La multa por tomar foto al voto será de entre 9.870 y 32.900 dólares ya que constituirá una infracción electoral muy grave, según lo manifestó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
El organismo electoral aprobó una resolución en la que prohibe el uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto.
Mientras que a partir de las 17:00 y durante toda la jornada de escrutinio la prohibición rige para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para llenar las actas de escrutinio.
La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales, y la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos del CNE deberán elaborar el protocolo con el objeto de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición.
La resolución se aprobó con los votos a favor de Diana Atamaint (presidenta), Enrique Pita (vicepresidente) y del consejero José Cabrera. Se abstuvo la consejera Elena Nájera.
La medida se tomó luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas presentaron un informe reservado donde aseguran que existen denuncias de que en la primera vuelta presidencial, individuos y grupos han presionado a ciudadanos para que voten a favor de determinados movimientos políticos, ofreciendo incentivos económicos, como pagos por cada voto, lo que compromete la integridad del proceso electoral.
Según los informes, se ha verificado que diversas organizaciones delictivas manipulan la voluntad popular en Guayaquil, creando un ambiente de intimidación, temor y violencia.
De acuerdo a las autoridades electorales, la prohibición para el uso de celulares se activa desde el momento en que el ciudadano entrega su cédula en la Junta Receptora del Voto, hasta que el documento le es devuelto una vez que ha ejercido su derecho al voto. Los miembros de las Juntas no podrán usar el celular mientras dure el proceso de escrutinio. Sin embargo, los miembros de la fuerza pública no podrán decomisar los celulares ni detener a los infractores. Además, las autoridades aclararon que sí se puede ingresar a los recintos con los dispositivos.

«Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial. Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes», es el mensaje que el presidente de la República, Daniel Noboa, publicó la mañana de este 7 de marzo de 2025 en su cuenta X.
Lo hizo al día siguiente de que 22 personas fueron asesinadas en un ataque armado en Socio Vivienda, La Casuarina y Entrada a la 8, distrito Nueva Prosperina, Guayaquil.
Es una de las peores masacres ocurridas en un barrio ecuatoriano. Según la Policía, varias de las personas asesinadas registraban antecedentes penales por robo, tráfico de droga, tenencia y posesión de armas. De manera preliminar el hecho se trataría de un conflicto entre dos facciones del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones por beneficios de las economías criminales que se disputan en estos sectores.
El hecho violento generó que la Policía organice el operativo denominado “Intervención Nueva Prosperina”, que dejó como resultado la aprehensión de 20 sujetos, quienes pertenecerían al Grupo Armado Organizado «Los Tiguerones», cuatro de ellos son adolescentes y varios indicios vinculantes a estos hechos delictivos.
Durante la intervención se allanaron varios inmuebles en diferentes sectores de Guayaquil, que presuntamente serían habitados por integrantes de ese grupo delictivo. Esto con el fin de combatir las actividades ilícitas realizadas por grupos armados organizados.
Por su parte, a través de un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pidió a los militares que no les tiemble el pulso. «Hoy nos encontramos en la línea de combate no solo como soldados de tierra, mar y aire, sino como defensores del pueblo ecuatoriano», consta en el texto. Agrega que el enemigo al que enfrentan no tiene honor, no respeta la vida y no conoce la justicia. «No permitiremos que el crimen organizado siga sembrando miedo en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros barrios». El comunicado asegura que lo que está en juego son la seguridad de las familias, el futuro de los hijos y la paz del Ecuador.

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, acudió hoy a la Asamblea para ratificar su pedido de que se fiscalice a funcionarios que, según su criterio, han impedido que ejerza el cargo para el cual fue electa en las urnas como binomio del Presidente Daniel Noboa.

La segunda mandataria acudió al Legislativo al día siguiente de que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, le suspendió por dos años sus derechos de participación política, lo que le impide ejercer cargo público, por violencia política de género en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld.

La vicepresidenta cuestionó la validez de la sentencia al señalar que se actuó sin pruebas;  pero dijo que es un distractor, una cortina de humo para que la ciudadanía se olvide de los problemas que tiene el país y por los que debe responder Noboa.

En este sentido mencionó casos pendientes por resolver como «Las Malvinas», «Petronoboa», «campo Sacha», «chalecos de las Fuerzas Armadas», entre otros. «Eso es lo que los ecuatorianos tenemos que cuestionar, no dejar que nos desvíen la atención con cosas que son importantes pero que ya sabíamos que iban a venir», dijo.

Su abogada, Dominique Dávila, manifestó que si bien la suspensión de derechos políticos consta en el Código de la Democracia, no es aplicable al Presidente y Vicepresidente de la República ya que opera otro tipo de nomativa para sancionarlos.

La sanción

Además de suspenderle los derechos políticos de participación, el juez electoral impuso a Abad una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados (14.100 dólares); que dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de ejecutoriada la sentencia ofrezca disculpas públicas a Sommerfeld mediante una publicación en un diario de amplia circulación a nivel nacional.

Ortega dispuso que la sentencia sea notificada al Ministerio de Trabajo para que establezca el impedimento de ejercer cargo público, y al Consejo Nacional Electoral para que inscriba la suspensión de los derechos de participación de Abad y le excluya del Registro Electoral por el tiempo de dure la sanción impuesta.

ANALISIS

Escrutado el 92,28 % de actas válidas  existe un empate técnico entre el candidato-presidente Daniel Noboa, de ADN, y Luisa González, de la Revolución Ciudadana tras las elecciones presidenciales que se cumplieron ayer a escala nacional. Las narrativas de los candidatos llevaron  a una polarización estigmatizada entre el correismo y el anticorreismo.

Hasta el momento el presidente Daniel Noboa se enmarca como el triunfador de la primera vuelta electoral con un margen mínimo de votos a su favor. Sin embargo, dentro del ambiente político y ciudadano existe una impresión de derrota del actual gobierno; quien a través de la utilización de todos los medios del Estado no configuró una ventaja sobre la candidata opositora, sumando a esto el silencio sepulcral que genera más incertidumbre en el ambiente.

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La segunda vuelta se vuelve más complicada para el Primer Mandatario, que para Luisa González que atravesó el techo de votantes en las dos últimas elecciones, permitiendo fragmentar posturas sólidas del anticorreismo, lo que permitiría tener una ventaja sobre Noboa, ya que existe dos aristas importantes que analizar:

• La ciudadanía voto por Noboa, gran parte por el anticorreismo férreo, y otro porcentaje responde electores que buscan darle una nueva oportunidad y buscar nuevos rostros políticos; sin embargo si Noboa no da un giro a su postura confiada y para muchos dictatorial podría quedar al margen en la segunda vuelta electoral, ya que tendrá que conseguir los pocos votos que quedan disponibles con organizaciones políticas que rompió relaciones (PSC, CREO, CONSTRUYE). Quedando solo los votos de Andrea Gonzales del PSP, votos que son resultado del anticorreismo absoluto.

• Por otra parte la Revolución Ciudadana está encabezando el otro polo político en el país; ya que  sobrepasaron un techo de votos que habría sido esquivo en las últimas elecciones, y estarían más cerca de ganar la segunda vuelta, siempre y cuando González busque agregar adhesiones, como las de (IZA, JAIRALA, KRONFLE, RABASCAL, GRANJA), donde la votación se vuelve clave para el próximo ballotaje, donde esos votos serían claves y más fácil negociarlos.

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Pese a que los votos no son endosables, todo depende de las alianzas políticas que se generen para adherir esos votos ya que los líderes de estas organizaciones políticas podrían incidir en la votación final.

Con 4 votos a favor y un voto salvado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó en segunda instancia la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Vielka Párraga (suplente).

Los ahora exconsejeros fueron sancionados por incurrir en una falta electoral muy grave cuando fueron candidatos a ocupar esta dignidad de elección popular en los comicios de febrero del 2023, al presentarse como los candidatos de la «Liga Azul», con clara identificación política con el correísmo y su líder Rafael Correa.

La decisión se tomó con los votos de los jueces electorales Guillermo Ortega (ponente), Ivonne Coloma, Joaquín Viteri Llanga y Ana Abril; el voto salvado (en contra) fue de Richard González. Como parte de la sentencia se ordenó que cada uno de los consejeros destituidos pague una multa equivalente a 31.500 dólares y que se les suspenda los derechos políticos por cuatro años.

Según el fallo, los entonces candidatos de la «Liga Azul» realizaron proselitismo en la campaña para llegar al cargo, lo que está prohibido por la normativa, por lo que no se garantizó la neutralidad que se necesita para ejercer sus funciones.

La denuncia fue presentada por los activistas Pamela Troya y Santiago Bechdach, este último candidato al Parlamento Andino en las elecciones del 9 de febrero de 2025.

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la «Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos», promulgada como Decreto Ley por el Presidente de la República, Daniel Noboa, el 9 de diciembre de 2024.

En su sentencia, el Pleno de la Corte determinó que el Artículo 140 de la Constitución prevé que el trámite para la presentación, discución y aprobación de un proyecto de Ley urgente en materia económica será el ordinario , excepto en los plazos, por lo que la Asamblea está facultada para mocionar y aprobar su archivo durante el primer debate sin que exista una obligación constitucional de agotar un segundo debate en todos los casos.

La Corte considera que se ha constatado que la Asamblea resolvió expresamente negar y archivar el proyecto de Ley, dentro del plazo de 30 días, por lo que Noboa no estaba habilitado para promulgar ni disponer su publicación en el Registro Oficial de la también conocida como «Ley Antipillos», como lo promocionó el propio Gobierno.

La Ley, según la sentencia, tiene un vicio de inconstitucionalidad por la forma que es insubsanable y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. La Corte aclara que se mantiene intacta la potestad constitucional del Presidente de la Repúbica de iniciativa legislativa para presentar un nuevo proyecto de Ley, si así lo estima pertinente.

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 del Acuerdo con el que el Ministerio de Trabajo procedió a suspender por 150 días en el ejercicio de su cargo a la Vicepresidenta de la República, Verónica Abad. La decisión fue adoptada por la mayoría del Pleno de la Corte, con los votos salvados de las juezas Carmen Corral Ponce, Teresa Nuques Martínez y del juez Enrique Herrería Bonnet.

La Corte determinó que la aplicación del Acuerdo Ministerial para justificar el inicio de un sumario administrativo en contra de un funcionario público de elección popular de la Función Ejecutiva, el caso concreto de Abad, por el posible cometimiento de faltas graves y cuyas únicas sanciones posibles consisten en la suspensión o destitución del cargo, es incompatible con el derecho al debido proceso en la garantía de ser juzgado por una autoridad competente.

La Corte resolvió absolver la consulta de norma presentada por la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del proceso de acción de protección iniciado por Verónica Abad, vicepresidenta de la República, en contra del Ministerio del Trabajo por el inicio del procedimiento sumario administrativo.

La Corte señala que la Constitución establece causales taxativas de cesación de funciones y de destitución de la o el presidente y vicepresidente de la República, entre las cuales no se incluye a los procedimientos por sumarios administrativos.

Además, que la Constitución reconoce el derecho a elegir y ser elegido ya que las autoridades administrativas no tienen la competencia para limitar este derecho a través de
inhabilitaciones, suspensiones o destituciones de funcionarios públicos de elección popular.

10 sentenciados en el caso «Metástasis» ofrecieron disculpas públicas por haber cometido delitos que afectaron la confianza en el sistema de Justicia. Las disculpas públicas son parte de la sentencia a las que fueron condenados tras someterse al procedimiento abreviado. La audiencia se cumplió en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y estuvo presidida por el juez nacional Manuel Cabrera. Los sentenciados que ofrecieron disculpas públicas son:

Mayra Salazar, Hélive Angulo, Emerson Curipallo, Richard Gaibor, Genaro García, Lenín Mazón, Cristian Sánchez, Héctor Paredes, Álex Palacios y Cristian Chauca. Ellos reconocieron haber formado parte o haber colaborado con  la estructura criminal que estuvo liderada por el narcotraficante Leandro Norero, alias «Patrón», asesinado en la carcel de Latacunga durante un motín.

El juez de la audiencia se reunió en privado con los sentenciados y sus abogados; y con los representantes de la Procuraduría y de la Fiscalía para acordar los términos de las disculpas.  Cada sentenciado ofreció por separado las disculpas públicas, reconoció el delito cometido, explicó el rol que desempeñaba en la banda de Norero, las misiones que cumplían y los beneficios econonómicos que  obtuvieron. Además, se mostraron arrepentidos de haber cometido esa serie de delitos.

Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Justicia del Guayas, aceptó que colaboró con la organización criminal y que tuvo contacto directo con Norero. Aseguró que su rol era identificar jueces dispuesto a recibir dinero y dádivas a cambio de emitir fallos favorables.

Por su parte el exjuez Curipallo informó que estuvo a cargo de los casos de dos delincuentes conocidos con los alias de ‘Juyuyuy’ y ‘Madrid’, sicarios a órdenes de Norero. El exjuez reconoció que les dejó en libertad a través de acciones ilegales planificadas por uno de los líderes de la organización criminal.

Abelardo Albornoz, representante de la Procuraduría General del Estado, dijo que se aceptaban las disculpas de los sentenciados como un llamado a la reflexión para cada uno de los ciudadanos para que no cometan actos de corrupción.

Desde este 5 de enero hasta el 6 de febrero de 2025 se cumplirá la campaña electoral con miras a las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. Ese día los ecuatorianos habilitados para sufragar acudirán a las urnas para elegir un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. De los 151 legisladores que se escogerán, 15 son nacionales, 130 provinciales y seis por el exterior.
El incremento de número de asambleístas en relación a los 137 actuales se debe a la actualización de la información del Censo de Población y Vivienda 2022 remitida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el incremento de 14 asambleístas provinciales para las siguientes elecciones.
Las provincias que registran incremento de legisladores son: Azuay pasa de cinco asambleístas a seis; Esmeraldas de cuatro a cinco; Guayas de 20 a 24; Manabí de 9 a 10; Morona Santiago de 2 a 3; Orellana de 2 a 3; Pichincha de 16 a 19 legisladores; Santa Elena de 3 a 4; y Tungurahua de 4 a 5 legisladores.
Para este proceso electoral están convocados a las urnas 13´736.315 ecuatorianos: 13´279.830 en territorio nacional y 456.485 en el exterior, donde el voto es facultativo. De acuerdo al informe del CNE, serán 40.791 juntas receptoras del voto las que se instalen en todo el país; y 692 juntas en el exterior.

La polémica campaña

La campaña que se avecina está marcada por interpretaciones de la normativa electoral. El Presidente de la República, Daniel Noboa, busca la reelección y el debate está en si debe pedir o no licencia sin sueldo para dedicarse de lleno al proselitismo político. El oficialismo asegura que al ser su periodo de Gobierno producto de elecciones anticipadas para completar el tiempo de mandato que le quedaba al expresidente Guillermo Lasso, no puede considerarse como relección, por lo que no tiene que pedir licencia. La oposición en cambio asegura que sí debe pedir licencia para participar en la campaña en igualdad de condiciones con el resto de candidatos.
La misma polémica se reproduce en la Asamblea donde los legisladores de la bancada oficialista no han solicitado licencia a pesar de que varios de ellos buscarán la reelección. Al contrario de legisladores de otras bancadas que ya han presentado la solicitud de licencia para poder dedicarse de lleno a la campaña.
El Pleno de la Asamblea está convocado para sesionar este sábado para que resuelva sobre la licencia sin remuneración de los funcionarios públicos de elección popular que son candidatos a la reelección de su cargo.

La bancada del Partido Social Cristiano considera que todos los asambleístas que optan por la relección deben pedir licencia conforme lo estipula el Código de la Democracia, pero que la resolución  que tome el Pleno no es mandatoria para el Presidendente de la República:

Mientras que el bloque de Construye indicó en un comunicado que el Presidente Daniel Noboa es el primero en incumplir la ley por lo que en la sesión del Pleno presentarán la moción de resolución para conceder licencia obligatoria a todos los legisladores que se han postulado como candidatos y para exigir a Noboa que solicite licencia durante la campaña electoral:

Por su parte la bancada oficialista calificó de «intento golpista» la posiblidad de que la Asamblea quiera obligar a Noboa que tome licencia para, dice ADN, tomarse el poder a través de la Vicepresidenta Verónica Abad:

Con la destitución de Juan Esteban Guarderas como vocal del Consejo de Participación Ciudadana, le corresponde ocupar esa vocalía a Eduardo Franco Loor, quien en su momento ejerció la defensa del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, en el Gobierno de Rafael Correa. De esta manera el Consejo de Participación  Ciudadana tendrá una mayoría afin al correismo ya que además de Franco Loor, se han identificado con ese movimiento político los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz.

El propio Gobierno, a través de las redes sociales, expresó su preocupación por esta reconformación de fuerzas en el organisno que entre sus tareas pendientes está la de designar al nuevo Fiscal General del Estado, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, y a las autoridades del Consejo de la Judicatura, entre otros.

Guarderas fue destituido el viernes por el Pleno de la Asamblea tras el juicio político que se cumplió en su contra. 70 legisladores votaron a favor de la censura y destitución del funcionario. El juicio político fue impulsado por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, por incumplimiento de funciones.

En su intervención, Herrera dijo que el interpelado actuó en función de intereses particulares durante el ejercicio de su cargo, por lo que aseveró que incumplió sus funciones. Lo hizo responsable de violación del deber de reserva y protección; abuso de poder y uso indebido de recursos públicos; tráfico de influencias y violación de independencia judicial; y, falsificación de firma.

Por su parte Guarderas indicó que detrás de la destitución hay un intento de la Revolución Ciudadana por controlar el Consejo de Participación Ciudadana para colocar a sus partidarios en puestos claves de las funciones del Estado.