La mañana de este lunes 9 de marzo, el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de «Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para incentivar la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional», calificado de urgente en materia económica.
Desde que asumió su segundo mandato, este es el noveno proyecto de Ley que Noboa remite a la Legislatura con esa característica, por lo que deberá ser tramitado en máximo 30 días.
La propuesta cuenta con el dictamen favorable del Ministerio de Economía, de conformidad con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y, según el Ejecutivo, incentiva la inversión privada en la producción de vivienda de interés social, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones habitacionales y atender de manera eficiente la demanda existente.
En este sentido, la normativa permitirá fortalecer los mecanismos para la construcción mediante incentivos tributarios que promuevan la participación del sector privado.
El proyecto agrega en la Ley de Régimen Tributario Interno un artículo que viabiliza la rebaja del impuesto a la renta causado por donaciones de viviendas de interés social, así como una disposición transitoria respecto de la rebaja incorporada al régimen del impuesto a la renta.
En el diagnóstico, el Ejecutivo asegura que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el déficit habitacional nacional supera las 700.000 viviendas, lo que evidencia una brecha significativa entre la oferta formal de vivienda y la demanda real de la población.
Según el documento, este indicador revela la falta de viviendas nuevas para cubrir la demanda y las malas condiciones de habitabilidad de muchas viviendas existentes.
Noboa asegura que con la aprobación del proyecto de Ley se incentivará la inversión privada en la producción de vivienda de interés social, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones habitacionales y atender de manera eficiente la demanda existente. Agrega que es evidente que el sector de la construcción tiene efecto multiplicador que genera otras actividades productivas incrementando la producción de materiales para el área, su transporte, los servicios profesionales, el comercio y las actividades inmobiliarias, lo que generará plazas de empleo.

Las calles del Centro Histórico de Quito fueron la mañana de este domingo 8 de marzo, el escenario de una masiva movilización para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
La convocatoria realizada por activistas, colectivos ciudadanos, organizaciones sociales, y otros, tuvo amplia acogida y los manifestantes se organizaron en varios puntos de concentración.
Una de las principales marchas se generó frente a la Caja del Seguro. Aquí se concentraron principalmente mujeres que cumplen su activismo en sindicatos y movimientos sociales. El grupo caminó por la avenida 10 de Agosto para tomar la avenida Patria donde a la altura de la Amazonas les esperaba para unirse mujeres de colectivos ciudadanos de defensa de derechos, feministas, movimientos progresistas, entre otros.
La marcha continuó hasta la Avenida 12 de Octubre para tomar rumbo a la Asamblea donde cumplió un plantón momentáneo y de ahí prosiguió hasta el monumento a Simón Bolívar, en el parque La Alameda, dónde se unieron grupos de mujeres que no se identifican con un sector en particular, pero que reivindican sus derechos en sus actividades cotidianas.
Así, miles y miles de personas continuaron por la calle Guayaquil hasta la Plaza de Santo Domingo, punto final de la movilización.
Durante el trayecto se exhibieron carteles reivindicando derechos adquiridos, reclamando seguridad, exigiendo poner fin al patriarcado, al acoso laboral, sexual, académico y hasta familiar cuando no responden a una determinada línea de conducta.
No fueron solamente mujeres las que se movilizaron. Los hicieron familias enteras, mujeres con niños en brazos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres, grupos campesinos, indígenas, oficinistas. Hubo también uno que otro político pero sin protagonismo en la movilización, que fue netamente ciudadana. Fue una marcha que reflejó la amplia diversidad de la sociedad ecuatoriana. Y en no pocas ocasiones se escucharon gritos contra el Gobierno de Daniel Noboa.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió provisionalmente al movimiento Revolución Ciudadana del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. La providencia fue dictada por el juez electoral Joaquín Viteri, al admitir a trámite la denuncia presentada por el fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, en el marco de la investigación previa del caso Caja chica, que involucra a los principales dirigentes de esa agrupación política en el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
En su providencia, Viteri advierte que la medida podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses y que se levantará, de oficio o a petición, cuando se verifiquen las siguientes circunstancias:
– Que la Fiscalía General del Estado comunique formalmente el retiro del pedido o manifieste que ya no sostiene la solicitud
– Si se acredita que la investigación fiscal que sustenta el pedido ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión fiscal o judicial
Viteri suspendió los tiempos procesales para la tramitación de la presente causa, mientras se mantenga el carácter reservado de la investigación previa del caso Caja chica y una vez superada dicha circunstancia, dispondrá de inmediato la reanudación del cómputo y la prosecución del trámite, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la organización política denunciada.
La causa se sustanciará en plazos, por corresponder a un asunto que incide en el periodo electoral de las “Elecciones Seccionales y Elección de consejeras y consejeros del Consejo de
Participación Ciudadana, y Control Social 2027”, cuyo inicio fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral.
A través de un comunicado, la Revolución Ciudadana asegura que se trata de silenciar «a la principal fuerza de oposición del país» e impedir que participen en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de suspensión de la organización, coincide con el proceso de inscripción de candidaturas. El correísmo anticipa que interpondrá todas las acciones necesarias para defender su derecho de participación política.

Desde su entrada en vigencia el 23 de febrero de 2026 y hasta este martes 3 de marzo, 13 organizaciones y ciudadanos a título personal han presentado demandas de inconstitucionalidad a la ley reformatoria al COOTAD.

La normativa impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobada por su bancada legislativa con 77 votos a favor, obliga a prefecturas y municipios a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión, limitando el gasto corriente al 30%. La ley fue tratada con el carácter de económico urgente y cuestionada por sectores sociales, grupos políticos y gobiernos seccionales de oposición al régimen de Noboa.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, acudió esta mañana a la Corte Constitucional para presentar una de las demandas de inconstitucionalidad. La funcionaria manifestó que la reforma tiene vicios de fondo y de forma que afectan el estado y funcionamiento administrativo de los gobiernos seccionales, impactando el modelo descentralizado de gestión. Aseguró que el tratamiento dado por la Asamblea y la bancada de ADN con su mayoría «espuria» significó un «Carnavalazo», ya que debatió el articulado sin escuchar a la ciudadanía, a las autoridades, a los beneficiarios de los programas sociales; sesionando de manera virtual. «Se fueron a Samborondón porque no tienen la valentía de mirar a la gente», manifestó Pabón.

El Movimiento Pachakutik también acudió a la Corte Constitucional a presentar una demanda similar. Mariana Yumbay, asambleísta de ese movimiento, dijo que se están violentando principios como la descentralización, la autonomía política-administrativa de los gobiernos seccionales, se vulneran derechos de grupos de atención prioritaria y que lo que busca la ley es disminuir el presupuesto de municipios y prefecturas.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representado por Edwin Bedoya, agregó que ellos presentaban la demanda de inconstitucionalidad, ya que es una ley que precarizará las relaciones sociales del pueblo y que significará un control político del Estado a los gobiernos seccionales.

Hasta la noche de este martes 3 de marzo, estas son las organizaciones y ciudadanos que han presentado las demandas de inconstitucionalidad a la reforma del Cootad:

1  Andrés Campaña, concejal de Quito

2 UNE

3. Unidad Popular

4  Patricia Núñez (asambleísta RC)

5 Fernando Espinel (abogado)

6  Partido Socialista

7 Pachakutik

8 FUT

9 Consejo Provincial de Pichincha

10 Junta Parroquial de Calderón

11 Consejo de Participación Ciudadana de Calderón

12 Junta Parroquial de Cusubamba

13 Manuel Alvarado Iñamagua, concejal de Cuenca

El asambleísta por la provincia del Carchi, Cristian Benavides, se quedó sin el respaldo de Unidad Popular y del Partido Socialista, dos de las tres organizaciones que impulsaron su candidatura. Las dos organizaciones más el PID formaron la alianza «Somos carchenses» para impulsar la lista de candidatos a la asamblea en las elecciones de 2025 por esa provincia. Por el método de asignación de escaños, Benavides fue el único en ocupar la curul en representación de esa alianza. El legislador se había identificado con los sectores sindicales, de izquierda, sectores sociales y estudiantiles de oposición al Gobierno de Daniel Noboa.

Sin embargo, el 20 de febrero fue el voto que le faltaba a la bancada oficialista para aprobar la ley reformatoria del Cootad. Benavides se convirtió en el voto 77 que necesitaba ADN para aprobar el proyecto de ley que fue presentado por el presidente de la República a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica.

La propuesta de ley ha sido rechazada por los sectores que respaldaban políticamente al legislador, por lo que luego de esa votación el Partido Socialista rompió cualquier relación política con el legislador. «Cualquier apoyo al proyecto oligárquico y totalitario del presidente Noboa debe ser rechazado por los sectores políticos democráticos», aseguró el Partido en un comunicado.

Unidad Popular se sumó al rechazo de la actuación de Benavides. Geovanny Atarihuana, director de esa agrupación política, manifestó que el legislador había traicionado al Carchi y deslindaron cualquier responsabilidad por el voto dado en la Asamblea.

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició este martes 3 de febrero la etapa de actuación de pruebas dentro del proceso de sustanciación del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentado por cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana por presunto incumpimiento de funciones.

Aunque los acusadores y el acusado tenían tres horas para presentar sus pruebas de cargo y de descargo, respectivamente, solo los legisladores proponentes expusieron los documentos que probarían una responsabilidad política de Godoy en las presuntas irreguladidades que van desde conflicto de intereses, pasando por posibles nexos con narcotraficantes hasta presiones a los jueces para que fallen a favor de gente vinculada al crimen organizado.

Los solicitantes del juicio político sostienen que Godoy incumplió  los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial, debido a que fue permisivo y pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano Lucero para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Godoy no presentó sus pruebas de descargo ya que argumentó que el Ministerio del Interior y la Judicatura no le habían entregado documentos que son necesarios para su defensa. El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, del oficialismo, suspendió la sesión para garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de Godoy.

Los interpelantes reclamaron por la decisión tomada y aseguraron que el oficialismo está protegiendo a Godoy.

«El país necesita un baño de verdad. Yo trasladé, por disposición del presidente (Rafael) Correa, dinero desde Venezuela», aseguró la tarde de este viernes 30 de enero de 2026, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Santiago Díaz Asque, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado.

Díaz fue trasladado a ese lugar para que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento en el caso «Caja Chica», una investigación de la Fiscalía que involucra a figuras representativas de la Revolución Ciudadana: Rafael Correa, expresidente de la República y líder máximo de esa agrupación política; Luisa González y Andrés Arauz, excandidatos presidenciales; Patricio Chávez, asambleísta en funciones; Suad Manssur, exsuperintedenta de Compañias; Fausto Herrera, exministro de Finanzas; Patricio Rivera, excoordinador de Política Económica; y Bibian Hernández, ex abogada de Correa.

La Fiscalía investiga una presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos vinculada al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 del movimiento Revolución Ciudadana.

El dinero habría provenido de Venezuela y a esa fecha Díaz era el jefe de campaña del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, González – Arauz. Hoy cumple prisión preventiva por un presunto delito de violación a una menor de edad, por lo que fue expulsado del Movimiento y dejó la curul que ocupaba en la Asamblea.

Díaz pasó cerca de siete horas en la Fiscalía rindiendo su versión. Al salir aseguró que su vida y la de su familia corre peligro y que es inocente del presunto delito de violación por el que es procesado.

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Enrique Herrería, entregó a la Asamblea dos proyectos de Ley con el carácter de urgente en materia económica.
Herrería aseguró que el estado de excepción vigente le permite al Gobierno presentar este tipo de iniciativas legislativas de manera conjunta, para que sean tratados por los legisladores en máximo 30 días desde su presentación.
El primer proyecto de Ley propone reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que rige a los Gobiernos seccionales, cuyo objetivo es corregir la rigidez del gasto corriente y priorizar la inversión pública en infraestructura y servicios básicos.
Según información del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2021 y 2024 la inversión promedio de los Gobiernos seccionales en estos rubros no superó el 45 % de su presupuesto, lo que ha resultado insuficiente frente a las brechas existentes en agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura local.
La reforma establece una regla fiscal clara y verificable para que los GAD destinen progresivamente un mínimo del 70 % de su presupuesto a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos.

Minería y electricidad

El segundo proyecto presentado es la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. En el ámbito minero, la iniciativa busca superar trabas regulatorias, fragmentación normativa e inseguridad jurídica que han provocado la paralización de proyectos, la caída de inversión y la expansión de la minería ilegal. La reforma plantea la simplificación de trámites administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la promoción de esquemas de inversión que permitan reactivar proyectos estratégicos, ampliar la base de contribuyentes y proteger los ingresos fiscales, sin crear nuevos tributos ni incrementar el gasto público.
En cuanto al sector eléctrico, la propuesta busca corregir la vulnerabilidad del sistema de electricidad frente a la restricción fiscal y a los choques climáticos, que en los últimos años han generado racionamientos y pérdidas económicas significativas. El proyecto habilita esquemas excepcionales de concesión y delegación que integran financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, con el fin de preservar la liquidez pública, diversificar la matriz energética, reducir la dependencia hidrológica y fortalecer la capacidad instalada.
Herrería señaló que la propuesta responde a una reciente sentencia de la Corte Constitucional y busca que el sector privado asuma parte de la inversión cuando los costos estatales sean mayores, liberando recursos públicos para el desarrollo social.

A través cadena nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un nuevo plan de seguridad para luchar contra la inseguridad, la delincuencia y la corrupción. Noboa manifestó que son acciones conjuntas entre la UAFE, Inteligencia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas para devolver la paz a las calles del Ecuador.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que este plan contará con una inversión de 180 millones de dólares para ejecutar 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan la compra de siete helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósitos, un sistema radar 3D, scaners y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera.

El ministro agregó que se modernizarán los sistemas tácticos de inteligencia con el fin de prevenir ataques, identificar riesgos antes de que ocurran y proteger infraestructuras estratégicas del país y que las acciones contra la minería ilegal se mantendrán y endurecerán.

Por su parte el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el nuevo plan de seguridad contará con tecnología sin precedentes, ya que se incorporarán sistemas de última generación como IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica. La tecnología se aplicará también para los controles migratorios.

Además, resaltó que Ecuador cuenta con un sistema penitenciario que se proyecta como uno de los mejores de la región con la Cárcel del Encuentro y en 15 a 18 meses con la nueva cárcel para 15.000 delincuentes.

Mientras que José Julio Neira, director de la UAFE, aseguró que la prioridad será la lucha contra el lavado de activos para evitar que los grupos delictivos tengan recursos para operar.

Las relaciones comerciales y políticas entre Ecuador y Colombia se pueden ver afectadas por la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer una tasa de seguridad del 30% a los productos importados provenientes de Colombia.

La sorpesiva medida que se aplicará desde el 1 de febrero fue anunciada por Noboa a través de su red social «X». «Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume», posteó el primer mandatario.

A través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia añadió que la decisión contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales, y ayudas técnicas; así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos.

En el comunicado consta que los dos países mantienen lazos históricos de hermandad y cooperación, pero que pese a los diálogos sostenidos y a la insistencia de Ecuador, los mecanismos de control en la frontera con Colombia no han resultados efectivos ni suficientes para coordinar una acción frontal y conjunta contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la mineria ilegal.

La respuesta colombiana 

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía de Colombia, a través de su cuenta «X», rechazó la medida a la que calificó de agresión económica que rompe el principio de integración regional. Palma recuerda que Colombia ha actuado con hechos en materia de cooperación y solidaridad con Ecuador; por ejemplo, la venta de energía cuando el sistema ecuatoriano más lo necesitó.

Además, informó que ha ordenado desmontar una iniciativa que iba a permitir a Ecuador comprar directamente electricidad a empresas privadas colombianas a través de contratos de largo plazo. «Previendo que los embalses Mazar y Coca Codo de Ecuador pudieran estar con niveles bajos, publicamos recientemente una resolución para habilitar que las iniciativas privadas pudieran participar de las ventas de energías entre países, ampliando la cooperación energética binacional ante posibles déficits. He ordenado desmotarla», escribió el ministro colombiano.