Los presidentes de Ecuador y Perú, Daniel Noboa y José Jerí, respectivamente, suscribieron la Declaración Presidencial de Quito 2025, al concluir el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional que se cumplió este viernes 12 de diciembre en la capital ecuatoriana. Los mandatarios se reunieron en el Palacio de Carondelet y al final de la jornada descataron los compromisos logrados para combatir la delincuencia organizada  transnacional en la línea fronteriza binacional y la mineria ilegal.

“Los criminales y quienes buscan hacer el mal siempre encuentran la forma de unirse. Quienes hacemos las cosas bien, quienes buscamos el bienestar de los ciudadanos, debemos encontrar la mejor forma de trabajar juntos para sacar adelante a nuestros pueblos, generar empleo, brindar seguridad y dar tranquilidad a las familias”, señaló Noboa.

Por su parte el mandatario peruano reafirmó el compromiso de su país con el diálogo y la ejecución de los compromisos asumidos, destacando la importancia del Gabinete Binacional como un mecanismo eficaz para consolidar una relación basada en la confianza y el beneficio mutuo. “Es el momento de llevar nuestras relaciones bilaterales a un nivel más alto, aprovechando la experiencia de nuestros gobiernos con la juventud”, indicó.

Acuerdos en materia de seguridad

Además, acordaron temas como el apoyo mutuo en los recientes incendios forestales, mecanismos binacionales de gestión de desastres, simulacros en frontera para mejorar los protocolos, acciones sociales para el desarrollo en comunidades vulnerables, avances hacia cooperación bajo el modelo PIAS (Plataforma Itinerates de Acción Social) llevando servicios del Estado a zonas aisladas.

Los ministros de Defensa de ambos países manifestaron que una frontera segura se construye con coordinación, institucionalidad y confianza mutua, por lo que reafirmaron su voluntad de trabajar juntos, fortalecer la seguridad, impulsar acciones sociales y velar para que la frontera binacional sea un espacio seguro y de desarrollo para las familias de ambos países.

La abstención en la votación de los seis legisladores oficialistas que integran la Comisión de Fiscalización, impidió que se calificara a trámite la solicitud de juicio político que presentaron los asambleístas del correísmo Franklin Samaniego, Luis Molina y Eliana Correa en contra del exministro de Salud de este Gobierno, Jimmy Martin.

La solicitud cumplía con todos los requisitos conforme se desprende del informe del Consejo de Administración Legislativa (CAL), por lo que votaron a favor los correístas Janeth Bustos, Ana Herrera, Fricson George y Nanki Saant. Se abtuvieron los legisladores de ADN Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, José Nango, María Paula Villacreses, Luigi García y Fabiola Sanmartín.

Herrera, quien propuso la moción para que se avoque conocimiento y se inicie la sustanciación del juicio político contra el exfuncionario oficialista, indicó que hay motivos suficientes para que Martin responda por el incumplimiento de funciones que ha llevado a la crisis del sistema de salud público: «Más que un tema político es un tema ciudadano. Basta salir a las calles y preguntar a la gente si tienen medicinas, si han sido atendidos, si son tratados de manera adecuada, si reciben medicamentos», argumentó la legisladora.

El presunto incumplimiento de funciones estaba relacionado con desabastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, falta de pago a prestadores de servicios externalizados y a clínicas privadas de diálisis, así como falta de ejecución presupuestaria.

Al no haber alcanzado los votos necesarios para que continúe el trámite, la propuesta de juicio político quedó en el limbo. Los proponentes del proceso manifestaron que la Comisión de Fiscalización vuelve a ser la comisión de archivo.

Por su parte la bancada oficialista a través de un comunicado expresó que el país necesita decisiones responsables, no espectáculos. ADN asegura que la prioridades son enfrentar a las mafias enquistadas en el sistema sanitario y que censurar a un exfuncionario no ayuda en nada a la gente.

Este 8 de diciembre se cumple un año de la desparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, conocidos como Los 4 de las Malvinas. Hace un año los cuatro menores de edad fueron desaparecidos tras un operativo por parte de militares de la FAE que cumplian labores de patrullaje. Sus cuerpos fueron localizados sin vida el 24 de diciembre de 2024, con signos de tortura e incinerados, en las inmediaciones de una base militar en el poblado de Taura, en la provincia de Guayas.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra 17 militares por su posible participación en los hechos y fueron llamados a juicio donde se han escuchados versiones de que los niños fueron torturados, golpeados, desnudados, abandonados. La Fiscalia ha pedido 34 años de  prisión para los 17 militares procesados.

Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de INREDH, afirmó que los cuatro niños fueron víctimas de desaparición forzada, ya que se cumplen los tres elementos que configuran este delito: fueron privados de libertad, existió falta de información por parte de las autoridades y los hechos fueron cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

García afirmó que no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de militarización, racismo estructural y abuso de poder que afecta principalmente a jóvenes afrodescendientes y sectores populares. «Esto muestra que existe un racismo estructural», aseguró Garcia.

Fernando Cerón, presidente de la Casa de las Culturas Ecuatoriana, indica que es un llamado de atención a la sociedad ya que se trata de cuatro niños empobrecidos, racializados. «Estamos en una sociedad profudamente racista, clasista donde incluso llegamos a escuchar y posicionar discursos como que los chicos estuvieron haciendo actos delictivos, como si se merecieran lo que les pasó y eso evidencia que todavía tenemos una sociedad a la que la falta comprenderse en la complejidad y diversidad que tenemos», dijo Cerón.

Galería 

A lo largo de este 8 de diciembre se realizaron actos en memoria de los cuatro niños victimas de desparción forzada a cargo de militares.  Aquí una muestra de los eventos en Quito.

La fiestas de Quito terminaron y en lo político deja como balance la confrontación que desde el discurso mantuvieron el Presidente de la República, Daniel Noboa, y el Presidente de Asamblea, Niels Olsen, los dos de ADN, con el alcalde Quito, Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana.

Tras una permanente pugna entre el Gobierno y el Municipio de Quito, la semana pasada la situación conflictiva se ahondo entre las dos instancias en el marco de las celebraciones por el aniversario 491 de fundación de la capital.

Durante una «auto serenata», Noboa dijo desde el balcón de Carondelet que habían malos funcionarios que no hacen respetar a Quito, por lo que pronto se irán, ya que los quiteños podrán escoger una mejor autoridad en las seccionales de 2027.

Días después fue Olsen el que criticó la gestión del alcalde de la capital. Durante la sesión solemne que cumplió la Asamblea en homenaje a Quito, el titular de la Legislatura manifestó que la ciudad enfrenta desafíos como barrios que esperan mejores servicios, familias que desean estabilidad, movilidad moderna y una realidad social que pide redoblar esfuerzos.

«Quito merece autoridades que trabajen con más coordinación, con más visión, y más colaboración», manifestó Olsen, en clara alusión a la gestión de Muñoz.

La respuesta del alcalde 

Pabel Muñoz respondió a la críticas desde dos eventos de festejo a la capital. En el primero, desde el mercado Mayorista, informó que los retrasos en la entrega de recursos del Gobierno Central llegaron a sumar 180 millones de dólares y que aun así las obras continúan en la urbe.

Sobre el avance del Metro y a las gestiones para su extensión hacia La Ofelia y, posteriormente, hasta Calderón, obra que Noboa confirmó que apoyará siempre y cuando el alcalde cumpla su parte, Muñoz dijo que los estudios están listos, pero que las trabas administrativas han complicado la continuidad del proceso.

Su siguiente respuesta fue en el marco de la sesión solemne organizado por el Municipio. Advirtió que se está dando una “política del desgaste” dirigida contra la ciudad y su administración. Reiteró que desde el Gobierno Central hay trabas a proyectos estratégicos, impedimentos para que la aduana libere los trolebuses y la paralización de procesos municipales en el SERCOP.

«Una autoridad nacional llegó a insinuar que yo sabía de un sabotaje en una planta de agua. No han parado un solo día en su plan de distraernos. Hasta impulsaron una revocatoria fallida, pero el pueblo de Quito no comió cuento», indicó.

A pesar de haber recibido la invitación, Noboa no asistió al evento conmemorativo ya que se encuentra cumpliendo agenda internacional. En su representación acudió la vicepresidenta María José Pinto, quien abandonó la sesión a los pocos minutos de iniciado el evento y antes del discurso de Muñoz.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, recibió la serenata con motivo del aniversario de la Fundación de Quito por parte de colectivos ciudadanos que se organizaron para cumplir este evento tradicinal de las fiestas capitalinas.

La serenata quiteña es parte de los actos con que el Municipio celebra a Quito, pero esta vez no se pudo concretar debido a observaciones a los contratos por parte del SERCOP, por lo que la posta la tomó el Ministerio de Gobierno a través de diferentes ciudadanos.

Desde el balcón del Palacio de Gobierno, Noboa aprovechó la oportunidad para criticar la gestión del Alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a quien acusó de ser un mal funcionario que quiso boicotear esta serenata.

En un corto discurso de tinte político en  contra de Muñoz, el Primer mandatario dijo a los quiteños que se concentraron en la Plaza de la Independiencia que pronto podrán escoger una mejor autoridad. La elección de autoridades seccionales deberá cumplirse en el 2027.

Noboa señaló que como homenaje a la capital en su aniversario de fundación contruirá el museo nacional, la torre oncológica y apoyará la extensión del Metro de Quito hacia el norte, siempre y cuando el alcalde que no cumple, cumpla su parte.

Noboa estuvo acompañado en el balcón de Carondelet por sus ministros y reinas de varias delegaciones. Por los bajos del Palacio de Gobierno desfilaron delegaciones de colegios con sus bandas de paz y bastoneras, grupos de danza y de asociaciones de jubilados.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados oficiales y definitivos de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre. Las organizaciones políticas no presentaron recursos administrativos o contencioso electorales por lo que los resultados quedaron en firme. El pronunciamiento en las urnas refleja el siguiente resultado:

1. «¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?»

RESULTADOS: SI 4′136.617 votos (39,18 %)  NO 6′422.640 votos (60,82 %)

2. «¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?»

RESULTADOS:  SÍ  4′392.748 votos (41,7 %)    NO 6′142.188 votos (58,3 %)

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?»

 RESULTADOS: SÍ  4′875.201 votos (46,29 %)       NO 5′657.133 votos (53,71 %)

4. “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”

RESULTADOS: SÍ 3′924.787 votos (38,2 %)     NO 6′350.431 votos (61,8 %)

El lunes el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios inició las conversaciones con los trabajadores y los empleadores para definir el incremento del salario básico unificado que regirá para el 2026. El salario básico se ubica actualmente en 470 dólares y cada año debe ser fijado y revisado, según consta en la Constitución.

En el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios están representados los tres sectores: Gobierno, trabajadores y empleadores. El Ministro del Trabajo, Harold Burbano, manifestó que hasta el 20 de diciembre habría una decisión final y que los parámetros de incremento en base a los estudios macroeconómicos podría oscilar entre los 10 y los 20 dólares.

Para la nueva fijación salarial se recopilará información sobre la inflación proyectada de los años 2025-2026 del Ministerio de Economía y Finanzas; el crecimiento económico proyectado 2025-2026 del Banco Central del Ecuador; la proyección de indicadores de empleo 2026 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y los datos correspondientes a los afiliados que cobran el Salario Básico Unificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Si empleadores y trabajadores no llegan a un acuerdo, será el Gobierno el que fije de manera unilateral el monto del incremento.

Las perspectivas

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) considera que el incremento debería ser de 105 dólares, para que el salario básico pase de 470 a 575 dólares. El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, parte del FUT, aseguró que es un incremento que responde a la realidad y a las medidas que el Gobierno ha tomado, como por ejemplo el incremento del IVA en tres puntos.

Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apoya el diálogo con el Ministerio de Trabajo por la apertura dada a los trabajadores y concuerda que el incremento debería ser entre los 16 y los 20 dólares. Y cuestionó la sugerencia del FUT: «Hay que ser realista con la situación que vive el país. No entiendo cómo pueden decir ciertos sectores que el incremento debe ser de 150 dólares. Lo único que eso provocaría son despidos masivos», dijo el dirigente sindical.

El presidente Daniel Noboa cumplió ayer dos años desde que asumió por primera vez el mando del país un 23 de noviembre de 2023. Noboa llegó a Carondelet para terminar el periodo presidencial de Guillermo Lasso, quien se fue a medio período al aplicar la muerte cruzada por la crisis política que vivió su mandato. Noboa obtuvo la reelección para el período 2025 – 2029.

En estos dos años de gestión, Noboa ha tenido que enfrentar los apagones, la violencia del crimen organizado,  la crisis del sistema de salud público, una justicia cuestionada, entre otros aspectos. Para combatir estas situaciones no ha dudado en incrementar el IVA en tres puntos porcentuales, decretar estados de Excepción, militarizar las cárceles y proponer cuestionadas reformas normativas.

A través de las redes sociales, Noboa y su equipo de gobierno aseguró que en estos dos años ha logrado que el riesgo país baje de 1.915 a 677 puntos; la inflación del 1,93% anual al 1,24% anual; la pobreza del 27% al 24%; la desnutrición crónica infantil del 20,1% al 19,3%, entre otros indicadores.

Los criterios de la oposición 

Sectores de oposición legislativa tienen otra óptica de lo que ha sido la gestión de Noboa en estos dos primeros años.  El asambleísta correísta Franklin Samaniego asegura que ha gobernado con prepotencia, que no ha tendido puentes con ningún sector y que su característica es la falta de diálogo con los diversos sectores sociales y políticos.

Mónica Alemán, también del correísmo, tiene el mismo criterio. Alemán asegura que Noboa ha cerrado las puertas a toda posibilidad de acercamiento con la oposición y que eso se reflejó en el manejo del paro nacional indígena. Por eso destaca los resultados de la consulta popular, donde Noboa perdió en los cuatro tema consultados en las urnas. «Debería ser un sacudón, una autoreflexión de lo que ha sido su gobierno», dijo la legisladora.

Wilson Toainga, quien se venía desempeñando como Fiscal General del Estado Subrogante, renunció de manera irrevocable al cargo que ocupaba desde abril 2019. Además, Toainga se mantuvo como fiscal encargado en reemplazo de Diana Salazar desde el 21 de mayo de 2025.

En un comunicado de la Fiscalía dirigida a la ciudadanía, Toainga recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana le designó como fiscal subrogante para el período abril 2019 – abril 2025 y que cuando concluyó su periodo se mantuvo en funciones prorrogadas desde mayo de este año en virtud de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado.

«He desempeñado mis funciones con el profesionalismo y la responsabilidad que me han caracterizado durante los 24 años que he formado parte de la Fiscalía General del Estado, dedicado a tiempo completo a mis actividades de investigación y litigio tanto en los casos de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), como en los caso de fuero de la Corte Nacional, mismos que son  de alta complejidad y connotación con audiencias que han llegado a durar hasta 32 días -incluidos fines de semana y feriados-, con  jornadas que han alcanzado 10 o 22 horas diarias, siempre en observancia de los principios que rigen el sistema procesal penal», según Toainga.

El exfiscal argumenta que ha transcurrido un tiempo prudencial de prórroga de funciones sin que el Consejo de Participación Ciudadana haya designado a los autoridades de la institución, por lo que para evitar que su prórroga sea mal interpretada o se torne ilegítima, prefiere dar un paso al costado y presentar su renuncia irrevocable al cargo.

Su reemplazo 

Con su renuncia es Carlos Alarcón quien queda al frente de la institución como fiscal subrogante. El Consejo de la Judicatura le designó por unanimidad el 3 de octubre de 2025 para que reemplace a Toainga en caso de ausencia temporal o definitiva.

Alarcón es magíster en Derecho Penal por la Universidad de las Américas, con especialización en criminalidad compleja y en justicia indígena de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes.

Fue agente fiscal en Quinindé (Esmeraldas), fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ha actuado en los últimos meses como Fiscal encargado por la ausencia temporal de Toainga.

A través del decreto ejecutivo 228, el Presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Nataly Morillo como Ministra de Gobierno. Morillo fue hasta este jueves 20 de noviembre  asambleísta por ADN y una de las militantes más activas para promocionar el SÍ a la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre.

Su nombramiento se da luego de que el primer mocionado, el radiodifusor Álvaro Rosero, declinó la invitación para colaborar con el Gobierno desde esa Cartera de Estado por la serie de cuestionamientos que generó su nombre, entre ellos, el tener impedimento para ejercer cargo público.

Para Mishel Mancheno, jefe de la bancada oficialista, Morillo tiene toda la capacidad para asumir este nuevo reto y confía en que sea la persona que pueda tender puentes entre el Ejecutivo y los sectores políticos y sociales del país.

Sin embargo, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, considera que la exasambleísta representa al ala dura del anticorreísmo y es una demostración de que Noboa se mantiene fiel a su estilo de gobernar sin escuchar a otros sectores, a pesar de los resultados de la consulta popular, donde perdió en las cuatro preguntas que propuso.

La trayectoria 

Aunque sus compañeros de movimiento definen a Morillo como una de las militantes más convencidas del proyecto político propuesto por ADN, su trayectoria política la inició de la mano del movimiento Construye. En el 2023 fue asambleísta alterna de Patricio Carrillo, que ganó una curul por esa agrupación.

Como Carrillo no pudo asumir como asambleísta ya que estaba vigente una sanción por haber sido censurado por la Asamblea debido a su gestión en el Ministerio del Interior, Morillo se principalizó y actuó con ese movimiento hasta julio de 2024.

Al separarse de Construye actuó como legisladora independiente pero cercana a ADN,  movimiento con el que participó en la elecciones de 2025, donde ganó la curul por Pichincha.