales la Legislatura no tiene competencia.
El informe aprobado por la Comisión señala que la solicitud presentada por Gallardo cumplió con los requisitos formales, que el proceso de sustanciación garantizó el debido proceso y la defensa de ambas partes, y que Albán accedió al cargo sin cumplir con el requisito de no haber sido adherente a una organización política en los últimos cinco años, lo que vicia el acceso al cargo y compromete la legitimidad del ejercicio de sus funciones, comprometiendo valores y deberes constitucionales, generando pérdida de confianza política, según el informe aprobado.
Para la Comisión, se trata de una infracción que afecta de forma directa la independencia, imparcialidad y legalidad del Consejo de Participación Ciudadana.

Siete nuevas preguntas, cuatro para que sean tramitadas vía reforma constitucional y tres como consulta popular, remitió el Presidente de la República, Daniel Noboa, a la Corte Constitucional, según informó la Presidencia de la República.

Este nuevo paquete de preguntas se da luego de que el organismo no admitió en el primer grupo temas como el juicio político a los jueces constitucionales, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la castración química para agresores sexuales. En este nuevo grupo de preguntas Noboa reformula alguno de esos temas.

Las preguntas que se enviaron son:

¿ Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

De acuerdo al procedimiento los jueces en este primer momento de control constitucional deben calificar si la vía a seguir es la que propone el Presidente de la República: referéndum o consulta popular

Permitir la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, habilitar la contratación por horas en el sector turístico, y disminuir el número de asambleístas son los cuatro temas que ya tienen el aval de la Corte Constitucional para que consten en la papeleta de la consulta popular promovida por el Presidente de la República, Daniel Noboa, posiblemente para finales de noviembre.
De estos temas, lo de las bases extranjeras y las organizaciones políticas están avanzadas en su tratamiento. En el primer caso la pregunta y sus anexos pasaron el segundo fitro constitucional y ya está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que ordene la impresión de las papeletas con esa pregunta. En relación al financiamiento estatal a las organizaciones políticas, la pregunta y sus anexos aún están en análisis de la Corte Constitucional para el segundo dictamen.
Además, el organismo constitucional difundió ayer los dictámenes sobre el disminución del número de asambleístas y la contratación por horas en el sector turístico y determinó que sí es posible tratarlos a través de la consulta popular ya que no alteran la estructura del Estado.

No van a consulta

La Corte también se pronunció sobre las propuestas pára eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de enjuiciar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, el establecer casinos y juegos de azar en el país y la castración química para violadores.
Todos estos temas no entrarán a consulta popular ya que los jueces constitucionales identificaron diferentes problemas en sus contenidos.
Para los jueces, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana implica distribuir sus potestades y atribuciones a otras instituciones, lo que altera la estructura de la Constitución por lo que no puede ser tratado como enmienda.
Sobre el juicio político a los magistrados constitucionales, consideran que atenta contra la independencia judicial por lo que afecta la estructura del Estado, ya que al dar paso a esta pregunta la Asamblea tendría influencia directa sobre esa institución.
La castración química no pasó ya que el Presidente de la República no dio los suficientes elementos para determinar que la propuesta permitará combatir los ataques de índole sexual. Y sobre los casinos, el argumento para no calificar la propuesta es que la pregunta contenía tres partes lo que llevaría a la confusión del elector y que los considerandos carecían de claridad y relación directa con la pregunta.

Ecuador logró un importante respaldo de los Estados Unidos, país que accedió a incluir en la lista de organizaciones terroristas extranjeras a las bandas narcodelictivas ecuatorianas «Los Lobos» y «Los Choneros».
Fue parte de los acuerdos logrados tras la visita al país de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien se reunió la mañana de este jueves con el Presidente de la República, Daniel Noboa, en el Palacio de Carondelet.
Rubio informó que la medida le permitirá a su país intervenir los bienes que los integrantes de estos grupos tengan en Estados Unidos y a la vez trabajar de manera conjunta en labores de Inteligencia para intercambiar información vital para detectar las actividades de esos grupos.

Rubio agregó que «Los Lobos» y «Los Choneros» no serán las únicas bandas ecuatorianas en integrar la lista de organizaciones terroristas, ya que se prevé que en los próximos días otros dos grupos delictivos entren en esa categoría, aunque no mencionó de cuáles se trata.
En la lucha contra el crimen organizado y el narcotrafico, los Estados Unidos también se comprometieron a designar a Ecuador 13,5 millones de dólares y seis millones de dólares más para la compra de drones que serán usados por la Armada ecuatoriana. Una medida adicional es actualizar el acuerdo de extradición entre las dos naciones, ya que los parámetros tienen una adenda de más de 150 años, lo cual no responde a la realidad actual explicó la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld. La funcionaria ecuatoriana destacó la serie de acuerdos logrados para combatir no solo a las bandas narcodelictivas, sino también la minería ilegal, el lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas.

«Este gobierno y esta administración está enfrentando a las organizaciones narcoterroristas como nunca antes en la historia y queremos ayudarlos. El presidente Noboa ha hecho muchísimo más en estos dos años para luchar contra los narcoterroristas y combatir los desafíos a la seguridad que cualquier otro gobierno», expresó el diplomático estadounidense.
Sobre la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a contar con una base militar en Ecuador, Rubio dijo que se puede considerar si Ecuador así lo solicita en el marco de la soberanía nacional.

Las organizaciones sociales rechazaron el llamado del Presidente, Daniel Noboa, a una movilización en Guayaquil el mismo día en que estos sectores organizan una marcha nacional en contra de las políticas del Gobierno: el jueves 11 de septiembre.
«Es un acto sin razón que busca enfrentar al pueblo con el pueblo», manifestó Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quien agregó que el gobierno debería poner atención al deterioro de la calidad de vida de los guayaquileños, antes que dedicarse a organizar contramarchas. «Nosotros ratificamos la movilización a nivel nacional de la marcha del 11 de septiembre», expresó Bedoya.
Algunos representantes de las 30 organizaciones que integran el Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno, Seguridad Social, Derechos Humanos y de la Naturaleza y el FUT sostienen que la suya será una movilización que aglutine a aquella ciudadanía que quiere expresarse de manera espontánea en defensa de sus derechos, mientras que la convocada por Noboa reunirá a los servidores públicos que temen perder sus trabajos, a aquellos que van por un sanduche o por unos 20 dólares, sin que sepan porqué se movilizan.

Mariana Narvaez, presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales de Enfermería, considera que el Gobierno quiere confrontación para tapar problemas como la crisis en los sistemas de salud, de educación, la desvinculación de servidores públicos y la inseguridad. Por lo que invitó a todos los sectores que se sumen a la movilización social. «Esto no se trata de banderas políticas, se trata de defender derechos contemplados en la Constitución», dijo la dirigente sindical.
Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, agregó que también está en juego la defensa del agua que estaría en riesgo en Cuenca por la presencia de empresas mineras que han obtenido licencias ambientales para su actividad en Kimsacocha, lo que afectaría el medio ambiente.

Infraestructura escolar en mal estado, migración de miles de estudiantes de la educación particular a la pública por falta de recursos, falta de transparencia en la información de la tabla de pensiones educativas, incumplimiento de los montos de inversión para Educación son algunos de los problemas con los que iniciará desde el lunes el ciclo lectivo 2025-2026, advirtió la mañana de este viernes 29 de agosto, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Según el Ministerio de Educación, desde este 1 de septiembre más de 1.7 millones de estudiantes y 99 mil docentes regresarán a las aulas en más de 6 mil instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía.

Quishpe dijo que es indispensable que la educación sea declara en emergencia ya que, a parte de los problemas señalados, se han sumado otros muy críticos como la violencia en contra de niños y jóvenes que han sido asesinados y la «vacunación» por parte de sectores delictivos a los docentes.

El dirigente señaló que la crisis es estructural, y que para superarla es necesario que el Gobierno entregue los 7 mil millones dólares en el Presupuesto General del Estado para atender las necesidades del sector.

Por su parte el Ministerio de Educación indicó que ha implementado un plan de seguridad integral para garantizar entornos educativos seguros y protegidos, en el que participará el Ministerio de Gobierno, quien a través de las intendencias provinciales, liderará operativos de control y prevención en zonas aledañas a los planteles educativos.

Mientras que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional desplegarán 11.442 uniformados en el perímetro de 4.765 instituciones educativas, con el objetivo de garantizar entornos seguros. Además, se brindará resguardo en 136 centros educativos priorizados, ubicados en Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Napo, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe, Loja, Morona Santiago, Pastaza, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Carchi, Azuay y Cañar.

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. La propuesta tiene el carácter de económico urgente, por lo que deberá ser tratada por la Legislatura en 30 días. Es el quinto proyecto de Ley que Noboa remite bajo ese parámetro desde que asumió el mandato el 24 de mayo de 2025. Las anteriores fueron la de Solidaridad Nacional, la de Integridad Pública, la de Áreas Protegidas, y la de Transparencia Social.
La nueva propuesta de normativa contiene apenas tres artículos, dos disposiciones reformatorias y dos transitorias. Según el documento, el objeto es establecer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), con el fin de garantizar la transparencia en la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, así como fortalecer la institucionalidad y sostenibilidad de su sistema crediticio. Como parte del proyecto, propone reformar la Ley del BIESS y la Ley de Seguridad Social.
Una vez ingresado el documento, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificarlo y remitirlo a una de las Comisiones permanentes. Hasta el momento todos los proyectos económicos urgentes han sido tramitados por la Comisión de Desarrollo Económico.

La Corte Constitucional inició hoy la audiencia sobre 26 demandas acumuladas presentadas en contra de la Ley de Integridad Pública. El juez sustanciador de la causa es José Luis Terán; entre los accionantes se encuentran la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cooperativas de ahorro y crédito, representantes de servidores judiciales, de profesores universitarios, de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), entre otras organizaciones y personas naturales.

Dos de los temas que más fueron observados por los demandantes de la normativa se relacionaron con el carácter económico urgente con que fue presentado, calificado y tramitado el proyecto de Ley; y con el principio de unidad de materia que debe cumplir toda inciativa de Ley.

Andrés Quishpe, Ramiro García, Ricardo Luna, Jaime Arciniega, Marcela Arellano, Damián Armijos, entre otros, cuestionaron que en una misma Ley se hayan reformado normativas tan diferentes como las relacionadas con la niñez y la adolescencia, con la de Movilidad Humana, con la de la Función Judicial, de la Contraloría, de la Legislatura. Y cómo todo ese conjunto de normas reformadas tenían un impacto fiscal, económico.

En defensa de la normativa argumentaron Stalin Andino, de la Presidencia de la República, y Mercedes Mediavilla, por la Asamblea. Coincidieron  en señalar que se cumplen todos los requisitos de fondo y de forma ya que es una Ley con eje transversal para mejorar la administración pública en sus diferentes niveles en beneficio de la ciudadanía.

Los exteriores 

Organizaciones que presentaron las demandas cumplieron un plantón en los exteriores de la Corte Constitucional, como forma de respaldo a los jueces ante los ataques del Gobierno y para exigir que se declare la inconstitucionalidad de la normativa. Estos fueron sus argumentos:

Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador

Nelson Erazo, presidente Frente Popular

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores