«Nosotros, la CONAIE, las estructuras populares del Ecuador, no saldremos para una o dos horas, sino hasta tener resultados; como siempre lo hemos hecho», aseguró Leonidas Iza, presidente de la organización indígena, la más grande del Ecuador. Así confirmó que no participará en la jornada de movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), para este jueves en rechazo a la eliminación del subsidio de las gasolinas extra y ecopaís.

La mañana de este 2 de julio, las bases de la CONAIE se concentraron en el emblemático y tradicional parque El Arbolito, para junto a sus dirigentes movilizarse por las principales vías de Quito rumbo a la Asamblea con el objetivo de presentar el proyecto de Ley Orgánico de Consultas y Consentimiento Previo, Libre e Informado, que les permitirá decidir sobre las concesiones para la explotación minera y petrolera en sus territorios.

Organizaciones sociales preparan jornada nacional de movilizaciones

La eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís es solo un punto en el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno, dijo Iza, por lo que exhortó a la Legislatura a fiscalizar el acuerdo con el organismo internacional. «No es solo el subsidio, es todo un paquete empobrecedor para la mayoría del pueblo ecuatorianos”, enfatizó.

Finalmente confirmó que en los próximos días realizarán la asamblea presencial de la CONAIE, con todos los dirigentes de base para definir las nuevas medidas que aplicarán ante la falta de respuesta del Gobierno, sin descartar el inicio de movilizaciones en contra de sus políticas.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana designó a Ricardo Morales como defensor público, a pesar de que su postulación había sido descalificada por la Comisión Ciudadana de Selección porque tenía prohibición de ejercer cargo público.

En su informe, que tenía el carácter de vinculante, la Comisión determinó que el mejor puntuado del concurso fue Jorge Ballesteros por lo que debía ser designado para el cargo. Sin embargo, el pleno del Consejo, con cuatro votos a favor, no aprobó el informe de la Comisión ya que Ballesteros había sido descalificado por el Pleno, resolución que no fue tomada en cuenta por la Comisión.

Basados en un informe del área jurídica del organismo, los consejeros de mayoría habilitaron a Morales con lo que pasó a ser el postulante mejor puntuado que superó todas etapas del concurso público de oposición y méritos, con veeduría e impugnación ciudadana.

La resolución fue aprobada con el voto favorable del presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Mishelle Calvache y los consejeros Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas; se abstuvo el consejero Gonzalo Albán, quien reemplaza al consejero Augusto Verduga por una licencia; mientras las consejeras Nicole Bonifaz y Yadira Saltos no asistieron a la sesión.

En una resolucion previa, del 5 de junio, el Pleno aceptó la renuncia de Rodrigo Frías Toral; descalificó a Byron Guillen Zambrano, Jorge Ballesteros Ballesteros e Inés Romero Estévez (al evidenciarse una transgresión del principio de probidad); y, en cuanto al postulante Wilson Guillermo Ortega Caicedo se detectó una inhabilidad por ser juez electoral.

El Informe Jurídico precisó que Morales Vela, quien alcanzó el puntaje de 76,66/100, no presenta inhabilidades ni impedimentos para ser designado.

El Pleno también resolvió remitir las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección a la Fiscalía General del Estado, con el fin de que esta entidad, en ejercicio de sus competencias, investigue si los integrantes de la referida Comisión incurrieron o no en alguno de los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. De igual modo, requerir a la Contraloría General del Estado que realice un examen especial de este concurso.

El Consejo notificará a la Asamblea para que proceda con la posesión de Ricardo Morales como nueva autoridad de la Defensoría Pública.

La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) rechazó la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís y el consecuente incremento de sus precios, desde las 00:00 de este 28 de junio 00:00, según lo dispuesto por el Ejecutivo mediante Decreto Ejecutivo 308.

Organizaciones sociales preparan jornada nacional de movilizaciones

Gary Espinoza, presidente de la organización, no descartó mantener conversaciones con diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas para sumarse este 4 de julio a la movilización anunciada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la UNE en contra de la medida del Gobierno.

“El aumento del precio de los combustibles sería la aplicación de los acuerdos alcanzados en la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a los más de 4 mil millones dólares como préstamo”, aseguró Espinoza.

Añadió que bajo esas condiciones no existiría ningún subsidio a los combustibles, ya que se destinarían 3.200 mil millones de dólares al año, de los cuales se derivaría para el diésel y gas, sin que exista un subsidio a las gasolinas para nivelar los precios de los combustibles a nivel internacional y privatizar el negocio de los combustibles para que sean manejados por los grupos económicos, principalmente los afines al grupo Noboa.

Maestros anuncian movilizaciones en contra del Gobierno desde el 4 de julio

Indicó que el Gobierno no ha cumplido con las promesas de campaña donde habría ofrecido que no iba a subir los combustibles, repotenciar las refinerías, creación de empleo; sin que se haya concretado ninguna de sus ofertas, por lo que advirtió al Presidente Daniel Noboa que no “juegue con fuego” ya que están organizándose para responder en las calles.

Sobre las medidas de compensación, aseguró que es un error del Gobierno entregar solamente al sector del transporte público, pues sería una estrategia para evitar que estos gremios se sumen a posibles acciones. Sin embargo, aseguró que no todos los sectores del transporte están conformes, por lo que en los próximos días mantendrá una reunión con otros dirigentes de ese sector que no han sido tomados en cuenta en estas compensaciones.

“Daniel Noboa está jugando con fuego ya que las medidas afectan a las comunas que están siendo abandonadas debido a la falta de atención y al incumplimiento de sus propuestas de campaña”, enfatizó Luz Montero, dirigente de base de la FENOCIN.

20 testigos y dos peritos ha presentado la Fiscalía en los dos días de la audiencia de juicio que se cumple en el Complejo Judicial Norte por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicenio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.

Son cinco los procesados que fueron llamados a juicio. En el arranque del juicio la Fiscalía individualizó la participación de cada uno de ellos en el magnicidio:

Carlos A. L., señalado como autor mediato, habría dado la orden al gatillero para asesinar a la víctima. Lo hizo vía celular desde el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, donde cumple una sentencia condenatoria por otro delito. Esto se conoció al extraer la información del celular del gatillero que perdió la vida después de haber cometido el crimen, a lo que se suman otros elementos de convicción.

Laura C. V. –coautora–, líder de una de las facciones de “Los Lobos”. Participó en la planificación del atentado, a través de una videollamada con Carlos A., y se encargó de la logística: proporcionó al grupo de sicarios vehículos, dinero, armas, camisetas del partido de la víctima y gorras.

Érick Marcelo R. P., quien también se encargó de la logística y participó en la reunión de planificación del atentado, condujo una de las motos que escoltaba a Laura e hizo el reconocimiento del lugar aledaño al coliseo, la noche previa al asesinato. En su celular se encontraron fotos de armas, de él cargando armas y una foto de la matrícula de la moto que fue abandonada cerca del coliseo, el día del asesinato.

Víctor Alfonso F. también participó en la logística y planificación del crimen, y era el conductor de la segunda moto que escoltaba al vehículo que transportaba a Laura. En su teléfono se encontraron las fotos de tres de los ciudadanos colombianos (+), de las armas y granadas halladas el día del allanamiento el Monjas. Las pericias determinaron que este armamento es el mismo que usaron en el ataque al candidato.

Alexandra Elízabeth Ch. F. se encontraba en el interior del coliseo en el mitin político para comunicar al grupo el momento exacto en el que Fernando Villavicencio salía del lugar. Es decir, actuó como “campanera”, lo que –a decir de la Fiscal– “dio luz verde”, señalando que era el término que utilizaba la organización delincuencial.

Hasta el momento los testigos presentados por la Fiscalía son miembros de la Policía que participaron en los operativos para ubicar a los responsables del crimen del candidato, realizaron el levantamiento del cadáver, la autopsia, entre otras actividades.

El juicio continuará del 1 al 5 de julio en horario extendido, según informó el Tribunal que lleva el caso.

El presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 306, con el que oficializó el sistema de compensación al sector de la transportación, cuando entre en vigencia la eliminación gradual de los subsidios a la gasolinas extra y ecopaís, previsto para el mes de julio.

El decreto emitido este martes 25 de junio prioriza los acuerdos alcanzados con los dirigentes de los transportistas y el monto será definido al multiplicar la diferencia entre el precio por galón base de USD 2,465 y el precio de venta al público que comunique mensualmente el Ministerio de Energía y Minas.

Además el monto en galones de consumo mensual referencial para cada tipo de transporte sería el siguiente:

* Taxi convencional y taxi ejecutivo – 156 galones
* Transporte de carga liviana y mixta – 145 galones
* Comercial tricimoto/mototaxi -90 galones.

El mecanismo consiste en una transferencia monetaria a los propietarios de más de 84.000 unidades de transporte de pasajeros (taxis convencional y ejecutivo), transporte de carga liviana y mixta (camionetas comunitarias) y tricimotos/mototaxis regularizados, que están siendo parte de un proceso de registro mediante la plataforma disponible en el ministerio de Transporte.

Desde condenar y rechazar las declaraciones sobre otros mandatario que dio el presidente de la República, Daniel Noboa, en el The New Yorker; hasta la creación de una comisión especializada que investigue presuntas irregularidades en la función pública, fueron las resoluciones aprobadas en la Asamblea por la nueva mayoría que reúne a la Revolución Ciudadana, al PSC y a Construye.

La mañana de este 20 de junio, Blasco Luna, legislador por la Revolución Ciudadana, presentó una moción para conocer y resolver sobre las declaraciones emitidas por el Primer Mandatario en el The New Yorker. Luna calificó como una vergüenza las declaraciones que habría emitido Noboa en contra de otros jefes de Estado.

Esta moción contó con 77 votos de respaldo y se incorporó como segundo punto del orden del día.

Luna y Vicente Taiano, jefe del bloque del PSC, manifestaron que «aquí no les tenemos miedo, ni rabo de paja». Los legisladores cuestionaron las acusaciones emitidas por Valentina Centeno (ADN), quien aseguró que la nueva mayoría legislativa busca «declarar la incapacidad mental» de Noboa, y así lograr su destitución del cargo.

La resolución se aprobó con 86 votos afirmativos y 35 negativos. Incluye:

Art. 1.- Rechazar y condenar enérgicamente, como ente máximo de representación del pueblo ecuatoriano, las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones emitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en contra de los Presidentes: Nayib Bukele, Presidente de Él Salvador; Gustavo Petro, Presidente de Colombia; Gabriel Boric, Presidente de Chile y Javier Milei, Presidente Argentina; publicadas en la revista The New Yorker en reportaje de 17 de junio de 2024 por el periodista Jon Lee Anderson, lo que constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador, y una afrenta directa contra dichos mandatarios y los pueblos hermanos que representan, que generan potenciales afectaciones a las relaciones bilaterales, comerciales y de amistad que nos unen con los países y pueblos hermanos antes mencionados; y, señalar que las mismas no corresponden al sentir de los ecuatorianos.

Art. 2. Exhortar al Presidente Constitucional de la República, que se abstenga de emitir criterios personales y se ciña a su condición de primer mandatario, que le obliga dar declaraciones de manera prudente y responsable, en procura de mantener las relaciones internacionales armoniosas y de respeto absoluto a los estados hermanos.

Art. 3.- Extender disculpas públicas a los señores: Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia, Gabriel Boric, Presidente de la República de Chile y Javier Milei, Presidente de la República Argentina, y por su digno intermedio a los pueblos hermanos de estos países, ante las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones publicadas en la revista The New Yorker en reportaje del 17 de junio de 2024 por el periodista Jon Lee Anderson, por constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador frente a países y pueblos hermanos como lo son: El Salvador, Argentina, Colombia y Chile.

Art. 3.- Disponer y autorizar al Presidente de la Asamblea Nacional, para que en representación de la misma envíe atentas comunicaciones individuales a cada uno de los Presidentes: Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia, Gabriel Boric, Presidente de la República de Chile y Javier Milei, Presidente de la República Argentina, expresando las disculpas públicas contenidas en el artículo 3 de la presente resolución.

Comisión Especializada para investigar presuntas irregularidades en la función pública del gobierno.

El Pleno de la Asamblea con 90 votos a favor, aprobó la conformación de una Comisión Ocasional Especializada que investigue presuntas irregularidades y corrupción en la administración pública del Gobierno Daniel Noboa. Además, esta mesa legislativa deberá presentar un informe no vinculante sobre los resultados de la investigación en un plazo máximo de 30 días, y podrá prorrogarse por el mismo plazo previo aprobación del CAL.

Esta Comisión estará conformada por:

Jaime Moreno (Construye)
Mariana Yumbay (Pachakutik)
Geovanny Benítez (PSC)
Blasco Luna (correísmo)
Nicole Saca (ADN)

La Procuraduría General del Estado se abstuvo de absolver la consulta realizada por el Presidente de la República, Daniel Noboa, de si debe pedir licencia para hacer campaña para su reelección en los comicios de 2025.

El organismo asegura que se encuentra impedida de pronunciarse respecto de la consulta planteada ya que carece de competencia para hacerlo, y porque podría implicar una intromisión en el ejercicio de competencias inherentes a los órganos de la Función Electoral, tomando en cuenta que el país se encuentra en periodo electoral; y, por lo tanto, todas las autoridades y funcionarios ajenos a dicha Función tienen prohibido interferir en las actividades propias de la referida Función, pudiendo incurrir en conductas incluso sancionadas penalmente.

La Procuraduría asegura que es facultad privativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) promover la transparencia, eficiencia y autonomía de las elecciones y reglamentar los procesos electorales. «Cualquier actuación de otra entidad pública que se ejecute una vez iniciado un período electoral y que vulnere tal competencia no solo sería ilegítima, sino que también podría representar una intromisión de un proceso electoral, lo cual naturalmente incidiría en su integridad y transparencia» consta en la contestación difundida esta tarde.

Añade que al Procurador General del Estado le corresponde absolver las consultas jurídicas con carácter vinculante sobre la inteligencia o aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico, a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público, excepto en los casos en los que aquello corresponda a otras autoridades.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) busca conformar un frente común con organizaciones sociales, campesinas e indígenas para movilizarse este 4 de julio en todas las provincias en contra del incremento del precio de los combustibles.

En una rueda de prensa realizada este 19 de junio en Quito, el presidente de turno del FUT, José Villavicencio, junto a otros dirigentes sindicales, rechazó el anuncio realizado ayer por el Gobierno sobre el incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís.

El dirigente sindical resaltó que las políticas de este Gobierno “siguen siendo las del Fondo Monetario Internacional” y la de los últimos tres gobiernos. Aseguró que el presidente de la República, Daniel Noboa, buscaría engañar a la ciudadanía con el pretexto de una estabilización de la economía pero que en la realidad la medida “no es únicamente el incremento de 0,26 centavos por galón de esos combustibles, sino su intención es llegar al precio de 4, 69 USD”.

Precios de gasolinas extra y ecopaís se incrementarán desde fines de este mes

Manifestó que esta medida es regresiva ya que afectará a los sectores pobres y medios del país. “Este incremento llevará a una elevación del precio de los productos y se incrementará la inflación, además del alto costo de vida”, dijo.

Ratificó que vienen manteniendo conversaciones con varios sectores como la CONAIE, a fin de unir a las organizaciones en estas acciones de protesta, a pesar de estar en un período pre electoral. Espera que Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, se sume a estas acciones de protesta fuera de la actividad política ya que es una lucha del pueblo, a pesar de que el Gobierno acuse de proselitismo político.

Marcela Arellano, dirigente sindical, rechazó este incremento y lo consideró como un ataque al bolsillo de los ecuatorianos que terminarán más empobrecidos. Dijo que preocupa que el Gobierno no toma acciones por cobrar los impuestos a los grandes grupos económicos que no pagan impuestos y se siguen enriqueciendo.

La movilización prevista para el próximo 4 de julio será a nivel nacional, añadió Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), quien ratificó que la movilización conjunta será el inicio de una serie de acciones.

El precio de las gasolinas extra y ecopaís tendrán un incremento de 0,26 centavos por galón a partir de la última semana de este mes, informaron las autoridades de Gobierno.  Funcionarios del Ministerio de Economía, de Transporte, de Inclusión Económica y Social, y de Gobierno brindaron esta tarde una rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet,  en la que presentaron el mecanismo de compensación frente a la eliminacion de los subsidios de esos derivados de combustibles.

Las autoridades informaron que se trabaja en la puesta en marcha de mecanismos que protejan a los usuarios de transporte de pasajeros y mercancías con el objetivo de que se mantengan las tarifas en esas modalidades de transporte.

El propósito es implementar un sistema de bandas que se ajustará mensualmente, según el precio internacional del petróleo. Las autoridades dijeron que el incremento de los precios no afectará a taxis convencionales, ejecutivos, camionetas de carga, ni tricimotos que ofrecen el servicio de transporte público ya que recibirán una compensación directa a través de sus cuentas bancarias.

El Gobierno asumirá la diferencia de lo que cuesta cada galón para más de 84.000 unidades de taxis, camionetas comunitarias y tricimotos regularizados. Ellos deberán registrarse en la plataforma que estará habilitada en la página web del Ministerio de Transporte, ingresar y llenar datos principales como: número de cédula, código dactilar o con el RUC. Automáticamente, la información se desplegará y podrá continuar con el proceso de registro.
Además, deberá contar con un correo electrónico en el cual le llegará el código de verificación. El requisito principal es tener el certificado bancario digital listo en formato PDF, para que el recurso sea acreditado en la cuenta del beneficiario de manera mensual.
Estas transferencias serán anticipadas para que los transportistas no tengan que cubrir con su dinero el costo real del combustible y a su vez esto no afecte a la ciudadanía.
La entrega de la transferencia monetaria estará a cargo del MIES, para ello será el Ministerio de Transporte que entregará el listado final de beneficiarios.

Que el presidente de la República, Daniel Noboa, se haga cargo del conflicto personal que mantiene con su vicepresidenta, Verónica Abad, es el mensaje que dio la Asamblea al negar la autorización para enjuiciar penalmente a la segunda mandataria.

El viernes la Legislatura trató la solicitud remitida por la Corte Nacional de Justicia ante la intención de Fiscalía de vincular a Abad al caso Nene, donde se investiga el presunto delito de concusión. La autorización fue negada con 75 votos de las bancadas Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Construye.

Esto generó un cruce de acusaciones entre esas bandadas y el oficialismo, que se aleja más y más de sus exaliados. En un comunicado la bancada oficialista de ADN interpreta esa votación como un «pacto político corrupto en el que prevalecen la impunidad y los intereses partidistas sobre la justicia y la dignidad del país»:

La bancada socialcristiana repondío en los siguientes términos: «No nos prestamos para votar por la impunidad ni tampoco por la persecución», consta en un comunicado de ese sector. Además recuerdan que el pedido no tuvo un informe de respaldo de la denuncia ni fue fundamentado, ya que la documentación de la Corte tenía el carácter de reservada, por lo que no se leyó ni en el Pleno de la Asamblea en la sesión donde se trató la solicitud:

Por su parte Construye considera que Abad deberá ser investigada una vez concluya su mandato por lo que el Gobierno debe resolver su conflicto interno y dedicarse a resolver los problemas del país. La organización considera que Noboa quiere «deshacerse» de la vicepresidenta que él mismo eligió:

En cambio la bancada de la Revolución Ciudadana  le pide a Noboa que si hay diferencias entre él y su vicepresidenta, estas deben resolverse internamente y no intentar usar a la Asamblea para sus «protervos intereses». «Usar el poder político para resolver problemas internos es corrupción», consta en el comunicado del correísmo, con lo que justifican su votación negando la autorización para el juicio penal a Abad: