Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», aceptó voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos. Así lo expresó a viva voz la tarde de este viernes 11 de julio de 2025 ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, en una rápida audiencia que se cumplió con acceso restringido por temas de seguridad. El jefe de Los Choneros será el primer ecuatoriano en ser extraditado tras la aprobación de ese mecanismo en la consulta popular de abril de 2024.

Alias «Fito» deberá enfrentar en los Estados Unidos siete cargos relacionados con tráfico de droga y armas. El 2 de abril de 2025, la Corte Federal de Brooklyn, en los Estados Unidos, presentó una acusación formal contra alias «Fito» y lo señaló como un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional. «Al liderar la red de sicarios y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un grave daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”.

Según se alegó en la acusación, “entre 2020 y 2025, Macías Villamar, líder de Los Choneros en alianza con el Cártel de Sinaloa en México, controlaba rutas clave de tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaba una red a gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares. La gran mayoría de la droga que traficaban Los Choneros se importaba a Estados Unidos”.

Una vez aceptada la extradición, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, deberá emitir  una sentencia aprobando la extradición, pero también deberá verificar que Estados Unidos garantice que el extraditable no será sometido a tratos crueles y degradantes.

A través de un comunicado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) informó que Estados Unidos solicitó formalmente este martes 8 de julio de 2025, la extradición de José Adolfo Macías, alias «Fito». El líder de «Los Choneros» enfrenta cargos en ese país de conspirar para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas a través de testaferros.

Según se informó, Estados Unidos presentó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, el pedido de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. El Código de la Función Judicial establece que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia es la autoridad central competente en materia de extradición.

Se trata de una extradición pasiva, es decir cuando recibe de otro Estado la solicitud formal para obtener la entrega de una persona que se encuentra en territorio ecuatoriano, para ser sometida a un proceso penal, por la comisión de un delito o para el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, emanada de una sentencia en firme dictada en observancia de las garantías constitucionales del debido proceso.

Una vez recibida la solicitud, Suing deberá verificar el cumplimiento de las condiciones previas y los principios que rigen la extradición comprobando que se trata de un delito extraditable, que se cumple con los principios de la doble tipicidad y de gravedad de la pena y que la causa se encuentra vigente tanto en el Estado requerido como en el requirente.

Como parte del proceso, deberá señalar día y hora para la realización de la primera  audiencia de comparecencia, en la que se consultará a «Fito» si conoce o no las causas por las que se solicita su extradición y si desea acogerse o no a la solicitud de extradición.

Si alias «Fito» manifiesta su voluntad para ser extraditado, se procede con el proceso simplificado y se realiza un análisis pormenorizado de cada uno de los requisitos, así como el cumplimiento de los principios básicos que regulan el procedimiento de extradición, garantizado de esta forma el debido proceso.

En caso de que se oponga a la solicitud de extradición, se celebrará la audiencia oral en la que Fiscalía General del Estado expone la solicitud de extradición; indica el cumplimiento de requisitos; y, realiza el alegato correspondiente mediante el cual solicita a la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia la entrega de la persona reclamada.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó la primera demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Inteligencia, que fue aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea y publicada en el Registro oficial el 11 de junio.

Los dirigentes sindicalistas acudieron hoy a la Corte Constitucional para presentar el recurso, en el que además solicitan se dicten medidas cautelares para que se suspenda la vigencia de la Ley mientras se resuelve la demanda.

El presidente del FUT, Edwin Bedoya, manifestó que con la Ley tratan de eliminar el derecho a pensar, a reunirse, para dar paso a un control de vigilancia a las organizaciones a pretexto de combatir a la delincuencia. «Vemos muy peligroso que quede en manos de una sola persona, en este caso el Ejecutivo, las instituciones de Inteligencia que se están creando», manifestó el presidente de turno del FUT.  El presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, agregó que el Gobierno intenta criminalizar la lucha social

La demanda de inconstitucionalidad es parcial, solo a determinados artículos. En el escrito presentado ante la Corte Constitucional aseguran que se está introduciendo una noción de seguridad distinta a la que consta en la Constitución. Además, que se desconocen las competencias diferenciadas que establece la Constitución de la República para las funciones del Estado, pues se ordena que todos los organismos y dependencias de las funciones del Estado, se sometan a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia, la que a su vez está bajo las órdenes del presidente de la República.

Los dirigentes sindicales solicitan que se declare la inconstitucionalidad de las frases «seguridad integral del Estado», «el Subsistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es responsable de generar inteligencia y contrainteligencia con el objeto de alertar, detectar,
identificar y/o neutralizar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos que puedan
comprometer la seguridad integral del Estado”, “la entrega y actualización permanente y vigente de las bases de datos e información de la cual dispone cada entidad, con el fin de identificar y alertar sobre riesgos y amenazas, coadyuvar a la soberanía nacional, la seguridad pública y del Estado”, entre otras.

Los asambleístas del Movimiento Pachakutik, aliados y opositores del Gobierno, cuestionaron la inclusión de la consulta previa libre e informada en el proyecto de Ley de forlalecimiento de áreas protegidas, cuyo primer debate se cumplió ayer en el Pleno de la Asamblea.

El proyecto tiene el carácter de urgente en materia económica y fue remitido por el Presidente de la Republica, Daniel Noboa. Pero fue en la Comisión de Desarrollo Económico, con mayoría de ADN, donde se incluyó ese articulado, con lo que se abriría la puerta a actividades extractivistas, especialmente la minería, actividad que hoy está prohibida en áreas protegidas. La consulta previa es el derecho que tienen los pueblos y nacionalidades de decidir sobre las actividades extractivistas que el Estado pretenda realizar en sus territorios.

El articulado en debate recoge la aplicación de la consulta previa, pero señala que cuando la zona identificada para el desarrollo de actividades delegadas se encuentre habitada o utilizada por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, el delegado privado deberá proponer un acuerdo formal de inclusión o beneficio con dichas colectividades, orientado a atender sus necesidades sociales, económicas o culturales. Y si no hay acuerdo se podrá autorizar la continuidad de la operación, siempre que se establezca un mecanismo sustitutivo de compensación o beneficio indirecto a favor de la comunidad.

La asambleísta de Pachakutik, Carmen Tiupul, aseguró que la propuesta de normativa tiene vacíos ya que no se puede permitir que las áreas protegidas del país queden en manos del sector privado. Tiupul dijo que es necesario el respeto a la consulta previa cuando los proyectos tienen incidencia en los territorios indígenas.

En tando que Mariana Yumbay, del mismo Movmiento, asegura que como está redactado el articulado, la opinión de pueblos y nacionalidades no tendrá ningún peso cuando se trate de proyectos extractivos que se realicen en esos territorios.

La Contraloría General del Estado informó que en aplicación a las reformas a la contratación pública, aprobadas por el Asamblea a través de la Ley de Integridad Pública, ya no emitirá el informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas  a partir del 27 de junio de este año. Con la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio en que se publicó en el Registro Oficial, se derogó esa disposición.

La Ley propuesta y aprobada por el oficialismo reforma a su vez otras 20 normativas, todas ellas en diferente materia: Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de  la Niñez, Código Monetario, Ley de Transporte, Ley de Servicio Público, entre las principales.

Desde distintas organizaciones sociales y de trabajadores se ha cuestionado que en una Ley cuyo propósito era mejorar el sistema de contratación pública se hayan reformado temas como la establidad laboral, regimen de sanciones a adolescentes infractores, expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Dirigentes de los trabajadores y de los maestros aseguraron que presentarán demandas de inconstitucionalidad. Estas son algunas de la reformas que se introdujeron:

Código orgánico de la niñez y adolescencia

Reforma todos los plazos de juzgamiento de los adoscentes infractores y en delitos graves se incrementan las penas y se ordena que, al cumplir la mayoria de edad, pasen a cárceles comunes donde se deberá adaptar espacios adecuados. En relación al juzgamiento, por ejemplo, la duración del internamiento preventivo pasará de máximo 90 días a máximo 180 días. Pero si el delito se sanciona en el Código Penal con penas superiores a los 10 años de cárcel, el internamiento preventivo podrá durar un año. La pena máximo es de 15 años de internamiento institucional si se encuentra culpable de pertenecer a un grupo armado durante la existencia de un conflicto armado interno.

Reformas al servicio público 

Sindicatos aseguran que la Ley abre paso a la inestabilidad laboral ya que se eliminó el artículo 89 de la Losep. Ese artículo garantizaba la estabilidad en los puestos y el derecho preferente a que en caso de supresión de su actual puesto, sea trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar. Las organizaciones sindicales consideran que al eliminar este artículo se abre la puerta al despido discrecional, se debilita la carrera administrativa basada en méritos pemitiendo el uso político – partidario del aparato estatal en beneficio del partido de Gobierno.

En en ámbito de la Función Judicial

Establece la declaratoria de emergencia en la Función Judicial en caso de que el presidente del Consejo de la Judicatura considere que se requieren de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía. Esta declaratoria permitirá establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales; reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia; realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales; realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. Los juristas consideran que se trata de una nueva «metida de mano a la Justicia».

Expulsión de delincuentes extranjeros 

Se incorporó un articulo que permite la expulsión a los detenidos extranjeros que hayan cometido sus delitos antes o durante el conflicto armado, para lo que no se necesitará sentencia condenatoria ejecutoriada, basta que lo determine el Ministerio del Interior. El extranjero expulsado al amparo de esta norma no podrá regresar al país en un lapso de 40 años.

Con 125 votos a favor el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de reformas al Código de la Democracia. La votación favorable provino de las bancadas de la Revolución Ciudadana, de ADN, y del grupo de Pachakutik aliado al Gobierno.

La asambleísta Rosa Torres (ADN), presidenta de la Comisión de Justicia, manifestó que la reforma incluye tres pilares fundamentales: regresar al método D´Hondt para la asignación de escaños,  el mímino de porcetaje de votos que deben obtener las organizaciones políticas para mantenerse en el tablero electoral y el financiamiento de la actividad política para evitar dinero ilícito.

Uno de los cambios más significativos es el método de asignación de escaños. Hasta las elecciones de 2025 se usaba el Webster que da paso a la inclusión de las minorías o de pequeñas organizaciones. Con la reforma vigente se aplicará el  D´Hondt que favorece a las mayorías, a las grandes organizaciones políticas.

Los asambleístas de Pachakutik, Mariana Yumbay y Álex Topanta; del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano; y los independientes Cristian Benavides y Juan Gonzaga criticaron la reforma ya que manifestaron que afecta a organizaciones locales, provinciales que se quedarán sin representación en las elecciones para dignatarios de elección popular, lo que atenta contra la Constitución que contempla una democracia representativa.

En igual sentido se pronunciaron a través de comunicados Unidad Popular y CREO. Estas organizaciones manifestaron que se han unido la Revolución Ciudadana con ADN para perpetuarse en el poder y ejercer el bipartidismo.

La tarde de este miércoles 11 de junio se publicó en el cuarto suplemento del Registro Oficial la Ley Orgánica de Inteligencia, un día después de que fuera aprobada por la Asamblea. El texto no recibió objeciones por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, por lo que la normativa entró en vigencia inmediatamente.

La Ley es cuestionada por diferentes sectores vinculados a los Derechos Humanos y a las organizaciones sociales debido que posibilita que el Sistema Nacional de Inteligencia pueda interceptar llamadas, documentos, correos fisicos o virtuales sin necesidad de orden judicial previa.

A solicitud del Sistema de Inteligencia, la empresas telefónicas tendrán que entregarle información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de sus abonados, incluyendo cualquier otra información que facilite su identificación y localización.

La normatia incluye que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna, la información requerida por el Sistema de Inteligencia cuando sea de interés para la seguridad del Estado.

El Sistema de Inteligencia estará conformado por los siguientes subsistemas:

a. Subsistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas;
b. Subsistema de inteligencia de la Policía Nacional;
c. Subsistema de inteligencia de análisis financiero y económico;
d. Subsistema de inteligencia de la Casa Militar Presidencial;
e. Subsistema de inteligencia tributaria nacional;
f. Subsistema de inteligencia aduanera;
g. Subsistema de inteligencia penitenciaria del organismo técnico del Sistema Nacional de
Rehabilitación Social, y;
h. Las demás que disponga el Presidente de la República en la normativa correspondiente

Al respecto, lo que precupa a diferentes entidades es que el director del Sistema, que será nombrado por el Presidente de la República, tendrá la facultad de nombrar a su vez a los directores de inteligencia de los subsistemas, lo que implica que tendrá amplios poderes.

La Asamblea trató en primer debate el proyecto de Ley de «Solidaridad nacional» que fue remitido por el Presidente Daniel Noboa, con el carácter de urgente en materia económica. El tratamiento de la propuesta está a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico. El proyecto que remitió el Ejecutivo se llamaba «Ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno», pero la Comisión le cambió de nombre. Sectores académicos, políticos y defensores de los Derechos Humanos han advertido de los riesgos que conllevaría la aprobación de esta propuesta. Estos son algunos puntos polémicos del proyecto:

• El objeto, ámbito y finalidad del proyecto era establecer un marco jurídico para combatir las economías criminales ligadas al conflicto armado interno. La Comisión lo cambió por el fortalecimiento de la fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policia Nacional, en el marco del conflicto armado interno.
• El conflicto armado interno podrá ser reconocido por el Presidente de la República a través de la emisión de una decreto ejecutivo en el que identifique a los grupos armados organizados y puede disponer medidas económicas y financieras necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden y proteger a la población civil y sus bienes. Este decreto ejecutivo es diferente del régimen de estado de excepción, lo que es cuestionado por algunos sectores.
• Establece la posiblidad del uso directo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden en contra de los miembros de los grupos armados organizados.
• Da la potestad al Presidente de la República de indultar a procesados penalmente por hechos relacionados con dicho conflicto, una vez concluida la investigación previa o en instrucción fiscal, etapa intermedia, etapa de juzgamiento o etapa de impugnación ordinaria o extraordinaria, sin requerir sentencia condenatoria ejecutoriada.
• Incorpora una causal más para el allanamiento, en este caso basado en un informe de Inteligencia. Estos allanamientos estarán sujetos a control posterior del juez.
• En casos de amenaza contra la seguridad del Estado y durante la existencia de un conflicto armado interno, de manera excepcional y debidamente motivada, las fuerzas del orden podrán aprehender con fines investigativos o con fines de comparecencia de personas que formen parte de un grupo armado organizado. En ningún caso, la aprehensión podrá durar más de cuarenta y ocho horas.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, inició su nuevo mandato de cuatro años con casi los mismos ministros con los que concluyó la gestión de año y medio, a raíz del mecanismo conocido como ´muerte cruzada´ que decretó el entonces presidente Guillermo Lasso.

La tarde del martes 27 de mayo de 2025, el Primer Mandatario firmó los decretos con los que oficializa la continuidad de sus funcionarios de confianza. El gabinete ratificado lo integran:

Ministerio de Gobierno, José De la Gasca: licenciado en Ciencias Políticas, máster en Criminalística y Ciencias Forenses. En el 2020 fue secretario Anticorrupción.  Fue representante de Noboa ante las Naciones Unidas.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld: ejerció como miembro del Equipo Negociador del Yasuni ITT y fue Gerente General de Quito Turismo. Tiene estudios en Finanzas, Marketing y un MBA.

Ministerio de Defensa, Gian Carlo Loffredo: Tiene 25 años de experiencia en al ámbito de seguridad; ha sido asesor, consultor y capacitador de varias instituciones nacionales e internacionales. Instructor en contraterrorismo.

Ministerio de Economía y Finanzas, Sariha Moya: economista con más de 12 años de experiencia en el sector público. Ha sido funcionaria del Ministerio de Finanzas, de la Secretaría Nacional de Planificación, del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Interior.

Ministerio del Interior, John Reimberg: tiene experiencia en la elaboración de estrategias para la prevención de amenazas en coordinación con organismos nacionales e internacionales, y en la optimización de protocolos de seguridad.

Ministerio de Educación, Alegría Crespo: ha ejercido la docencia en todos los niveles, desde preescolar hasta posgrados. También tiene experiencia en gerencia educativa. Ha participado en proyectos comunitarios en beneficio de la infancia.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque: ha trabajado en proyectos de consultoría en Ecuador y Nueva Zelanda, como asesor de ingeniería geotécnica y sísmica; fue asesor técnico del Municipio de Guayaquil.

Ministerio de Trabajo, Ivonne Núñez: tiene más de 10 años de experiencia como jueza en varias áreas. Docente, abogada, activista por la justicia, expositoria en materia de Derecho Constitucional.

Ministerio de Agricultura, Danilo Palacios: graduado como agrónomo en la Escuela Panamericana Zamorano, Presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec); CEO principal en Corporación Palmar durante 27 años, una entidad dedicada a la producción y exportación de banano, con atención social y ambiental.

Ministerio de la Producción, Luis Alberto Jaramillo: líder empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector industrial. Tiene experiencia en áreas como inversión, productividad, calidad, análisis y reingeniería de procesos. Se desempeñó como director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.

Ministerio de Energía y Minas, Inés Manzano:abogada con especialización en Derecho Ambiental; y en Administración de Empresas y Gobernanza y Liderazgo. Fue parte del Directorio del Instituto Nacional de Biodiversidad -INABIO-; miembro del Consejo Consultivo de Política Exterior; Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente; ministra del Ambiente encargada.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza: arquitecto urbanista lo que le ha permitido contribuir en el diseño, construcción y modernización de ciudades a través de edificaciones sostenibles, inteligentes y de vanguardia.

Ministerio del Deporte, José David Jiménez: fue Director Legal en la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador (UNADE). También ha sido representante jurídico ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Ha brindado asesoría jurídica a atletas de diferentes disciplinas, representantes, clubes formativos y de alto rendimiento, y federaciones nacionales e internacionales.

Ministerio de Cultura, Romina Muñoz: educadora e investigadora; ha trabajado por el espacio artístico y cultural desde la gestión e investigación. Ha realizado proyectos curatoriales en torno al arte moderno.

Ministerio de Telecomunicaciones, Roberto Kury: tiene más de dos décadas de experiencia en el campo de las telecomunicaciones y comercio exterior. Ha ocupado roles de alto nivel en gremios empresariales, fortaleciendo una visión integral del mercado y del sector de telecomunicaciones.

Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Arianna María Tanca: politóloga e investigadora. Dedicada a la asesoría política para el sector privado y la vinculación de la comunidad con la política.

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Harold Burbano:  tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe. Docente universitario, formando parte de varios proyectos de investigación y consultoría. Fue coordinador jurídico de Inredh y asesor de la Conaie.

Ministerio de Turismo, Mateo Estrella: 29 años de experiencia en el ámbito turístico y dos décadas de trabajo en el sector público, con formación avanzada en gestión de destinos turísticos, incluyendo un Máster en Gestión Estratégica Sostenible de la Universidad de Jaén, un Máster en Gestión de Destinos Turísticos de la Universidad de Cataluña, y un Máster en Antropología de la Universidad de Cuenca.

Ministerio de Salud, Bernardo Sánchez: médico de profesión, con amplia experiencia en el sector salud, es graduado de la Universidad de Las Américas y posee una maestría en Administración de Instituciones de Salud por la Universidad Andrés Bello.

Ministra del Ambiente, María Luisa Cruz: desde noviembre de 2023 se desempeñó como Viceministra del Agua. Es ingeniera en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, tiene una maestría en Evaluación  y Diseño de Programas y Proyectos y una especialización en cooperación internacional para el desarrollo.