13’736.314 electores están habilitados para sufragar este domingo 13 de abril en la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentan en el balotaje el oficialista Daniel Noboa, que busca la reelección, y la candidata de la Revolución Ciudadada, Luisa González.
En el país están registrados 13’279.827 electores, de ellos 6’525.861 son hombres y 6’753.966 mujeres. En el exterior tienen posiblidad de votar 456.487 electores: 215.230 hombres y 241.257 mujeres.
Según el registro electoral, 655.379 electores están entre los 16 y los 18 años de edad, por lo que su voto es facultativo. 11.220.508 ecuatorianos están entre los 18 y los 65 años por lo que su voto es obligatorio. Y hay 1’860.427 personas mayores de 65 años, cuyo voto también es facultativo.
Será una votación cerrada si se toma en cuenta los resultados de la primera vuelta electoral, celebrada el 9 de febrero, donde se registró una diferencia de apenas 16.746 votos, apenas el 0,17% de diferencia. Además, se registraron un 2,16% de votos en blanco y un 6,80% de votos nulos.

MULTAS
47 dólares por no acudir a votar
47 dólares para los miembros de las Juntas Recetoras del Voto que no se hayan capacitado
70,5 dólares para el integrante de la Junta Receptora del Voto que no acuda a cumplir con su deber
Entre 5.170 dólares y 9.400 dólares a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto que abandonen sin justificación la actividad
Entre 9.870 dólares y 32.900 dólares para el que incumpla resoluciones del Consejo Nacional Electoral, como fotografiar el voto
235 dólares por violar la ley seca
235 dólares por realizar proselitismo el día de las elecciones

RECOMENDACIONES
La prohibición del uso del celular es únicamente durante el acto del sufragio. No hay restricciones para llevar los celulares a los recintos.
La jornada electoral iniciará a las 07:00 y concluirá a las 17:00 a escala nacional.
Puede acudir a votar con cédula o pasaporte vigentes o caducados.
No acuda en estado de embriaguez. La ley seca rige hasta las 12:00 del lunes 14 de abril.
Trate de no llevar bolsos o mochilas. La Policía cumplirá controles de seguridad en los ingresos de los recintos electorales.
Puede votar con cualquier color de esfero, ya sea el que usted lleve o el que encontrará en las Juntas Receptoras del Voto.

Voto en casa
El viernes un total de 537 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75% sufragaron en la segunda vuelta a través del programa Voto en casa que cumple el Consejo Nacional Electoral. 880 militares y 320 policías brindaron su apoyo y seguridad a las 174 juntas receptoras del voto móviles que se desplegaron a escala nacional. Los votos se contarán a partir de las 17:00 del domingo cuando concluya la jornada electoral general.

Voto presos sin sentencia
El jueves 10 de abril se cumplió la jornada de votación de los presos sin sentencia condenatoria ejecutoriada. De 5.119 personas habilitadas, sufragaron 1.146 detenidos. Estos votos se contarán públicamente el día de las elecciones generales de segunda vuelta, tras el cierre de la jornada.

La prohibición de usar el celular al momento exclusivo de ejercer el voto este 13 de abril quedó en firme tras la sentencia de la Corte Constitucional. El abogado Washington Andrade presentó una demanda de inconstitucionalidad a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la que prohibe el «uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto”.
La Corte evidenció que la norma impugnada es una medida operativa que no restringe ni limita el derecho al sufragio y que fue dictada por el organismo electoral en ejercicio de su competencia reglamentaria para organizar, dirigir y vigilar de manera transparente los procesos electorales.
En la sentencia, que se aprobó con 8 votos a favor y un voto salvado, se señala que la medida operativa no implica una transgresión a la característica constitucional del voto secreto, ni a la libertad para comunicarlo.
«Más bien constituye una garantía del elector para que se preserve el carácter secreto de su voto; así como una garantía a la integridad del proceso electoral para todas las organizaciones políticas participantes», según el organismo constitucional.
Además, consta que esta prohibición no debe entenderse como un requisito ni como una condición adicional para ejercer el derecho al voto, ni constituir un obstáculo para que el sufragio se ejerza de manera libre y secreta. Por lo que la restricción debe limitarse únicamente a lo estrictamente necesario para garantizar el carácter secreto del voto, esto es, desde el momento en que el elector recibe la papeleta hasta que la deposita en la urna.

Cómo se aplicará

• El secretario de la Junta Receptora del Voto solicita al elector el original de la cédula o pasaporte y verifica que conste en el padrón electoral; si es militar o policía solicita la cédula y credencial para votar y verifica que los datos coincidan.
• El segundo vocal informa al elector que no puede utilizar dispositivos móviles durante el sufragio y le entrega la papeleta de votación para que ejerza su derecho al voto.
• Los miembros de la Junta contralarán que el elector al momento del sufragio no utilice dispositivos móviles, sin invadir el espacio del elector.
•  En caso de que el elector incumpla lo establecido, el secretario de la Junta llenará la boleta de presunto cometimiento de infracción electoral, con los datos del elector que constan en el padrón. La copia le entrega al elector y el original al coordinador de mesa.
• Los coordinadores de mesa entregarán la boleta a la delegación provincial electoral.

Cynthia Gellibert Mora, actual Secretaria General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, fue designada como Vicepresidenta de la República durante la ausencia temporal de Verónica Abad, a quien el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le suspendió por dos años sus derechos de participación política.
El Presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 588 en el que además de la designación de Gellibert, dispone que la Vicepresidencia de la República realice las acciones administrativas necesarias para la movilización o traslados que se requieran para garantizar los derechos de Abad, quien se encuentra en Turquía como consejera económica de Ecuador ante ese país, cumpliendo las disposiciones del Primer Mandatario.
Se dispone también que la seguridad de Abad y de Gellibert, así como de sus cónyuges y familiares, respectivamente, se mantenga y continúe a cargo de Casa Militar Presidencial.
En los considerandos del Decreto consta que producto de la sentencia del TCE, Abad se encuentra temporalmente imposibilitada de ejercer los derechos de participación, entre los cuales se incluye el desempeño de empleos y funciones públicas y la participación en asuntos de interés público, «lo cual constituye una situación impredecible e irresistible por tratarse de una orden judicial legítima de autoridad competente y como tal, una circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función como Vicepresidente de la República».

Abad, la Vicepresidenta inhabilitada para ejercer el cargo

El Ministerio de Trabajo procedió este sábado 29 de marzo a registrar el impedimento para el desempeño del cargo de la Vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y la suspensión de sus derechos de participación por dos años, de acuerdo a la sentencia de última instancia del TCE.
El organismo de justicia electoral sesióno ayer para tramitar el recurso de aclaración que habían presentado los abogados de Abad, con lo que la sentencia quedó en firme. Abad fue sancionada por violencia política de género en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien puso la denuncia ante al TCE, en medio de una pugna política – personal que Abad ha mantenido con el Presidente de la República, Daniel Noboa, y con algunos de sus colaboradores.
La violencia política de genénero consta en el Código de la Democracia como infracción electoral muy grave, que se sanciona con la suspensión de los derechos de participación. Además, la Vicepresidenta debera pagar una multa de 30 salarios básicos (14.000 dólares) y ofrecer una una disculpa pública a Sommerfeld, a través de un medio de comunicación de ámbito nacional.

El caso ‘Ligados’, donde la Fiscalía impulsa una investigación contra tres exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y una consejera en funciones, ha resultado incómodo políticamente a la Revolución Ciudadana.
Según la Fiscalía, los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como la consejera en funciones Nicole Bonifaz, habrían incurrido en el delito de asociación ilícita para tomar el control de la institucionalidad del Estado.
Durante la campaña para su elección, en 2023, los tres exconsejeros se presentaron como parte de la «Liga azul», un grupo de candidatos que recibió el respaldo electoral de la Revolución Ciudadana y particularmente de su líder Rafael Correa, lo que es prohibido por la nomativa electoral en el caso de los aspirantes al CPC.
Cuando ejercían como consejeros, los tres miembros de la «Liga azul», más Bonifaz, habrían usado su cargo para controlar el Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas, según la Fiscalía.
Una de esas instituciones apetecidas por ese movimiento político habría sido la Superintendencia de Bancos, por lo que a través de sus consejeros de la «Liga azul», presionaban para que se designe en ese cargo a Raúl González para el período 2022 – 2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
Como parte de la investigación, el 24 de enero del 2025, tras haber recibido una denuncia, se ejecutó un allanamiento en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana donde se incautaron teléfonos celulares de Verduga. La información extraída de los dispositivos móviles habría revelado la presunta planificación y estrategias ilícitas para para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos, mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias.
El juez de la causa dictó presentación periódica cada quince días y prohibición de salida del país para los cuatro investigados. Además, ordenó la retención de fondos para todos los procesados por el monto de 5.640 dólares, para garantizar el pago de una posible multa.
Los chats difundidos del celular de Verduga demostrarían como operaba la Revolución Ciudadana para captar cargos públicos.

La multa por tomar foto al voto será de entre 9.870 y 32.900 dólares ya que constituirá una infracción electoral muy grave, según lo manifestó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
El organismo electoral aprobó una resolución en la que prohibe el uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto.
Mientras que a partir de las 17:00 y durante toda la jornada de escrutinio la prohibición rige para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para llenar las actas de escrutinio.
La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, y la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos del CNE deberán elaborar el protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición.
La resolución se aprobó con los votos a favor de Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente) y del consejero José Cabrera. Se abstuvo la consejera Elena Nájera.
La medida se tomó luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas presentaron un informe reservado donde aseguran que existen denuncias de que en la primera vuelta presidencial, individuos y grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos políticos, ofreciendo incentivos económicos, como pagos por cada voto, lo que compromete la integridad del proceso electoral.
Según los informes, se ha verificado que diversas organizaciones delictivas manipulan la voluntad popular en Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor y violencia.
De acuerdo a las autoridades electorales, la prohibición para el uso de celulares se activa desde el momento en que el ciudadano entrega su cédula en la Junta Receptora del Voto, hasta que el documento le es devuelto una vez que ha ejercido su derecho al voto. Los miembros de las Juntas no podrán usar el celular mientras dure el proceso de escrutinio. Sin embargo, los miembros de la fuerza pública no podrán decomisar los celulares ni detener a los infractores. Además, las autoridades aclararon que sí se puede ingresar a los recintos con los dispositivos.

«Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial. Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes», es el mensaje que el presidente de la República, Daniel Noboa, publicó la mañana de este 7 de marzo de 2025 en su cuenta X.
Lo hizo al día siguiente de que 22 personas fueron asesinadas en un ataque armado en Socio Vivienda, La Casuarina y Entrada a la 8, distrito Nueva Prosperina, Guayaquil.
Es una de las peores masacres ocurridas en un barrio ecuatoriano. Según la Policía, varias de las personas asesinadas registraban antecedentes penales por robo, tráfico de droga, tenencia y posesión de armas. De manera preliminar el hecho se trataría de un conflicto entre dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones por beneficios de las economías criminales que se disputan en estos sectores.
El hecho violento generó que la Policía organice el operativo denominado “Intervención Nueva Prosperina”, que dejó como resultado la aprehensión de 20 sujetos, quienes pertenecerían al Grupo Armado Organizado «Los Tiguerones», cuatro de ellos son adolescentes y varios indicios vinculantes a estos hechos delictivos.
Durante la intervención se allanaron varios inmuebles en diferentes sectores de Guayaquil, que presuntamente serían habitados por integrantes de ese grupo delictivo. Esto con el fin de combatir las actividades ilícitas realizadas por grupos armados organizados.
Por su parte, a través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pidió a los militares que no les tiemble el pulso. «Hoy nos encontramos en la línea de combate no solo como soldados de tierra, mar y aire, sino como defensores del pueblo ecuatoriano», consta en el texto. Agrega que el enemigo al que enfrentan no tiene honor, no respeta la vida y no conoce la justicia. «No permitiremos que el crimen organizado siga sembrando miedo en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros barrios». El comunicado asegura que lo que está en juego son la seguridad de las familias, el futuro de los hijos y la paz del Ecuador.

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, acudió hoy a la Asamblea para ratificar su pedido de que se fiscalice a funcionarios que, según su criterio, han impedido que ejerza el cargo para el cual fue electa en las urnas como binomio del Presidente Daniel Noboa.

La segunda mandataria acudió al Legislativo al día siguiente de que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, le suspendió por dos años sus derechos de participación política, lo que le impide ejercer cargo público, por violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld.

La vicepresidenta cuestionó la validez de la sentencia al señalar que se actuó sin pruebas;  pero dijo que es un distractor, una cortina de humo para que la ciudadanía se olvide de los problemas que tiene el país y por los que debe responder Noboa.

En este sentido mencionó casos pendientes por resolver como «Las Malvinas», «Petronoboa», «campo Sacha», «chalecos de las Fuerzas Armadas», entre otros. «Eso es lo que los ecuatorianos tenemos que cuestionar, no dejar que nos desvíen la atención con cosas que son importantes pero que ya sabíamos que iban a venir», dijo.

Su abogada, Dominique Dávila, manifestó que si bien la suspensión de derechos políticos consta en el Código de la Democracia, no es aplicable al Presidente y Vicepresidente de la República ya que opera otro tipo de nomativa para sancionarlos.

La sanción

Además de suspenderle los derechos políticos de participación, el juez electoral impuso a Abad una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados (14.100 dólares); que dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de ejecutoriada la sentencia ofrezca disculpas públicas a Sommerfeld mediante una publicación en un diario de amplia circulación a nivel nacional.

Ortega dispuso que la sentencia sea notificada al Ministerio de Trabajo para que establezca el impedimento de ejercer cargo público, y al Consejo Nacional Electoral para que inscriba la suspensión de los derechos de participación de Abad y le excluya del Registro Electoral por el tiempo de dure la sanción impuesta.

ANALISIS

Escrutado el 92,28 % de actas válidas  existe un empate técnico entre el candidato-presidente Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana tras las elecciones presidenciales que se cumplieron ayer a escala nacional. Las narrativas de los candidatos llevaron  a una polarización estigmatizada entre el correismo y el anticorreismo.

Hasta el momento el presidente Daniel Noboa se enmarca como el triunfador de la primera vuelta electoral con un margen mínimo de votos a su favor. Sin embargo, dentro del ambiente político y ciudadano existe una impresión de derrota del actual gobierno; quien a través de la utilización de todos los medios del Estado no configuró una ventaja sobre la candidata opositora, sumando a esto el silencio sepulcral que genera más incertidumbre en el ambiente.

https://x.com/rutainformariva/status/1888948268408701031?s=46

La segunda vuelta se vuelve más complicada para el Primer Mandatario, que para Luisa González que atravesó el techo de votantes en las dos últimas elecciones, permitiendo fragmentar posturas sólidas del anticorreismo, lo que permitiría tener una ventaja sobre Noboa, ya que existe dos aristas importantes que analizar:

• La ciudadanía voto por Noboa, gran parte por el anticorreismo férreo, y otro porcentaje responde electores que buscan darle una nueva oportunidad y buscar nuevos rostros políticos; sin embargo si Noboa no da un giro a su postura confiada y para muchos dictatorial podría quedar al margen en la segunda vuelta electoral, ya que tendrá que conseguir los pocos votos que quedan disponibles con organizaciones políticas que rompió relaciones (PSC, CREO, CONSTRUYE). Quedando solo los votos de Andrea Gonzales del PSP, votos que son resultado del anticorreismo absoluto.

• Por otra parte la Revolución Ciudadana está encabezando el otro polo político en el país; ya que  sobrepasaron un techo de votos que habría sido esquivo en las últimas elecciones, y estarían más cerca de ganar la segunda vuelta, siempre y cuando González busque agregar adhesiones, como las de (IZA, JAIRALA, KRONFLE, RABASCAL, GRANJA), donde la votación se vuelve clave para el próximo ballotaje, donde esos votos serían claves y más fácil negociarlos.

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Pese a que los votos no son endosables, todo depende de las alianzas políticas que se generen para adherir esos votos ya que los líderes de estas organizaciones políticas podrían incidir en la votación final.

Con 4 votos a favor y un voto salvado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó en segunda instancia la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Vielka Párraga (suplente).

Los ahora exconsejeros fueron sancionados por incurrir en una falta electoral muy grave cuando fueron candidatos a ocupar esta dignidad de elección popular en los comicios de febrero del 2023, al presentarse como los candidatos de la «Liga Azul», con clara identificación política con el correísmo y su líder Rafael Correa.

La decisión se tomó con los votos de los jueces electorales Guillermo Ortega (ponente), Ivonne Coloma, Joaquín Viteri Llanga y Ana Abril; el voto salvado (en contra) fue de Richard González. Como parte de la sentencia se ordenó que cada uno de los consejeros destituidos pague una multa equivalente a 31.500 dólares y que se les suspenda los derechos políticos por cuatro años.

Según el fallo, los entonces candidatos de la «Liga Azul» realizaron proselitismo en la campaña para llegar al cargo, lo que está prohibido por la normativa, por lo que no se garantizó la neutralidad que se necesita para ejercer sus funciones.

La denuncia fue presentada por los activistas Pamela Troya y Santiago Bechdach, este último candidato al Parlamento Andino en las elecciones del 9 de febrero de 2025.

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la «Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos», promulgada como Decreto Ley por el Presidente de la República, Daniel Noboa, el 9 de diciembre de 2024.

En su sentencia, el Pleno de la Corte determinó que el Artículo 140 de la Constitución prevé que el trámite para la presentación, discución y aprobación de un proyecto de Ley urgente en materia económica será el ordinario , excepto en los plazos, por lo que la Asamblea está facultada para mocionar y aprobar su archivo durante el primer debate sin que exista una obligación constitucional de agotar un segundo debate en todos los casos.

La Corte considera que se ha constatado que la Asamblea resolvió expresamente negar y archivar el proyecto de Ley, dentro del plazo de 30 días, por lo que Noboa no estaba habilitado para promulgar ni disponer su publicación en el Registro Oficial de la también conocida como «Ley Antipillos», como lo promocionó el propio Gobierno.

La Ley, según la sentencia, tiene un vicio de inconstitucionalidad por la forma que es insubsanable y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. La Corte aclara que se mantiene intacta la potestad constitucional del Presidente de la Repúbica de iniciativa legislativa para presentar un nuevo proyecto de Ley, si así lo estima pertinente.