El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea el proyecto de Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El proyecto se envió con el carácter de urgente en materia económica, el sexto con esa característica desde que inició su mandato en mayo de este año.
El proyecto tiene cuatro artículos: objeto, ámbito de aplicación y alcance, finalidad y fortalecimiento de las fuerzas del orden.
Este último artículo establece que las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, que serán destinados a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad integral del Estado.
Según la propuesta, las donaciones podrán provenir de contribuyentes nacionales o de organismos, gobiernos o entidade internacionales.
Las donaciones realizadas por contribuyentes nacionales darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal. Según la disposición reformatoria, la rebaja será de hasta el 30% del impuesto.
Las donaciones realizadas por organismos, gobiernos o entidades internacionales estarán sujetas a la existencia de acuerdos o convenios de cooperación internacional y a lo establecido en el Reglamento General a la presente Ley.
El objetivo del proyecto es establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para el cumplimiento de sus labores constitucionales en las actividades de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, exigió a la Asamblea que enjuicie políticamente a los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por la represión de la que han sido objeto por parte de militares los manifestantes que participan en el paro indígena, especialmente en Imbabura.
Vargas fue recibido en comisión general en la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por la Revolución Ciudadana, que inició la investigación de presuntas vulneraciones a los derechos humanos registradas en el marco de las recientes movilizaciones sociales, tras la expedición del Decreto Ejecutivo No. 126 que eliminó el subsidio al diésel.
El líder del movimiento indígena manifestó que nos son terroristas como lo asegura el Gobierno y que solo están ejerciendo su derecho a la resistencia en contra de las medidas del Ejecutivo. Vargas reiteró que el paro se mantiene firme y que se van sumando más sectores sociales a pesar de la represión de la que son objeto, según manifestó ante los asambleístas.
La fiscalización iniciada por esta Comisión abarcará denuncias relacionadas con las manifestaciones en Cotacachi y Otavalo, así como el asesinato del comunero indígena Efraín Fuerez, ocurrido en Imbabura.
La Comisión recibió además a otros dirigentes del movimiento indígena como Soledad Puruhuá, Blanca Chancoso, Martha Tuquerrez, Rafael Negrete, Fabián Cabascango, entre otros. Ellos manifestaron que sus movilizaciones son pacíficas a pesar de lo cual han sido perseguidos y atacados por la fuerza pública y exigieron la liberación inmediata de 12 comuneros detenidos durante las protestas.
Los indígenas narraron situaciones de violencia, militarización, ataques con armas letales, difamación y criminalización a los pueblos indígenas.

La Corte Constitucional declaró inconstitucional las Leyes de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública que fueron promovidas por el Gobierno como económicas urgentes y aprobadas por la mayoría oficialista en la Asamblea.
En sentencia difundida la noche de este 26 de septiembre, se explica que los jueces declararon la inconstitucionalidad por haber mezclado materias usando indebidamente el procedimiento de urgencia en materia económica.
La sentencia 51-25-IN/25, relacionada a la Ley de Solidaridad Nacional, concluye que la normativa en su integridad es inconstitucional por vicios de procedimiento, por cuanto en su aprobación se vulneró el principio de unidad de materia previsto en el artículo 136 de la Constitución, y porque no correspondía que fuese tramitada mediante el procedimiento abreviado establecido en el artículo 140 de la Constitución.
En la sentencia, la Corte hace un llamado de atención a la Asamblea y a la Presidencia de la República por vulnerar el artículo 136 de la Constitución, que señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y que serán presentados al Presidente de la Asamblea con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían.

La inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública

Al declarar la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Integridad Pública, su Reglamento General y sus normas conexas, la Corte argumenta que en el tratamiento se vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
Los jueces constitucionales revisaron el expediente legislativo y constataron que el asambleísta oficialista Andres Castillo, en el desarrollo del segundo debate, presentó modificaciones y textos adicionales al contenido en el informe para segundo debate remitido por la Comisión, a pesar de lo cual la ponente, asambleísta Valentina Centeno (ADN), no solicitó la suspensión del punto del orden del día a fin de que la comisión analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos, sino que por el contrario, mocionó la aprobación del texto íntegro con los cambios incorporados en la misma sesión.
«Al aprobarse un “texto íntegro” con enmiendas de última hora, no conocidas ni discutidas, se impidió un debate informado, razonado y plural, degradando la función de control recíproco entre legisladores y la participación indirecta de la ciudadanía», señala la Corte.

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Tras varios días de tensión política – jurídica, finalmente la Corte Constitucional dio el visto bueno para que se convoque a una consulta popular donde la población defina si quiere o no que se instale una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución.
El dictamen favorable se dio luego de que el Presidente de la República, Daniel Noboa, proponente de la consulta, subsanó las observaciones relativas a los considerandos de la convocatoria y a los artículos 4 y 5 del Estatuto para la elección, instalación y funcionamiento de la Constituyente.
La Corte dispuso al Consejo Nacional Electoral que incluya en la papeleta lo relacionado a este tema. La Asamblea Constituyente estará integrada por 80 asambleístas principales con sus respectivos suplentes: 50 provinciales, 24 nacionales y 6 por circunscripciones en el exterior.
De acuerdo a lo dispuesto, se elegirá un asambleísta constituyente por cada provincia, y uno más por cada 471.000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional de la población.
Según la Corte, de esta forma la conformación provincial se construye sobre una base territorial que asegura la representación de todas las provincias, combinada con un criterio poblacional
que distribuye claramente las curules.
El voto será en listas cerradas y bloqueadas y los escaños se adjudicarán aplicando el método D’Hondt.
A través de un comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, informó que recibió el dictamen favorable para que el pueblo se pronuncie sobre la Asamblea Constituyente.

El 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos volverán a la urnas para pronunciarse en el referéndum propuesto por el Presidente de la República, Daniel Noboa, sobre la posiblidad de levantar la prohibición de que bases militares extranjeras se instalen en el país; y sobre la eliminación del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

En sesión de este 21 de septiembre de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario electoral que regirá para este proceso. Entre otras fechas constan que la campaña electoral se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre y la publicación de los resultados oficiales el 5 de enero de 2026.

El presupuesto estimado para organizar el referéndum asciende a 59’783.375 dólares.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la tarde de este 20 de septiembre de 2025 remitir a la Corte Constitucional el Decreto Ejecutivo 153, dictado por el Presidente de la República, Daniel Noboa, para que se convoque a una consulta popular sobre la Asamblea Constituyente.

En la mañana el organismo electoral se abstuvo de tratar el Decreto Ejecutivo 148 que Noboa había emitido con el mismo propósito, sobre el cuál la Corte Constitucional emitió medidas cautelares suspendiendo sus efectos hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad  presentadas contra ese decreto por no haber pasado el control constitucional previo.

Sin embargo, el CNE se declaró en periodo electoral (máxima autoridad en el país) para dar trámite a propuestas de referéndum sobre las bases militares extranjeras y el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

Aprovechando esa coyuntura, Noboa derogó el Decreto 148 pero de inmediato publicó el 153 con el objetivo de que esta vez el CNE sí apruebe su contenido y ponga en marcha el proceso electoral para la Constituyente.

Pero los vocales del CNE resolvieron remitir a la Corte Constitucional este nuevo Decreto solicitando un dictamen inmediato, bajo el principio de celeridad, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a consulta popular para la Asamblea Constituyente.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se abstuvo de tratar el decreto 148 por el cual el presidente de la República, Daniel Noboa, proponía que se convoque a una consulta popular para que la población defina si desea ir o no a una Asamblea Constituyente.

El CNE no abordó este tema debido a que la Corte Constitucional dictó medidas cautelares hasta resolver las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron contra ese decreto por no haber pasado el control previo de constitucionalidad a cargo de la Corte.

La medidas cautelares son provisionales y se notificó al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la disposición de la Corte, con las previsiones de ley, con el fin de que se abstengan de tramitar cualquier actuación en torno a la ejecución de ese decreto.

En un comunicado el CNE considera indispensable que la Corte Constitucional se pronuncie con celeridad sobre las medidas cautelares interpuestas y la validez del decreto de Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el organismo se declaró en periodo electoral por las preguntas para levantar la prohibición de establecer en el país bases militares extranjeras y la relacionada a que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupesto General del Estado a las organizaciones políticas. Con esta decisión, el CNE organizará el proceso de referéndum con esos dos temas y espera la decisión de la Corte sobre la Asamblea Constituyente.

La tensión entre el Gobierno y la Conaie, la mayor organización indígena del país, se intensificó este 18 de septiembre. Tras mantener una asamblea extraordinaria en Riobamba, la Conaie convocó a un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Marlon Vargas, presidente de la organización, afirmó que fue una decisión que se adoptó en consenso y de manera colectiva con las tres regionales: Ecuarunari, Confeniae y Conaice. El dirigente agregó que fue una análisis profundo para llegar a 10 resoluciones, entre las que consta el paro nacional.
La aplicación de la resolución la definirán cada una de las organizaciones y estructuras del movimiento indígena en cada uno de sus territorios. Sin embargo, no mencionó que estén pensando marchar hacia Quito ya que dijo que tienen estructuras en las 24 provincias.
La reacción del Gobierno fue inmediata y decretó el toque de queda todos los dias en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi entre las 22:00 hasta las 05:00. Son las provincias con mayor población indígena y en las que se están produciendo protestas contra el régimen.
Entre los considerandos del decreto con el que estabablece el toque de queda constan notas de prensa de varios medios de comunicación que recogen los anuncios de movilizaciones por parte de varias organizaciones indígenas en esas provincias.

Las resoluciones

Estas son las resoluciones de la CONAIE adoptadas en Riobamba:
– Ratificar la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y sectores sociales aliados para enfrentar el ajuste económico.
– Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.
– Denunciar y rechazar la persecución del Gobierno y se acogen al derecho a la resistencia.
– Revocar las licencias ambientales en los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves.
– Declarar el estado de excepción comunitario nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios, y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
– Rechazar la consulta popular y el intento de una Asamblea Constituyente.
– Exhortar a los medios de comunicación a actuar con objetividad y transparencia e informar con responsabilidad.
– Exigir la reducción del IVA del 15% al 12% tomando en cuenta que no ha cumplido su objetivo de resolver la inseguridad.
– Reinstalar el parlamento plurinacional de pueblos, nacionalidades y organizaciones afines
– Convocar a las bases, organizaciones sociales y a la sociedad al paro nacional de carácter inmediato e indefinido en Ecuador.

El Presidente de la República, Daniel Noboa, vuelve a traer al debate público la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. En sus redes sociales publicó una carta abierta dirigida a la ciudadanía en la que menciona que el Ecuador ha pasado mucho tiempo detenido y secuestrado por instituciones que se olvidaron que debían servir a la ciudadanía.
«No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece librarse de quienes lo frenan y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo», escribe en la carta.

Asegura que las actuales reglas impiden al Gobierno luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez. Vuelve a arremeter contra la Corte Constitucional por haberle negado preguntas claras solo por activismno político ya que sabían que el pueblo aprobaría esos cambios, que los mismos de siempre quieren bloquear.
Por eso considera necesario plantear en la próxima consulta popular la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional.
«Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador, la base del país que construyamos juntos», posteó Noboa.
La Constitución señala que la Asamblea Constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular y podrá ser solicitada por el Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral, pero deberá pasar por el control constitucional de la Corte Constitucional. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos.