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Ecuador se consolida como aliado estratégico de Estados Unidos

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El presidente de la República, Daniel Noboa, recibió hoy en el Palacio de Gobierno al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para concretar acuerdos bilaterales en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la seguridad en América Latina.

En materia de seguridad y lucha contra el narcoterrorismo, Estados Unidos designó a “Los Tiguerones” como una organización terrorista extranjera, la cual se añade a las bandas narcoterroristas que ya estaban dentro de esta lista. “Esta alianza entre nuestros países es importantísima. No tenemos mejor aliado en la región, en términos de enfrentarse a lo que es la amenaza criminal transnacional. Estábamos acostumbrados a redes que operaban en un territorio nacional, ahora lo que vemos es una red de grupos terroristas, que están atacando país tras país y que están amenazando el Estado, la seguridad. Y para tratar con una amenaza transnacional hace falta una coalición de países”, expresó Rubio.

El funcionario aseguró que solicitará al Congreso de su país que asigne a Ecuador 45 millones de dólares para lucha antinarcóticos y que 10 millones están destinados al combate de la minería ilegal.

En materia de extradiciones, se entregó un texto de esta propuesta que amplía el marco de los delitos extraditables: crimen organizado transnacional, terrorismo, corrupción y delitos fiscales. Se espera la firma de este nuevo tratado para reafirmar el compromiso de la lucha contra la impunidad.

En lo logístico se espera la donación de un tercer buque, el cual permitirá a la Armada del Ecuador realizar controles más efectivos contra el narcotráfico, luego se entregaràn cinco buques adicionales para una total de 12, dijo Rubio.

“Ecuador se posiciona hoy como un socio estratégico, confiable, que abre puertas al comercio hemisférico en distintos sectores; para poder trabajar en conjunto con los Estados Unidos. Esta no es sólo una alianza diplomática, no es a corto plazo, nuestra relación con Estados Unidos la ambicionamos a largo plazo, porque nuestras naciones van más allá de una coyuntura política, se nutren de valores democráticos compartidos”, dijo el canciller Roberto Kury.

El presidente Daniel Noboa entregó a Rubio la condecoración de la Orden Nacional “Al Mérito” en el grado de Gran Cruz como reconocimiento a su gestión y apoyo al Ecuador en el progreso de la agenda bilateral.

«Desde el lado de Ecuador hemos logrado trabajar en conjunto con los Estados Unidos para darle más paz, más salud y más libertad a todo el continente. Secretario Rubio, ha llevado un liderazgo importante y diferente buscando mejorar la vida de los pueblos, buscando darle seguridad. Estoy honrado de tenerlo en el país”, expresó Noboa.

Pasaje urbano en Quito costará 40 centavos desde enero de 2027

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Con 14 votos a favor y seis en contra, el Concejo Matropolitano de Quito aprobó la ordenanza que permite el incremento del pasaje de transporte urbano de 35 centavos de dólar a 40 centavos de dólar a partir del 1 de enero de 2027.

Votaron a favor de la aprobación de la ordenanza Adrian Ibarra, Cristina Lopez, Darío Cahueñas, Diana Cruz, Diego Garrido, Emilio Uzcátegui, Estefanía Grunauer, Fernanda Guillén, Fernanda Racines, Gabriel Noroña, Héctor Cueva, Joselyn Mayorga, Mónica Proaño y Pabel Muñoz (alcalde) de la bancada correísta y aliados.

En contra se pronunciaron los concejales de oposición Analía Ledesma, Andrés Campaña, Bernardo Abad, Blanca Paucar,  Michael Aulestia, Fidel Chamba. Ellos, junto a ciudadanos que ocuparon la figura de «Silla vacía», cuestionaron la propuesta y pidieron archivar el proyecto de ordenanza. Estuvieron ausentes de la sesión extraordinaria Juan Báez y Sandra Hidalgo.

Según la información municipal, la ordenanza permite “controlar y mejorar la calidad” del servicio de transporte público ya que condiciona la modificación de la tarifa al cumplimiento de estándares de calidad y tecnología por parte de los transportistas.

“Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, dijo Muñoz.

Las condiciones que deben cumplir los transportistas para concretar el incremento de las tartifas implican la presentación de descargos mensuales notarizados, que permitan determinar cuáles fueron las unidades que efectivamente prestaron el servicio durante cada mes.

La entrega de recursos también quedó condicionada al cumplimiento de los hitos de gestión establecidos en la normativa. Otro de los requisitos es la instalación de sistemas y equipos, mientras estos no sean implementados, los propietarios de las unidades no podrán recibir la compensación con recursos municipales.

La ordenanza incorporó además un requisito que se exigirá por primera vez: la presentación del certificado de no adeudar al Municipio de Quito. Esto implica que los transportistas que mantengan pendientes contribuciones, impuestos u otras obligaciones tributarias municipales no podrán acceder a la compensación.

Asimismo, quienes hayan cometido multas e infracciones relacionadas con una conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), deberán cumplir con sus obligaciones para poder acceder a los recursos establecidos.

El acceso a la compensación quedó condicionado a varios requisitos: unidades efectivamente operativas, descargos mensuales notarizados, cumplimiento de hitos de gestión, instalación de sistemas y equipos, estar al día con el Municipio y cumplir las obligaciones derivadas de sanciones.

La Asamblea establece nuevas reglas en materia de tránsito y transporte

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Imagen referencial generada con Inteligencia Artificial.

Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que establece cambios en esa actividad a escala nacional y regula nuevas modalidades de movilidad como los «delivery», las motos eléctricas y los escúter.

La asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, donde se trabajó el proyecto de ley, dijo que el objetivo es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la protección de la vida y la seguridad vial, y la modernización de los sistemas de tránsito. “La seguridad vial es una política de Estado, no puede estar distanciada de la seguridad ciudadana ni tampoco puede ser un negocio y de  puertas abiertas para el crimen organizado”, enfatizó.

El proyecto fortalece la competencia de la Policía Nacional para el control del tránsito en la Red Vial Estatal, establece controles integrados de tránsito, transporte y seguridad en zonas fronterizas, permite la intervención frente a anomalías en la gestión de tránsito de los gobiernos seccionales, pone fin al incentivo económico de los fotorradares, facilita que personas y empresas puedan movilizar sus propios bienes o personas directamente vinculadas con su actividad económica, entre otros aspectos.

Entre las nuevas incorporaciones legales consta la regularización del servicio de «delivery», estableciendo reglas de registro, identificación, operación y seguridad para una actividad económica que ha crecido significativamente.

La reforma incorpora esta modalidad dentro del sistema formal de transporte y movilidad, estableciendo responsabilidades para su operación. Permite además contar con mayor información e identificación de quienes desarrollan esta actividad. En este mismo ámbito establece condiciones como casco homologado, elementos reflectivos, identificación visible y requisitos técnicos para los implementos utilizados durante las entregas.

Incorpora reglas para motocicletas, ciclomotores, triciclos, tricimotos, cuadrones y cuadriciclos eléctricos, atendiendo modalidades que actualmente presentan vacíos regulatorios. Se busca establecer condiciones claras para su identificación, circulación y utilización dentro del sistema vial. La regulación responde al crecimiento de nuevas formas de movilidad que requieren reglas diferenciadas según sus características.

Además, regula vehículos de movilidad personal y nuevas alternativas de desplazamiento urbano, estableciendo condiciones de circulación y seguridad, con protección preferente del peatón y de los usuarios vulnerables. La reforma busca ordenar la convivencia entre peatones, bicicletas, vehículos de movilidad personal y automotores. Se prioriza la seguridad de quienes presentan mayor vulnerabilidad frente a un siniestro de tránsito.

UNE pide declarar al sistema educativo en emergencia

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La Unión Nacional de Educadores (UNE) exigió al Gobierno que declare al sistema educativo en emergencia debido a la crisis de seguridad, por los efectos del Fenómeno de El Niño, la falta de inversión en infraestructura y otros factores.

Este martes en la Sierra y Amazonía iniciará el año lectivo 2026-2027 y los dirigentes advirtieron las condiciones en que se encuentra en el sistema fiscal.

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, informó que según datos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 328 instituciones educativas, más de 39.000 estudiantes y cerca de 3.000 docentes se encuentran en zonas de riesgo frente al fenómeno de El Niño en la Sierra y Amazonía, por lo que se hace necesario que se adopten medidas preventivas y planes de contingencia que garanticen la continuidad educativa.

En cuanto a seguridad, Quishpe citó un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos en los que advierte a sus ciudadanos que eviten visitar ocho provincias del país por el alto nivel de violencia que registran.

Según el dirigente, más allá de la afectación turística que puede acarrear está alerta de los Estados Unidos, estás provincias concentran 8.091 establecimientos educativos, más de 2,58 millones de estudiantes y más de 121.000 docentes.

Indicó también que entre enero de 2025 y julio de 2026, 13 docentes fueron asesinados, mientras persisten amenazas, extorsiones y otros hechos violentos contra maestros e instituciones educativas.

El gremio alertó además sobre la reducción sostenida de la matrícula. En la última década, el sistema educativo nacional registra una caída del 15%, equivalente a 688.932 estudiantes menos. La disminución alcanza el 21% en Educación Inicial, 14% en Educación General Básica y 11% en Bachillerato.

Por su parte la presidenta de la UNE en Pichincha, Dora Morocho, manifestó que las instituciones ya no cuentan ni siquiera con conserjes y personal de limpieza, labor que les toca asumir a los padres de familia.

Denunció el incumplimientos que afecta a miles de docentes: la aplicación de la Transitoria 74 para más de 11.000 maestros con más de 25 años de servicio; el pago de la equiparación salarial del Grupo 8; la regularización de la mora patronal; la entrega de nombramientos definitivos a más de 49.000 docentes a contrato; el respeto a la jornada laboral; la reducción de la sobrecarga administrativa; la sectorización sin filtros y la convocatoria a procesos de ascenso y recategorización automática.

Apoyo de FF.AA. a la Policía se cumplirá sin necesidad de estado de excepción

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El Gobierno ya no necesitará recurrir a los estados de excepción para disponer que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las labores operativas de lucha contra la delincuencia.

Con la aprobación del proyecto de ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, podrá hacerlo a través de un decreto.

La propuesta de normativa fue aprobada hoy por el Pleno de la Asamblea con 83 votos a favor, de la bancada oficialista y sus aliados, y deberá ser puesta en conocimiento del presidente de la República, Daniel Noboa, para su aprobación o para que lo vete.

Este proyecto de ley nace de la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución aprobada en referéndum del 21 de abril de 2024. La reforma dice que la coordinación entre instituciones se enfocará en delitos como el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación, delincuencia organizada y situaciones de grave desorden en las cárceles.

El procedimiento para la activación del apoyo e intervención complementaria y subsidiaria se articula en cinco etapas:

1. Solicitud motivada del Comandante General de la Policía Nacional

2. Convocatoria inmediata al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE)

3. Emisión de un informe técnico-jurídico que determine la pertinencia y alcance de la medida.

4. Expedición del decreto ejecutivo por parte del Presidente de la República, con delimitación precisa del ámbito de actuación.

5. Notificación obligatoria a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, efectúen el control posterior correspondiente.

La actuación e intervención de las Fuerzas Armadas será adicional y de apoyo, y no cambiará ni sustituirá la naturaleza, misión principal, organización, cadena de mando ni las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas solo apoyarán y ayudarán a la Policía Nacional si esta no puede cumplir con su trabajo de manera efectiva y comprobable frente a las amenazas relacionadas con delitos y casos específicos.

El apoyo complementario y subsidiario podrá prestarse por un término máximo de 180 días y renovarse, por una sola vez, hasta por 30 días adicionales, siempre que persistan las causas que motivaron la expedición del Decreto Ejecutivo correspondiente.

El Decreto Ejecutivo contendrá los fundamentos jurídicos y fácticos que motivan la emisión del documento, delimitación precisa del territorio y del ámbito temporal del apoyo complementario y subsidiario; la identificación del delito o delitos, o de la situación de grave conmoción interna en el sistema penitenciario; el detalle de los informes presentados por la Policía Nacional, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Seguridad Pública y del Estado; y los demás insumos necesarios para la emisión del Decreto Ejecutivo.

Las operaciones de apoyo complementario y subsidiario serán documentadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mediante los respectivos planes, órdenes, registros operativos y demás documentos e instrumentos institucionales. Estos podrán ser clasificados, de conformidad con la normativa aplicable, cuando su divulgación pueda comprometer la seguridad o eficacia de las operaciones, las actividades de inteligencia militar o policial, los procedimientos empleados o la integridad del personal desplegado.

Alianza Ciudadana asegura que el país pasa por un deterioro de la democracia

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La denuncia por presunta infracción electoral en contra del correísta Pabel Muñoz, candidato a la reelección para la Alcaldía de Quito, y la objeción aceptada a la candidatura de la también correísta Luisa González para la prefectura de Manabí, generaron el rechazo de la Alianza Ciudadana, integrada en Quito por el Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular, el Movimiento Todos, más la participación de la Revolución Ciudadana.

Los dirigentes de estas agrupaciones políticas aseguraron que la democracia se ha deteriorado en el país y que las trabas puestas a sus candidatos demuestran que se vive en una dictadura, ya que no se garantiza la participación política en igualdad de condiciones.

Para Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista, la denuncia contra Muñoz es un elemento más de este deterioro democrático que ya se evidenció con el adelanto de las elecciones, los procesos judiciales en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y de Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas; la suspensión de los derechos de participación política del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, entre otros casos.

«Estamos aquí las cuatro organizaciones políticas para decir al país que estamos más juntas que nunca, que entendemos con absoluta claridad que si en el pasado tuvimos diferencias, esta coyuntura en la que el Ecuador está al borde del abismo, al borde de perder cualquier síntoma democrático, nos obliga a juntarnos», aseguró Vallejo.

Natasha Rojas, de Unidad Popular, aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa sabe que si las elecciones son limpias, transparentes y sin fraude, el próximo alcalde de Quito será Muñoz por el apoyo ciudadano que tiene en la capital. «El gobierno de Daniel Noboa sabe que si juega limpio, pierde las elecciones. Por ello, proscribe a organizaciones políticas, a candidatos con condiciones de ganar y forma parte de toda la estrategia de fraude electoral diseñada desde la presidencia de la República, lo que pone en riesgo la democracia y el derecho a la participación en condiciones de igualdad a todos los candidatos y las candidatas», manifestó Rojas.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, se sumó a estos criterios y aseguró que cuando a un pueblo no le dejan elegir ni ser elegido, vive en dictadura.

Noboa decreta duelo nacional por el fallecimiento del director del CIES

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El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró duelo nacional hasta el 22 de agosto por el fallecimiento de Michele Sensi Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia (CIES) de Ecuador, y su esposa Stephany Hollihan.

La pareja perdió la vida tras un trágico accidente de helicóptero en Kenia.  El siniestro de la aeronave, modelo Eurocopter EC130 B4, ocurrió en el monte Ololokwe de ese país africano. El accidente dejó un saldo total de siete personas fallecidas. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones en el sitio del impacto para determinar las causas técnicas que provocaron el desplome del helicóptero.

Noboa dispuso que hasta el 22 de agosto, la bandera nacional permanezca izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares, en todo el territorio nacional.

Además, ordenó que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior  coordinen con los familiares la organización del funeral de Estado y dispuso a la Casa  Militar Presidencial que otorgue medidas de seguridad a los hijos del funcionario fallecido y, previo informe de riesgo, a los demás familiares que requieran dichas medidas.

En otro decreto, designó a Luis Carlos Ávila como director general encargado del Centro Nacional de Inteligencia.

Sensi Contugi Ycaza fue parte del círculo cercano de Noboa. Nació el 12 de agosto de 1982 en Italia. Tenía doble nacionalidad, ítalo ecuatoriana, porque su padre es italiano y su madre ecuatoriana.

Además de la Dirección del CIES, ocupó otros cargos. Fue ministro de Gobierno, delegado del presidente de la República en el directorio de la Empresa Pública Astilleros Navales Ecuatorianos (Astinave EP), delegado en la Empresa Santa Bárbara EP, delegado permanente del presidente de la República en el directorio de Petroecuador, delegado permanente en el directorio de las empresas públicas: EP Flopec, CNEL EP y Celec EP.

Quito cuenta con al menos nueve candidatos a la Alcaldía

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A las 18:00 de hoy concluyeron a escala nacional las inscripciones de los candidatos a las elecciones seccionales del 29 de noviembre de este año. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso se desarrolló únicamente de forma virtual, a través del sistema informático habilitado por el CNE.

Sin embargo, en no pocos casos los candidatos acudieron de manera personal a las Delegaciones Provinciales Electorales para, acompañados de sus simpatizantes, presentar la documentación habilitante que sería ingresada al sistema del CNE.

117 mesas de asistencia técnica se implementaron en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, con el propósito de brindar acompañamiento a las organizaciones políticas. Concluida esta etapa, corresponde a las 24 Juntas Provinciales Electorales verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa electoral y continuar con el procedimiento de calificación e inscripción.

Los sujetos políticos podrán ejercer los recursos previstos en el Código de la Democracia, dentro de los plazos establecidos, ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral. El cronograma electoral del CNE establece que el listado oficial de candidaturas inscritas se conocerá el 9 de noviembre.

De acuerdo a la Dirección Provincial Electoral de Pichincha, hasta las 12:00 de este lunes 17 de agosto de 2026, se habían registrado nueve candidatos a la Alcaldía de Quito y siete a la Prefectura de Pichincha.

Candidatos a la Alcaldìa de Quito (listado preliminar):

MOVIMIENTO ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, ADN: Harold Burbano
MOVIMIENTO FUTURO: Paúl Desamblac
MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO: Galo Almeida
MOVIMIENTO IMPARABLES: Wilson Merino
PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA: Bernardo Jijón
PARTIDO AVANZA: Jorge Yunda
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO: Linda Romero
MOVIMIENTO CREO: Carla Larrea
ALIANZA CIUDADANA: Pabel Muñoz

Candidatos a la Prefectura de Pichincha (listado preliminar)

PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA: Jorge Pinto
ALIANZA CIUDADANA: Alexandro Tonello
MOVIMIENTO ACCION DEMOCRATICA NACIONAL, ADN: Giovanna Ubidia
MOVIMIENTO CREO: Mishelle Calvache
PARTIDO AVANZA: Carla Cevallos
MOVIMIENTO IMPARABLES: Juan Zapata
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO: Claudia Ormaza

El oficialismo propone aprobar 34 leyes en tres ejes hasta mayo de 2027

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En un acto del que estuvo ausente la bancada de la Revolución Ciudadana y los legisladores de Pachakutik, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, de ADN, presentó a los presidentes de comisiones y a otros asambleístas la agenda parlamentaria que se cumplirá hasta mayo de 2027, cuando concluya el primer periodo legislativo.

Mancheno aseguró que son leyes que deben resolver las necesidades de los ecuatorianos y contribuir a mejorar positivamente su calidad de vida. Agregó que cada ley debatida, cada proceso de fiscalización y cada decisión adoptada por la Asamblea debe contribuir a fortalecer la democracia, garantizar la seguridad jurídica, generar oportunidades reales para los ecuatorianos.

El documento contempla 34 proyectos de ley, distribuidos en tres ejes estratégicos: Seguridad y lucha contra la corrupción; desarrollo humano y modernización institucional; y crecimiento económico sostenible y seguridad jurídica para la inversión.

También incluye temas de fiscalización relacionados con seguridad, justicia y orden público; transparencia y lucha contra la corrupción. Mancheno dijo que la fiscalización será una gestión prioritaria de la Asamblea.

Añadió que se busca priorizar el tratamiento de los proyectos de ley de mayor impacto, dar seguimiento efectivo al avance de cada iniciativa y planificar el trabajo parlamentario de manera que se pueda avanzar con eficacia, transparencia y responsabilidad.

Sin embargo, el legislador correísta Blasco Luna aseguró que no hay la voluntad política de ADN para tratar temas sensibles e importantes para el país, y que en temas de fiscalización el pleno, con mayoría oficialista, ha dejado pasar temas como el energético.

Los ejes y proyectos de ley

Eje 1. SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

1. Proyecto de ley reformatoria al Código de la Función Judicial

2. Proyecto de ley reformatoria para la Prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes  

3. Proyecto de ley reformatoria a la Ley Contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes

4. Proyecto de ley reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado (ley antimafias)

5. Proyecto de ley orgánica que regula el Apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional

6. Proyecto de ley orgánica de Recuperación productiva y territorial frente al crimen organizado

7 Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal

Eje 2. DESARROLLO HUMANO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

1. Proyecto de ley reformatoria de la ley de Salud

2. Proyecto de ley reformatoria al Código de la Niñez

3. Proyecto de ley que promueve el Reconocimiento y empoderamiento de la mujer rural

4. Proyecto de ley para la Atención integral de las personas con obesidad

5. Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)

6. Proyecto de ley reformatoria a la ley de Inquilinato

7. Proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para rescatar la justicia constitucional.

8. Proyecto de ley reformatoria a varios cuerpos legales para fortalecer la Solución temprana de controversias.

9. Proyecto de ley reformatoria de la ley de Prevención, protección y atención integral de las personas que padecen diabetes

10. Proyecto de ley reformatoria de la ley orgánica de las Personas adultas mayores  

11. Proyecto de ley reformatoria al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público que regula la obligatoriedad en la contratación de jóvenes.  

12. Proyecto de ley de Inteligencia Artificial

13. Proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para garantizar el Derecho a la protección en la maternidad y paternidad en el duelo gestacional, perinatal y neonatal 

14. Proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley para la Planificación y desarrollo integral de la circunscripción amazónica  

15. Proyecto de ley de Institucionalización y fortalecimiento del SECAP

16. Proyecto de ley reformatoria a la Ley de la Función Legislativa

17. Proyecto de ley reformatoria de la ley de Vivienda de interés social.

Eje 3. CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA INVERSIÓN 

1. Proyecto de ley de Desarrollo agropecuario

2. Proyecto de ley reformatoria al Código Tributario

3. Proyecto de ley reformatoria del Código Monetario y Financiero

4. Proyecto de ley orgánica de Aviación civil

5. Proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial

6. Proyecto de ley reformatoria al Código de la Producción

7. Proyecto de ley de Concurso preventivo para el fortalecimiento de la continuidad empresarial  

8. Proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación

9. Proyecto de ley orgánica reformatoria al Código del Ambiente

10. Proyecto de ley orgánica reformatoria para una Caracterización acuícola pesquera a la ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca.

Sistema de videovigilancia de Quito en pugna política entre ADN y oposición

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Lo que debía ser un convenio interinstitucional normal en materia de seguridad entre el Municipio de Quito y el Ministerio del Interior se convirtió en una feroz disputa política entre el oficialismo y la oposición, y como telón de fondo, las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

A través de este convenio, el 10 de agosto las 632 cámaras que maneja el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito pasaron a ser administradas por el Ministerio.

John Reimberg, titular de esa cartera de Estado, denunció la existencia de «salas espejo» que permitían el acceso remoto y descontrolado a las imágenes de videovigilancia de la capital y que la gestión del centro técnico contaba con la participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) de la era correísta.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, indicó que si existen indicios de un presunto mal uso de las cámaras, pondría la renuncia penal en la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el asambleísta de ADN, Luigi García, insinuó que el sistema habría podido estar al servicio del crimen organizado.

En respuesta, la oposición política considera que se trata de una persecución política contra los adversarios del Gobierno, y en este caso contra el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, quien busca la reelección.

La asambleísta Patricia Núñez, coordinadora de la banda correísta manifestó que el sistema de videovigilancia opera desde la sede matriz del ECU 911, por lo que resulta descabellado afirmar que existirían «salas espejo» para el espionaje político o al servicio del crimen organizado.

Según Núñez, lo que el oficialismo busca es atacar la gestión de Muñoz, para restarle votos al ser un candidato que tendría posibilidades de lograr la reelección.

Por su parte, la legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, agregó que ADN busca debilitar a los gobiernos seccionales de oposición y callar las voces contrarias al Gobierno. Yumbay aseguró que hay una permanente persecución política contra la oposición.