La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, fue detenida la madrugada de este jueves 25 de junio por presuntamente liderar una red de corrupción en Manabí, relacionada con la emisión de documentos de tránsito vehicular en tres cantones de esa provincia, causando un perjuicio al Estado de 5 millones de dólares.

La Fiscalía, en coordinación con la Policía, ejecutó la operación «Digitador» en Jipijapa, Bolívar y San Vicente, con 18 allanamientos a oficinas del Municipio de Jipijapa, al Centro de Revisión Vehicular de Canuto y a domicilios de funcionarios y de personas particulares. El operativo dejó 13 detenidos por presunta delincuencia organizada.

Entre los indicios recabados constan documentos similares a licencias de conducir, matrículas y especies valoradas, así como dinero en efectivo y dispositivos electrónicos. La investigación, iniciada en agosto de 2025, indaga una presunta trama de corrupción relacionada con la emisión de documentos vinculados a la revisión técnica vehicular. Plúa es señalada como presunta cabecilla de esta organización dedicada a emitir de forma irregular documentos de tránsito, como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares.

La estructura estaba integrada por funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente. Además, había tramitadores externos, quienes presuntamente cobraban entre 100 dólares y 150 dólares por trámite para evadir requisitos legales y técnicos. Esto afectaba el servicio regular a los ciudadanos bajo el argumento de “no hay sistema”.

La investigación se inició tras una denuncia al 1800 DELITO y en el proceso se detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada, con más de 2,6 millones de dólares sin justificación aparente.

DETENIDOS:

1 ANGELA Plúa, alias JEFA (Alcaldesa)

2 RAÚL A. D. alias LITO (Gerente de la Corporación de Servicios Municipales)

3 JORGE P. G. alias TITO (Jefe de Matriculación y RTV)

4 ANDY P. M. alias MICHI (Digitador)

5 VICENTE L. P. alias GORDO (Digitador)

6 MARCO M. P. alias ABOGADO (Director de Movilidad)

7 JOSE F. C., alias INGE (Coordinador de Matriculación)

8 JAVIER I. C. alias JESÚS (Técnico de emisión de licencias)

9 OBERTO M. V. alias CHENCHO (Tramitador)

10 MARIA P. B. alias MONTI (Ex digitadora Servicios Municipales)

11 MARIA L. P. alias NANDA (ex digitadora de SERVICORP)

12 JOAN A. T. alias TOÑO (Tramitador)

13 JULISSA L. P. alias MICHU (Tramitadora)

La detención de Plúa incrementa el número de autoridades seccionales que se encuentran en la misma situación por presuntos actos de corrupción y que están enfrentando procesos penales. Entre ellos constan el alcalde titular de Pujilí, José Alcides Arroyo Cabrera, con prisión preventiva y llamado a juicio por un presunto caso de peculado en el caso Ornato Municipal. Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas fue detenido en Quito y trasladado con prisión preventiva por una investigación de presunto lavado de activos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido mientras se desarrollan varios procesos en su contra.

Asambleístas de la Revolución Ciudadana, de ADN, más los legisladores de minoría e independientes votaron de manera unánime para que la Comisión de Fiscalización inicie la investigación sobre la ruta del dinero entregado por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas vinculadas con dicha compañía.

El Pleno de la Asamblea, con 131 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, votó a favor de la moción presentada por la asambleísta oficialista y vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Tapia. «Es necesario aclarar, por el bien del país, la ruta del dinero entregado a Progen, que finalmente habría ido a manos de 29 personas naturales y jurídicas. Entre ellas figura un abogado vinculado al caso Metástasis. Este es un tema que indigna cada vez más». Dijo.

El que hayan votado por unanimidad no implica que hayan estado de acuerdo durante el debate sobre el alcance y consecuencias políticas del caso Progen, considerado uno de los mayores atracos en la reciente historia del país. El Gobierno firmó con esa empresa la entrega de generadores para enfrentar en el 2024 la crisis eléctrica, pero los equipos eran obsoletos, de segunda mano, repintados o no respondían a las características técnicas del contrato. Según la Fiscalía, habría un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares.

En este contexto, el oficialismo ha sido criticado por «proteger» políticamente a la exministra Inés Manzano y al ministro en funciones, Roberto Luque. Los dos, en su momento, ocuparon el Ministerio de Energía, desde donde se genera la política energética y se dan las directrices en ese tema.

Durante el debate parlamentario, Tapia dijo que la iniciativa de investigar la ruta de dinero es una demostración de que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. A la vez aseguró que el correísmo se resiste a dar paso a esta investigación, ya que los rostros de los posibles involucrados en este caso de corrupción podrían traer sorpresas.

Por su parte, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mireya Pazmiño, manifestó que si el oficialismo hubiese querido llegar hasta las últimas consecuencias, hubiese permitido la sustanciación del juicio político que presentó su bancada en contra de Manzano.

Este proceso se estancó en la Comisión de Fiscalización, ya que los legisladores de ADN se abstuvieron de votar por la aprobación de la solicitud de interpelación, a pesar de que cumplía todos los requisitos, según el Consejo de Administración Legislativa (CAL), también de mayoría oficialista.

Con la aprobación de la moción de Tapia, la comisión podrá requerir información y documentación, así como disponer la comparecencia de autoridades, representantes legales y demás actores involucrados en estos hechos.

Además, deberá presentar al Pleno de la Asamblea, en un plazo de 30 días, un informe con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, a fin de que se adopten las resoluciones correspondientes.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de identificar a los verdaderos responsables de este perjuicio al Estado y enfatizaron que no solo corresponde sancionarlos, sino también recuperar los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.

En horas de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por unanimidad, dio inicio al trámite de juicio político presentado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna contra Manzano, por presunto incumplimiento de funciones.

El presidente de la República, Daniel Noboa, expidió el Decreto Ejecutivo 424 con el que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y plantea varios escenarios para actuar frente a esa situación. Una de las acciones más controvertidas del decreto es que, usando sus poderes, otorgará indultos y reducirá o cambiará penas para el personal militar, policial y civil que participe en actividades para enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado. Además, exhorta a la Asamblea a que proceda en igual sentido.

Noboa además ofrece inmunidad al personal extranjero de los Estados cooperantes que participen en las acciones ejecutadas en el contexto del conflicto armado interno.

Para tomar estas medidas, el Gobierno reconoce que hay circunstancias complejas que amenazan gravemente la soberanía, la seguridad, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población.

Bajo ese parámetro dispone que el Estado reciba cooperación internacional para fortalecer las acciones de neutralización de las amenazas que generan, agudizan y sostienen el conflicto armado interno. Asegura que todas las acciones tienen como finalidad neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional y sus componentes.

Por lo tanto, dispone a las Fuerzas Armadas, a la Policía y solicita a los Estados cooperantes que ejecuten y coordinen acciones destinadas a recuperar, preservar y garantizar la soberanía, independencia y la integridad territorial del Estado, protegiéndolo frente a las amenazas generadas por las estructuras criminales.

El Gobierno afirma que la actuación sostenida de esas estructuras criminales constituye una amenaza para el país, por lo que es necesario proteger a la población y neutralizar dichas amenazas para restablecer las condiciones de seguridad, paz y orden.

El próximo martes, organizaciones sociales e indígenas acudirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar la entrega de formularios y proceder a la recolección de firmas para impulsar la revocatoria del mandato del presidente de la República, Daniel Noboa. La FENOCÍN, la Ecuarunari, el Frente Popular, la UNE y la Unión General de Trabajadores del Ecuador promueven esta propuesta por un presunto incumplimiento del plan de gobierno que Noboa presentó en la elección presidencial de 2025.

Esta es la segunda iniciativa que tiene ese objetivo. La primera está impulsada por la plataforma Revoca.EC, liderada por Washington Andrade, quien hoy informó que Noboa y su vicepresidenta, María José Pinto, habrían sido notificados oficialmente por el CN sobre los procesos presentados en su contra.

Por su parte, las organizaciones sociales e indígenas que impulsan este nuevo pedido de revocatoria indicaron que el martes caminarán desde la Plaza Argentina hasta el CNE para solicitar los formularios. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, manifestó que no es una competencia entre organizaciones que han planteado solicitudes similares, ya que es el ejercicio de un derecho constitucional y que, independientemente de qué organización reciba primero los formularios, trabajarán de manera coordinada para la recolección de firmas.

Leonidas Iza, presidente de la Ecuarunari, afirmó que el Gobierno mintió al país y que ha hecho todo lo contrario a lo que ofreció en campaña electoral y en el debate presidencial obligatorio, incluyendo el tema de los combustibles, cuyos precios se han incrementado luego de la eliminación de los subsidios decretada por este Gobierno. También le responsabilizó por los actos de corrupción que se han dado, como el caso Progen.

En sesión extraordinaria, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó a José Cabrera como nuevo presidente del organismo, poniendo fin a casi ocho años de mandato de Diana Atamaint. La nueva mayoría que operó para esta designación está conformada por Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera, quienes se autoconvocaron a la sesión extraordinaria a la que, a pesar de todo, también asistió Atamaint. Solo se registró la ausencia de Enrique Pinta y de quien lo ha venido reemplazando en las sesiones, José Merino.

La sesión extraordinaria fue convocada para definir quién ejercerá la representación administrativa, legal y extrajudicial de la institución. La moción fue presentada por la consejera Esthela Acero, quien propuso a Cabrera para dirigir el organismo electoral.

Los votos para la designación de la nueva autoridad fueron emitidos por José Cabrera, Elena Nájera y Estela Acero y la propia Diana Atamaint, quien, tras posesionar a Cabrera, abandonó la sesión.

Una vez en el cargo, Cabrera dijo que asume el cargo con firme sentido de compromiso democrático con Ecuador y trabajará guiado por la integridad, la eficiencia y la vocación permanente de servicio público. Manifestó que el Ecuador demanda instituciones sólidas, cercanas a la ciudadanía y capaces de responder con responsabilidad por las actuaciones que realice este órgano electoral, por lo que promoverá una gestión transparente, eficaz y cercana a la ciudadanía.
«Trabajaremos con apertura al diálogo, promoviendo la cooperación entre los actores políticos, las organizaciones sociales y todos los actores que comparten el objetivo de fortalecer la democracia. Invito a todos quienes formen parte de esta institución a trabajar con unidad de propósito, profesionalismo y espíritu de servicio», manifestó.

Garantizó que las elecciones seccionales y de consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana se desarrollarán con normalidad, cumpliendo cada hito del calendario y respetando, sobre todo, la voluntad del electorado. «Que este nuevo período de gestión esté marcado por el trabajo honesto, el respeto a la ley y la búsqueda permanente del bien común. Con fe en el Ecuador y en su gente, asumo esta responsabilidad con la convicción de entregar mi mayor esfuerzo al servicio de la patria», dijo.

En la misma sesión se designó a Esthela Acero como vicepresidenta del organismo, en reemplazo de Pita. Votaron a favor Acero, Cabrera y Nájera. Tanto Atamaint como Pita se mantienen como consejeros principales.

La elección del nuevo primer vicepresidente de la Asamblea, en reemplazo de Mishel Mancheno (ADN), quien asumió la presidencia tras la renuncia de Niels Olsen, no tuvo mayores sorpresas de lo que se había anticipado un día antes en los corrillos parlamentarios. Con 84 votos a favor, fue designado para ese cargo Esteban Torres Cobo (ADN) hasta el 2027, en que habrá nueva elección de autoridades para concluir los dos años restantes de este periodo legislativo.

Estaba prevista la designación de Torres, ya que ADN tiene mayoría en el Parlamento y, además, recibió el respaldo de independientes y de tres ex Pachakutik. Votó en contra la bancada correísta.

La moción fue presentada por el asambleísta independiente, pero afín al Gobierno, Pablo Jurado, quien destacó las cualidades de Torres y el aporte profesional que le puede dar a la Legislatura con solvencia técnica, visión estratégica y vocación de servicio público.

Tras ser posesionado, el primer vicepresidente agradeció a los legisladores por la decisión. “En una democracia como la que vivimos, con separación de poderes, con independencia de funciones, cuando los ecuatorianos dan una fuerza mayoritaria a la misma fuerza que llega al gobierno, la Asamblea no está llamada a ser de obstrucción o de paralización, sino de construcción de aquello que los ecuatorianos buscan y necesitan”, señaló.

El legislador tiene una amplia trayectoria política y parlamentaria. Llegó a la Asamblea en 2017 como alterno de su padre Luis Fernando Torres por la alianza Tiempo de Cambio – PSC. En 2018 se principalizó tras la renuncia de su padre, que dejó la curul para participar en las elecciones seccionales como candidato a alcalde de Ambato, elección que perdió.
Torres Cobo fue reelegido en 2021 por la misma alianza. Ha desempeñado funciones de Segundo Vicepresidente de la Asamblea, Primer Vocal del Consejo de Administración Legislativa, presidente de la Comisión Especializada Ocasional para la Reforma de los Artículos 110 y 115 de la Constitución, de la de Enmiendas Constitucionales y es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, entre otras dignidades.

Tras la «muerte cruzada», se sumó a las filas de ADN al colaborar con el régimen de Daniel Noboa como viceministro de Gobierno. Para las elecciones legislativas de 2025, se sumó al listado de candidatos de ADN y ganó la curul. Ahora es jefe de bancada del oficialismo.

A seis días de que el movimiento oficialista ADN difundiera por redes sociales el nombre de sus precandidatos para las elecciones seccionales de noviembre de este año, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), renunció a su condición de legislador y de titular de esa Función del Estado.
Su nombre consta como precandidato a la prefectura del Guayas aunque también estaría abierta la posibilidad de que busque la alcaldía de Guayaquil.
“No me voy vencido, no me voy cansado, me voy entero, me voy libre, porque creo que los ciclos tienen su momento justo”, dijo el ahora expresidente de la Asamblea al comunicar su decisión en medio de una sesión del Pleno.
En su discurso de despedida, dijo que cumplió con el objetivo de servir al Ecuador y aseguró que en cada paso que dio, siempre hizo lo correcto. «Demostramos que sí se puede lograr gobernabilidad, que sí se puede mejorar las cosas que el país necesita, que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente», manifestó.
Agradeció a Quito por haberlo acogido y dijo que es una ciudad con una dignidad que no necesita demostrarse, porque se siente. «Quito, gracias por enseñarme que este país es más grande que cualquiera de nosotros», manifestó y luego anunció que regresará a Guayaquil para servir desde el lugar que le toque estar.

Una vez conocida su renuncia, el Pleno posesionó a la asambleísta de ADN, Mishel Mancheno, como nueva Presidenta de la Asamblea.
En su primer pronunciamiento al frente de la Función Legislativa, Mancheno señaló que esta nueva responsabilidad representa la continuidad de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la institucionalidad democrática, impulsar las reformas que demanda el país y responder con eficacia a las necesidades de los ecuatorianos.
“Este no es el inicio de un nuevo camino, sino la decisión de mantener el rumbo, fortalecer lo avanzado y seguir construyendo una Asamblea cercana a la gente, comprometida con la transparencia y los resultados”, dijo Mancheno.
Para el miércoles está convocada la sesión para designar a la primera vicepresidenta de la Legislatura, en reemplazo de Mancheno.

La fusión de ministerios y el nombramiento de José Julio Neira como secretario de la Administración Pública dan un nuevo contexto a la gestión del presidente Daniel Noboa. El Gobierno redujo los ministerios de 14 a 10, bajo el argumento de la eficiencia pública. Se trata de la segunda fusión ministerial; en la primera, redujo las carteras de Estado de 20 a 14 en julio de 2025. Esta vez la unión de ministerios queda de la siguiente manera:

Bajo el nombre de Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, dirigido por Sariha Moya, se unen las carteras de Economía y Finanzas, la de Agricultura, Ganadería y Pesca y la de Producción.

Tras un operativo realizado en las provincias de Pichincha, Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos por presunto lavado de activos, coordinado entre la Fiscalía y la Policía, las autoridades detuvieron a ocho personas, entre ellas el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. Según la Fiscalía, la investigación previa inició el 26 de noviembre de 2025, con base en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Durante los 18 allanamientos realizados en las cuatro provincias, se recabaron indicios como terminales móviles, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego, documentos y más relacionados con el caso.

Villacís fue detenido en un hotel ubicado en el sector de Las Palmas, mientras se preparaba para la inauguración de un campeonato de fútbol playa. El funcionario llegó al cargo en las elecciones seccionales de 2023, auspiciado por la Revolución Ciudadana. La exdirigente y excandidata presidencial de ese movimiento, Luisa González, posteó en su cuenta «X»: «Guayaquil, Cuenca, Portoviejo y ahora Esmeraldas. ¿Casualidad? NO. Vicko Villacis es el contradictor directo de Roberta Zambrano (ADN) para la alcaldía de Esmeraldas. (…) Noboa se ve perdido y elimina opositores». «Queridos ecuatorianos, ¿quieren saber por qué es el allanamiento al alcalde de Esmeraldas? SIMPLE: La candidata de Noboa para la alcaldía de Esmeraldas es Roberta Zambrano; su contrincante es Vicko Villacis. NO puede ganar con él en la disputa por la alcaldía», escribió González.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que empresas vinculadas a Villacís operaban de manera camuflada bajo una supuesta legalidad, obteniendo aproximadamente 15 millones de dólares de beneficios ilegales incompatibles con las realidades económicas de los involucrados. Para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de un posible origen ilícito, adquirieron varios inmuebles entre el 2020 y el 2025.

Las indagaciones determinaron que Villacís y varios integrantes de su círculo familiar constaban como accionistas, representantes legales o administradores de dichas compañías. Además, se detectaron transferencias de dinero hacia personas sin relación comercial o societaria con las empresas investigadas.

Hasta el cierre de esta nota, la audiencia de formulación de cargos contra los ocho investigados se cumplía en el Complejo Judicial Norte, hasta donde fueron trasladados los detenidos.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inès Manzano, presentada por asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) por el caso Progen. El CAL aceptó el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), que indica que la documentación cumple con lo que establece la Ley de la Función Legislativa. Por eso, recomendó que siga con el proceso correspondiente. El CAL remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento e inicie la sustanciación del proceso.

Los legisladores correístas Blasco Luna y Lenin Barreto son los proponentes del juicio político bajo la causal de incumplimiento de funciones en relación con la adjudicación de contratos de generación eléctrica en Salitral y Quevedo. Con esto se buscaba enfrentar la época de apagones que sufrió el país.

De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización tiene plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud para avocar conocimiento de la solicitud y verificar que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución. Calificado a trámite, notificará a la exfuncionaria sobre el inicio del proceso, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento para que en el plazo de 15 días presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo. De igual manera, serán notificados los asambleístas proponentes para que presenten las pruebas.