La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea dejó listo el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil que unifica en un solo cuerpo legal la Codificación de la Ley de Aviación Civil y la Codificación del Código Aeronáutico, ambas de 2007; separa funcionalmente la rectoría de la política aeronáutica de la autoridad técnica de la Dirección General de Aviación Civil; y concierta el ordenamiento interno con los Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional en materia de seguridad operacional, facilitación del transporte, seguridad de la aviación, búsqueda y salvamento, e investigación de accidentes.

La actividad aeronáutica civil ecuatoriana se rige actualmente por dos cuerpos normativos independientes, la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico, ambos codificados en el Registro Oficial Suplemento No. 435 de 11 de enero de 2007. Desde entonces no han sido objeto de una actualización estructural de fondo, salvo reformas puntuales, entre ellas la relativa a la Junta Investigadora de Accidentes en el año 2019.

La Comisión asegura que esta dispersión normativa, sumada a la desactualización de sus instituciones frente a la dinámica actual del transporte aéreo, ha sido advertida por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en las auditorías del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) y del Programa Universal de Auditoría de la Seguridad de la Aviación (USAP).

Ambas calificaron al Ecuador, en 2023, con resultados insatisfactorios en aspectos relativos a la insuficiencia de atribuciones de vigilancia y control, a la ausencia de un régimen sancionador aplicable a los proveedores de servicios aeroportuarios, a la falta de incorporación, en la legislación nacional, de la disposición del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, entre otros.

El proyecto permite que los servicios aéreos comerciales dentro del territorio ecuatoriano sean explotados no solo por personas naturales y jurídicas nacionales, sino también por personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el Ecuador que cuenten con las autorizaciones correspondientes, y modifica así el esquema vigente que reserva el servicio doméstico a operadores nacionales.

Sustituye la clasificación vigente de “contravenciones de primera, segunda y tercera clase” por un régimen de infracciones leves, graves y muy graves, con sanciones expresadas en salarios básicos unificados en lugar de montos fijos en dólares, y amplía el universo de sujetos sancionables a los proveedores de servicios y operadores de aeronaves no tripuladas.

El proyecto incorpora, por primera vez en la legislación aeronáutica ecuatoriana, un capítulo dedicado a las aeronaves no tripuladas, que atribuye a la Dirección General de Aviación Civil el registro, la autorización, el control y la fiscalización de su uso y operación, sujeta su inscripción al Registro Aeronáutico Nacional y ordena la coordinación institucional con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Servicio Nacional de Aduana para su ingreso y operación en el territorio nacional.

Está previsto que este informe se conozca en segundo y definitivo debate el jueves en el Pleno.

Con 85 votos a favor y 48 en contra, el Pleno de la Asamblea, de mayoría oficialista, dispuso que la Comisión de Justicia, afín al Gobierno, sea la que fiscalice la resolución del Consejo de la Judicatura del 7 de septiembre de 2026, mediante la cual se eliminaron las unidades judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) manifestó que es la Comisión de Justicia la que por competencia está llamada a llevar ese proceso, ya que la Ley de la Función Legislativa establece que conocerá asuntos e iniciativas legislativas en el ámbito jurisdiccional en todas las materias y aquellas leyes e iniciativas sobre asuntos propios de las distintas funciones y entidades del Estado.

Esto a pesar de que horas antes de la decisión del Pleno, la Comisión de Garantías Constitucionales, integrada en su totalidad por asambleístas de la Revolución Ciudadana había dispuesto e iniciado la fiscalización de la resolución de la Judicatura.

Incluso convocó a la presidenta de ese organismo, Mercedes Caicedo, para que exponga los motivos y sustentos técnicos que justifiquen la eliminación de esas unidades especializadas. Sin embargo, Caicedo no se presentó ante esa mesa legislativa.

Una vez concluida la fiscalización, la Comisión de Justicia deberá presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe con las conclusiones, observaciones y recomendaciones correspondientes.

Verónica Íñiguez (RC), presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, cuestionó que sea el oficialismo el que se encargue de la fiscalización, ya que lo único que busca ADN es evitar que la ciudadanía conozca la verdad y promover la impunidad, dijo.

Por su parte la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), evitó pronunciarse sobre la decisión de la Judicatura, ya que aseguró respetar la independencia de funciones. Mancheno agregó que la Asamblea deberá adecuar la normativa existente y los proyectos de ley a la resoluciòn de la Judicatura, lo que fue criticado por la oposición, que le pidió que haga respetar la institucionalidad de la Asamblea.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en ocho provincias y en tres cantones del paìs; y el toque de queda en cuatro de esas provincias.

Según el Decreto 498, expedido este 15 de septiembre de 2026, el estado de excepción se dicta por grave conmoción interna en las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas; así como en los cantones Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Las Naves, Bolívar; y La Maná, en Cotopaxi. El estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días.

Mientras que el toque de queda se aplicará en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, desde el 17 hasta el 30 de septiembre de 2026, entre las 00h00 y las 05h00.

En las provincias y cantones que abarca el estado de excepción, se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio permitirá  al Bloque de Seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, ejecutar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de que en el interior de un inmueble se encuentren integrantes de grupos armados organizados o estructuras de delincuencia organizada; se oculten armas, municiones, explosivos, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, instrumentos u otros objetos cuya tenencia o utilización constituya una infracción penal; o, cuando el allanamiento resulte necesario para prevenir, mitigar o neutralizar amenazas en curso o inminentes y asegurar indicios o evidencias para su posterior judicialización, según consta en el Decreto.

La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia permitirá la identificación,
análisis, recopilación de información pertinente e indispensable para prevenir o neutralizar
amenazas, aplicándola de manera excepcional y de forma individualizada, sin exceder los objetivos del estado de excepción, requiriéndose por cada intervención, un informe motivado del órgano competente que identifique la información requerida y exponga las razones que justifican el acceso, priorizando, siempre que sea posible, los mecanismos previstos en el régimen ordinario, conforme a la normativa aplicable.

Noboa dispuso el empleo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la Policía Nacional
en las provincias y cantones que constan en el Decreto con el objeto de restablecer y mantener el orden público, fortalecer la protección interna y garantizar la seguridad
ciudadana, así como prevenir, contrarrestar, reducir y neutralizar las actividades criminales,
violentas o delictivas que afecten el ejercicio de los derechos, libertades y garantías de la
población.

El presidente de la República, Daniel Noboa, recibió hoy en el Palacio de Gobierno al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para concretar acuerdos bilaterales en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la seguridad en América Latina.

En materia de seguridad y lucha contra el narcoterrorismo, Estados Unidos designó a “Los Tiguerones” como una organización terrorista extranjera, la cual se añade a las bandas narcoterroristas que ya estaban dentro de esta lista. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima. No tenemos mejor aliado en la región, en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional. Estábamos acostumbrados a redes que operaban en un territorio nacional, ahora lo que vemos es una red de grupos terroristas, que están atacando país tras país y que están amenazando el Estado, la seguridad. Y para tratar con una amenaza transnacional hace falta una coalición de países”, expresó Rubio.

El funcionario aseguró que solicitará al Congreso de su país que asigne a Ecuador 45 millones de dólares para lucha antinarcóticos y que 10 millones están destinados al combate de la minería ilegal.

En materia de extradiciones, se entregó un texto de esta propuesta que amplía el marco de los delitos extraditables: crimen organizado transnacional, terrorismo, corrupción y delitos fiscales. Se espera la firma de este nuevo tratado para reafirmar el compromiso de la lucha contra la impunidad.

En lo logístico se espera la donación de un tercer buque, el cual permitirá a la Armada del Ecuador realizar controles más efectivos contra el narcotráfico, luego se entregaràn cinco buques adicionales para una total de 12, dijo Rubio.

“Ecuador se posiciona hoy como un socio estratégico, confiable, que abre puertas al comercio hemisférico en distintos sectores; para poder trabajar en conjunto con los Estados Unidos. Esta no es sólo una alianza diplomática, no es a corto plazo, nuestra relación con Estados Unidos la ambicionamos a largo plazo, porque nuestras naciones van más allá de una coyuntura política, se nutren de valores democráticos compartidos”, dijo el canciller Roberto Kury.

El presidente Daniel Noboa entregó a Rubio la condecoración de la Orden Nacional “Al Mérito” en el grado de Gran Cruz como reconocimiento a su gestión y apoyo al Ecuador en el progreso de la agenda bilateral.

«Desde el lado de Ecuador hemos logrado trabajar en conjunto con los Estados Unidos para darle más paz, más salud y más libertad a todo el continente. Secretario Rubio, ha llevado un liderazgo importante y diferente buscando mejorar la vida de los pueblos, buscando darle seguridad. Estoy honrado de tenerlo en el país”, expresó Noboa.

Con 14 votos a favor y seis en contra, el Concejo Matropolitano de Quito aprobó la ordenanza que permite el incremento del pasaje de transporte urbano de 35 centavos de dólar a 40 centavos de dólar a partir del 1 de enero de 2027.

Votaron a favor de la aprobación de la ordenanza Adrian Ibarra, Cristina Lopez, Darío Cahueñas, Diana Cruz, Diego Garrido, Emilio Uzcátegui, Estefanía Grunauer, Fernanda Guillén, Fernanda Racines, Gabriel Noroña, Héctor Cueva, Joselyn Mayorga, Mónica Proaño y Pabel Muñoz (alcalde) de la bancada correísta y aliados.

En contra se pronunciaron los concejales de oposición Analía Ledesma, Andrés Campaña, Bernardo Abad, Blanca Paucar,  Michael Aulestia, Fidel Chamba. Ellos, junto a ciudadanos que ocuparon la figura de «Silla vacía», cuestionaron la propuesta y pidieron archivar el proyecto de ordenanza. Estuvieron ausentes de la sesión extraordinaria Juan Báez y Sandra Hidalgo.

Según la información municipal, la ordenanza permite “controlar y mejorar la calidad” del servicio de transporte público ya que condiciona la modificación de la tarifa al cumplimiento de estándares de calidad y tecnología por parte de los transportistas.

“Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, dijo Muñoz.

Las condiciones que deben cumplir los transportistas para concretar el incremento de las tartifas implican la presentación de descargos mensuales notarizados, que permitan determinar cuáles fueron las unidades que efectivamente prestaron el servicio durante cada mes.

La entrega de recursos también quedó condicionada al cumplimiento de los hitos de gestión establecidos en la normativa. Otro de los requisitos es la instalación de sistemas y equipos, mientras estos no sean implementados, los propietarios de las unidades no podrán recibir la compensación con recursos municipales.

La ordenanza incorporó además un requisito que se exigirá por primera vez: la presentación del certificado de no adeudar al Municipio de Quito. Esto implica que los transportistas que mantengan pendientes contribuciones, impuestos u otras obligaciones tributarias municipales no podrán acceder a la compensación.

Asimismo, quienes hayan cometido multas e infracciones relacionadas con una conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), deberán cumplir con sus obligaciones para poder acceder a los recursos establecidos.

El acceso a la compensación quedó condicionado a varios requisitos: unidades efectivamente operativas, descargos mensuales notarizados, cumplimiento de hitos de gestión, instalación de sistemas y equipos, estar al día con el Municipio y cumplir las obligaciones derivadas de sanciones.

Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que establece cambios en esa actividad a escala nacional y regula nuevas modalidades de movilidad como los «delivery», las motos eléctricas y los escúter.

La asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se trabajó el proyecto de ley, dijo que el objetivo es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la protección de la vida y la seguridad vial, y la modernización de los sistemas de tránsito. “La seguridad vial es una política de Estado, no puede estar distanciada de la seguridad ciudadana ni tampoco puede ser un negocio y de  puertas abiertas para el crimen organizado”, enfatizó.

El proyecto fortalece la competencia de la Policía Nacional para el control del tránsito en la Red Vial Estatal, establece controles integrados de tránsito, transporte y seguridad en zonas fronterizas, permite la intervención frente a anomalías en la gestión de tránsito de los gobiernos seccionales, pone fin al incentivo económico de los fotorradares, facilita que personas y empresas puedan movilizar sus propios bienes o personas directamente vinculadas con su actividad económica, entre otros aspectos.

Entre las nuevas incorporaciones legales consta la regularización del servicio de «delivery», estableciendo reglas de registro, identificación, operación y seguridad para una actividad económica que ha crecido significativamente.

La reforma incorpora esta modalidad dentro del sistema formal de transporte y movilidad, estableciendo responsabilidades para su operación. Permite además contar con mayor información e identificación de quienes desarrollan esta actividad. En este mismo ámbito establece condiciones como casco homologado, elementos reflectivos, identificación visible y requisitos técnicos para los implementos utilizados durante las entregas.

Incorpora reglas para motocicletas, ciclomotores, triciclos, tricimotos, cuadrones y cuadriciclos eléctricos, atendiendo modalidades que actualmente presentan vacíos regulatorios. Se busca establecer condiciones claras para su identificación, circulación y utilización dentro del sistema vial. La regulación responde al crecimiento de nuevas formas de movilidad que requieren reglas diferenciadas según sus características.

Además, regula vehículos de movilidad personal y nuevas alternativas de desplazamiento urbano, estableciendo condiciones de circulación y seguridad, con protección preferente del peatón y de los usuarios vulnerables. La reforma busca ordenar la convivencia entre peatones, bicicletas, vehículos de movilidad personal y automotores. Se prioriza la seguridad de quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a un siniestro de tránsito.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió al Gobierno que declare al sistema educativo en emergencia debido a la crisis de seguridad, por los efectos del Fenómeno de El Niño, la falta de inversión en infraestructura y otros factores.

Este martes en la Sierra y Amazonía iniciará el año lectivo 2026-2027 y los dirigentes advirtieron las condiciones en que se encuentra en el sistema fiscal.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, informó que según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 328 instituciones educativas, más de 39.000 estudiantes y cerca de 3.000 docentes se encuentran en zonas de riesgo frente al fenómeno de El Niño en la Sierra y Amazonía, por lo que se hace necesario que se adopten medidas preventivas y planes de contingencia que garanticen la continuidad educativa.

En cuanto a seguridad, Quishpe citó un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos en los que advierte a sus ciudadanos que eviten visitar ocho provincias del país por el alto nivel de violencia que registran.

Según el dirigente, más allá de la afectación turística que puede acarrear está alerta de los Estados Unidos, estás provincias concentran 8.091 establecimientos educativos, más de 2,58 millones de estudiantes y más de 121.000 docentes.

Indicó también que entre enero de 2025 y julio de 2026, 13 docentes fueron asesinados, mientras persisten amenazas, extorsiones y otros hechos violentos contra maestros e instituciones educativas.

El gremio alertó además sobre la reducción sostenida de la matrícula. En la última década, el sistema educativo nacional registra una caída del 15%, equivalente a 688.932 estudiantes menos. La disminución alcanza el 21% en Educación Inicial, 14% en Educación General Básica y 11% en Bachillerato.

Por su parte la presidenta de la UNE en Pichincha, Dora Morocho, manifestó que las instituciones ya no cuentan ni siquiera con conserjes y personal de limpieza, labor que les toca asumir a los padres de familia.

Denunció el incumplimientos que afecta a miles de docentes: la aplicación de la Transitoria 74 para más de 11.000 maestros con más de 25 años de servicio; el pago de la equiparación salarial del Grupo 8; la regularización de la mora patronal; la entrega de nombramientos definitivos a más de 49.000 docentes a contrato; el respeto a la jornada laboral; la reducción de la sobrecarga administrativa; la sectorización sin filtros y la convocatoria a procesos de ascenso y recategorización automática.

El Gobierno ya no necesitará recurrir a los estados de excepción para disponer que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las labores operativas de lucha contra la delincuencia.

Con la aprobación del proyecto de ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, podrá hacerlo a través de un decreto.

La propuesta de normativa fue aprobada hoy por el Pleno de la Asamblea con 83 votos a favor, de la bancada oficialista y sus aliados, y deberá ser puesta en conocimiento del presidente de la República, Daniel Noboa, para su aprobación o para que lo vete.

Este proyecto de ley nace de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución aprobada en referéndum del 21 de abril de 2024. La reforma dice que la coordinación entre instituciones se enfocará en delitos como el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación, delincuencia organizada y situaciones de grave desorden en las cárceles.

El procedimiento para la activación del apoyo e intervención complementaria y subsidiaria se articula en cinco etapas:

1. Solicitud motivada del Comandante General de la Policía Nacional

2. Convocatoria inmediata al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE)

3. Emisión de un informe técnico-jurídico que determine la pertinencia y alcance de la medida.

4. Expedición del decreto ejecutivo por parte del Presidente de la República, con delimitación precisa del ámbito de actuación.

5. Notificación obligatoria a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen el control posterior correspondiente.

La actuación e intervención de las Fuerzas Armadas será adicional y de apoyo, y no cambiará ni sustituirá la naturaleza, misión principal, organización, cadena de mando ni las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas solo apoyarán y ayudarán a la Policía Nacional si esta no puede cumplir con su trabajo de manera efectiva y comprobable frente a las amenazas relacionadas con delitos y casos específicos.

El apoyo complementario y subsidiario podrá prestarse por un término máximo de 180 días y renovarse, por una sola vez, hasta por 30 días adicionales, siempre que persistan las causas que motivaron la expedición del Decreto Ejecutivo correspondiente.

El Decreto Ejecutivo contendrá los fundamentos jurídicos y fácticos que motivan la emisión del documento, delimitación precisa del territorio y del ámbito temporal del apoyo complementario y subsidiario; la identificación del delito o delitos, o de la situación de grave conmoción interna en el sistema penitenciario; el detalle de los informes presentados por la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Pública y del Estado; y los demás insumos necesarios para la emisión del Decreto Ejecutivo.

Las operaciones de apoyo complementario y subsidiario serán documentadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mediante los respectivos planes, órdenes, registros operativos y demás documentos e instrumentos institucionales. Estos podrán ser clasificados, de conformidad con la normativa aplicable, cuando su divulgación pueda comprometer la seguridad o eficacia de las operaciones, las actividades de inteligencia militar o policial, los procedimientos empleados o la integridad del personal desplegado.

La denuncia por presunta infracción electoral en contra del correísta Pabel Muñoz, candidato a la reelección para la Alcaldía de Quito, y la objeción aceptada a la candidatura de la también correísta Luisa González para la prefectura de Manabí, generaron el rechazo de la Alianza Ciudadana, integrada en Quito por el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular, el Movimiento Todos, más la participación de la Revolución Ciudadana.

Los dirigentes de estas agrupaciones políticas aseguraron que la democracia se ha deteriorado en el país y que las trabas puestas a sus candidatos demuestran que se vive en una dictadura, ya que no se garantiza la participación política en igualdad de condiciones.

Para Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, la denuncia contra Muñoz es un elemento más de este deterioro democrático que ya se evidenció con el adelanto de las elecciones, los procesos judiciales en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas; la suspensión de los derechos de participación política del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, entre otros casos.

«Estamos aquí las cuatro organizaciones políticas para decir al país que estamos más juntas que nunca, que entendemos con absoluta claridad que si en el pasado tuvimos diferencias, esta coyuntura en la que el Ecuador está al borde del abismo, al borde de perder cualquier síntoma democrático, nos obliga a juntarnos», aseguró Vallejo.

Natasha Rojas, de Unidad Popular, aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa sabe que si las elecciones son limpias, transparentes y sin fraude, el próximo alcalde de Quito será Muñoz por el apoyo ciudadano que tiene en la capital. «El gobierno de Daniel Noboa sabe que si juega limpio, pierde las elecciones. Por ello, proscribe a organizaciones políticas, a candidatos con condiciones de ganar y forma parte de toda la estrategia de fraude electoral diseñada desde la presidencia de la República, lo que pone en riesgo la democracia y el derecho a la participación en condiciones de igualdad a todos los candidatos y las candidatas», manifestó Rojas.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, se sumó a estos criterios y aseguró que cuando a un pueblo no le dejan elegir ni ser elegido, vive en dictadura.

El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró duelo nacional hasta el 22 de agosto por el fallecimiento de Michele Sensi Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CIES) de Ecuador, y su esposa Stephany Hollihan.

La pareja perdió la vida tras un trágico accidente de helicóptero en Kenia.  El siniestro de la aeronave, modelo Eurocopter EC130 B4, ocurrió en el monte Ololokwe de ese país africano. El accidente dejó un saldo total de siete personas fallecidas. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones en el sitio del impacto para determinar las causas técnicas que provocaron el desplome del helicóptero.

Noboa dispuso que hasta el 22 de agosto, la bandera nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, en todo el territorio nacional.

Además, ordenó que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior  coordinen con los familiares la organización del funeral de Estado y dispuso a la Casa  Militar Presidencial que otorgue medidas de seguridad a los hijos del funcionario fallecido y, previo informe de riesgo, a los demás familiares que requieran dichas medidas.

En otro decreto, designó a Luis Carlos Ávila como director general encargado del Centro Nacional de Inteligencia.

Sensi Contugi Ycaza fue parte del círculo cercano de Noboa. Nació el 12 de agosto de 1982 en Italia. Tenía doble nacionalidad, ítalo ecuatoriana, porque su padre es italiano y su madre ecuatoriana.

Además de la Dirección del CIES, ocupó otros cargos. Fue ministro de Gobierno, delegado del presidente de la República en el directorio de la Empresa Pública Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave EP), delegado en la Empresa Santa Bárbara EP, delegado permanente del presidente de la República en el directorio de Petroecuador, delegado permanente en el directorio de las empresas públicas: EP Flopec, CNEL EP y Celec EP.