El Presidente de la República, Daniel Noboa, informó que el martes 12 de agosto marchará hacia la Corte Constitucional e invitó a la ciudadanía a que se sume a esta iniciativa en señal de rechazo a las decisiones de ese organismo.

El pasado 4 de agosto la Corte Constitucional informó que había suspendido de manera provisional la vigencia de 16 articulos de las Leyes de Solidaridad Nacional y de Inteligencia.

«No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, bienen y nos tiran abajo las leyes que nos puden dar seguridad a cada uno de ustedes», dijo el mandatario durante un evento en Daule. Agregó que será una protesta pacífica en la que él participará con la gente para hacer sentir el verdadero poder del pueblo.

La jefa de la bancada de ADN, Valentina Centeno, manifestó que se concentrarán directamente en la sede de la Corte Constitucional a partir de las 09:00. Aseguró que será una protesta social, ciudadana ya que las leyes observadas por la Corte son clave para combatir el narco terrorismo y cuentan con legitimidad al haber sido aprobadas por la mayoría legislativa.

Por su parte la dirigencia sindical y de otros sectores sociales apoyaron la decisión del organismo constitucional y salieron en su defensa, asegurando que es una entidad cuya misión es garantizar que no haya excesos en las normas y vigilar el fiel cumplimiento de la Constitución.

En medio de la tensión política con la Corte Constitucional, el Presidente de la República, Daniel Noboa, publicó en su red social «X» siete preguntas que propondrá para que el pueblo se pronuncie a través de una consulta popular. «Desde el inicio de este proyecto político luchamos por justicia y progreso, por hacer lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo tradicional, y lo valiente sobre lo complaciente…», fue parte de su mensaje en la red social.
Noboa posteó que su Gobierno da un nuevo paso, una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de poco interés popular y de urgencia de cambio. «Estas 7 preguntas le da el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo», escribió.

Las 7 preguntas anunciadas por Noboa son:

1. ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

3. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

5. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

6. ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

7. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

Los criterios 

El anuncio de Noboa se dio al día siguiente de que la Corte Constitucional informó que suspendió temporalmente 16 artículos de las Leyes de Inteligencia y de Solidaridad Nacional; más ocho artículos del reglamento de la Ley de Inteligencia. Suspensión que se mantendrá hasta que se resuelvan las demandas de inconstitucionalidad que diferentes sectores de la sociedad civil presentaron en contra de esas normativas.

La asambleísta del ofialismo, Valentina Centeno, indicó que la consulta popular representa el clamor ciudadano que quiere enterrar el pasado nefasto que ha hecho tanto daño al país y que quiere abrazar un futuro esperanzador.

Para la legisladora de la Revolución Ciudadana, Ana Herrera, el pregunta sobre la Corte Constitucional puede ser una revancha del Ejecutivo ante las ultimas decisiones del organismo.

Hasta el momento la consulta popular solo está en anuncio, ya que primero debe enviar la propuesta a la Corte Constitucional para que dictamine la vía a seguir: reforma, enmienda o si amerita una Asamblea Constituyente.

De las siete preguntas las dos primeras están ya en trámite. La primera que ya pasó por la Asamblea y que está a la espera de la calificación de las preguntas y anexos por parte de la Corte Constitucional. En relación a la segunda pregunta, el pleno de la Asamblea sesionará el jueves para aprobar el informe para segundo debate y de ahi remitir la pregunta y los anexos a la Corte para el control constitucional.

La Corte Constitucional admitió a trámite varias demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Ley de Integridad Pública, y a la vez dejó provisionalmente sin efecto algunos artículos de la leyes de Solidaridad Nacional y de Inteligencia, así como del reglamento de esta última ley.

Las Leyes de Solidaridad Nacional y la de Integridad Pública fueron remitidas por el Presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea con el carácter de económico urgente y en el desarrollo del tratamiento parlamentario fueron modificadas al punto de incorporar textos y reformas no previstas inicialmente.

La suspensión de un grupo de articulos de esas normas se aplica hasta que se resuelva la causa en su totalidad, hasta que haya una sentencia. El organismo constitucional aclara que estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales.

«Se trata de actuaciones técnicas y jurídicas, que precautelan el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituyan aún pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento», señala la Corte en un comunicado.

Según lo resuelto, las suspensión temporal de la normativa parcial se da en los siguientes casos:

• Ley de Inteligencia. Se suspenden por el momento 12 articulos, entre ellos los relacionados a la potestad que se le daba al director general de Inteligencia para solicitar información a entidades públicas y a las operadoras de los servicios de telecomunicaciones.
•  Reglamento de la Ley de Inteligencia. Suspende provisionalmente ocho artículos y la disposición general primera. Entre la normativa suspendida consta lo relacionado a la  calificación y clasificación de documentos considerados reservados, secretos, secretísimos y quiénes pueden acceder a esa información.
•  Ley de Solidaridad Nacional. Suspende de manera temporal cuatro artículos relacionados con la potestad del Presidente de la República de reconocer a través de Decreto la existencia de un conflicto armado interno, lo que a su vez le posibilita aplicar un régimen jurídico especial.
•  Ley de Integridad Pública. Suspendió la disposición transitoria décimo primera relacionada al plazo para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito para que se conviertan en bancos.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificada como urgente en materia económica, enviada por el Presidente de la República, Daniel Noboa.

Será la Comisión de Desarrollo Económico la  encargada de tramitar la propuesta y preparar los informes para primero y segundo debate. La iniciativa busca prevenir, detectar y controlar posibles financiamientos irregulares de organizaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro radicadas en el Ecuador.

Este es el cuarto proyecto de Ley remitido a la Asamblea con el carácter de económico urgente por el Ejecutivo en los más de dos meses de gestión, y todas esas propuestas de normativas han sido tramitadas por la Comisión de Desarrollo Económico, que está presidida por la oficialista Valentina Centeno, y cuyos integrantes son en su mayoría de ADN, además de dos legisladores excorreístas, Sergio Peña y David Arias, que ahora votan con el oficialismo.

El nuevo proyecto, conocido también como «Ley de Fundaciones» , ya genera preocupación en organizaciones de la sociedad civil, inclusive en gremios. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador expresó su preocupación por posibles afectaciones al derecho de asociación de organizaciones de empleadores que está amparado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En un comunicado, la Federación reitera que es importante supervizar la licitud del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil e identificar a aquellas ongs que con recursos de origen incierto desarrollan actividades con alto potencial desestabilizador. «No obstante, expresamos nuestra preocupación por posibles afecciones al derecho de asociación de organizaciones de empleadores amparadas en el Convenio 87 de la OIT, que garantiza la autonomía de los gremios y los protege de injerencias externas», señala la Federación.

El proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, calificado como urgente en materia económica, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, a la Asamblea genera el rechazo de representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno asegura que el objetivo del proyecto, conocido como «Ley de Fundaciones», es establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas. Está enfocado a fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.

Pero organizaciones como Acción  Ecológica, Cedenma, Cabildo Ciudadano Quiteño, Inredh, entre otras, consideran que es un proyecto de Ley destinado a perseguir a las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos, a combatir el extractivismo, y que han sido críticas con la gestión de Noboa.

Natalia Greene, vocera de Cedenma, organización dedicada a la defensa de la naturaleza y del medioambiente,  indicó que es una propuesta a través de la cual el Ejecutivo intenta controlar a las organizaciones de la sociedad civil, imponiéndoles más requisitos para su operatividad.

Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, agregó que esta propuesta de normativa, más la fusión de ministerios y la implementación de otras leyes económicas urgentes se van contra la Constitución y el Estado de derecho.

Las organizaciones de la sociedad civil invitan a sumarse al resto de sectores a plantones y movilizaciones con el objetivo de que se respete la institucionalidad y el Estado de derecho.

A través de comunicados difundidos en las redes sociales, organizaciones de la sociedad civil rechazaron  la decisión del Gobierno de fusionar ministerios, que de 20 pasan a 14; y secretarías que de 9 quedan tres. La vocera oficial, Carolina Jaramillo, anunció la tarde del 24 de julio de 2025 que, además, se desvinculará a 5.000 funcionarios como parte del plan de eficiencia administrativa para simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público.

Los cuestionamientos de las organizaciones se dan principalmente por la fusión del Ministerio de Ambiente que formará parte del Ministerio de Energía y Minas; el Ministerio de la Mujer que se integrará al Ministerio de Gobierno; y el Ministerio de Cultura pasará a formar parte del Ministerio de Educación.

El colectivo Yasunidos asegura que son imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se aplican sin ninguna base técnica ni lógica. Considera que se está unificando el Ministerio encargado de proteger los derechos de la naturaleza con la institución encargada de la política depredadora y extractivista, en relación a las carteras de Estado de Ambiente y de Energía.

Y en relación a la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, consideran que es grave que en un país donde cada vez se reportan casos de femicidio, violencia estructural, criminalización de la protesta se reste independencia a la política de derechos humanos.

De su parte el movimiento de mujeres se sumó a las críticas ya que considera que la eliminación del Ministerio de la Mujer es dejar sin rectoria, sin presupuesto y sin institucionalidad a la política pública que debe velar por los derechos de las mujeres, a las que se les condena a enfrentar la violencia solas. El Movimiento considera que los despidos masivos de trabajadores públicos debilita los sistemas de salud, educación, nutrición, cuidado comunitario.

La Casa de las Culturas expresó que la fusión entre los ministerios de Cultura y de Educación implica un  retroceso para las luchas históricas de un sector constantemente relegado y debilitado por los gobiernos de turno.

De acuerdo al Decreto 60 la fusión  se cumplirá de la siguiente manera:

1. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
2. El Ministerio de Cultura y Patrimonio se fusiona al Ministerio de Educación.
3. El Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación.
4. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno.
5. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas.
6. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al
Ministerio de Educación.
7. El Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca.
8. La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de
Inclusión Económica y Social.
9. La Secretaría de Inversiones Público Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y
Obras Públicas.
10. La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la
Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República.
11. La Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de la
Administración Pública y Gabinete.
12. La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos
Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Traslado:
1. El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
Adscripciones
1. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a
Adolescentes Infractores (SNAI) se adscribe al Ministerio del Interior.
2. El Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 se adscribe al Ministerio del Interior.

Con la expedición del Decreto Ejecutivo N. 57, el presidente de la República, Daniel Noboa, reglamentó la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio de 2025, donde a su vez se reforma el reglamento a la Ley de Servicio Público.

Las escalas de evaluación de los resultados de la gestión y desempeño organizacional vigentes son:

a) Excelente: Es aquel que supera los objetivos y metas programadas

b) Muy Bueno: Es el que cumple los objetivos y metas programadas

c) Satisfactorio: Mantiene un nivel mínimo aceptable de productividad

d) Regular: Es aquel que obtiene resultados menores al mínimo aceptable de productividad

e) Insuficiente: Su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto

Con la reforma al reglamento lo que cambia son los efectos de esas calificaciones en la actividad laboral del servidor público. Hasta antes de la reforma daba igual que obtenga la calificación de excelente, muy bueno o satisfactorio ya que en todos los casos era tomado en cuenta para la aplicación de políticas de promoción, reconocimiento y ascensos dentro de la carrera del servicio público.

Sin embargo, desde ahora los estímulos serán diferentes de acuerdo a cada calificación que se obtenga.  Si logró una calificación excelente podrá acceder a comisiones de servicio con y sin remuneración; políticas de promoción, programas de capacitación, reconocimiento y concursos para ascensos dentro de la carrera del servicio público.

Si le calificaron  con muy buena será considerado para la aplicación de políticas de promoción, programas de capacitación, reconocimiento y concursos de ascensos dentro de la carrera del servicio público.

Mientras que si obtiene hasta dos veces consecutivas la calificación de satisfactorio podrá acceder a programas de capacitación. Pero si le califican tres veces consecutivas con satisfactorio, será una causal de destitución.

En el reglamento se mantiene que quien obtenga una calificación de regular debe ser evaluado nuevamente en el plazo de tres meses y si obtiene la misma calificación se le destituye del puesto.

Lo que cambia en el reglamento es el procedimiento para los servidores públicos que obtengan una calificación  de insuficiente. En el anterior reglamento el servidor público tenia varias oportunidades para evaluarse nuevamente y superar esa calificacion  para mantenerse en el puesto. Con la reforma, quien obtenga insuficiente por deficiencia laboral grave será destituido de su puesto sin más evaluaciones pero respetando el debido proceso.

El VIII Congreso de la CONAIE concluyó con la elección de Marlon Vargas como presidente de la organización para el periodo 2025 – 2028. El dirigente amazónico obtuvo 617 votos frente a los 540 que logró Leonidas Iza, quien buscaba la reelección.

Vargas es de la nacionalidad Achuar, de la provincia de Pastaza, y no es un rostro nuevo en el movimiento indígena. Participó activamente en los paros de 2019 y de 2022 en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles y era considerado un dirigente radical.

Fue presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la regional amazónica de la Conaie y que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus.

Nació en Capahuari y entre sus cargos figuran la vicepresidencia de la Nacionalidad Achuar y su dirigente de comunicación. Vargas manifestó que en su gestión al frente del mayor movimiento indígena del país fortalecerá el sistema de educación intercultural bilingüe, los emprendimientos y saberes ancestrales, la Universidad Amawtay Wasi. Agregó que no pertenece a ningún partido político.

«Vamos a hacer trabajo territorial, de pueblo en pueblo, para levantar grandes procesos históricos», dijo Vargas. Agregó que su gran reto será lograr la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Médicos, enfermeras, jueces, maestros y otros representantes de servidores públicos han acudido a la Corte Constitucional para demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, impulsada por el oficialismo desde el Palacio de Gobierno y aprobada por su bancada legislativa.

El principal aspecto que cuestionan es que a través de esta ley se pondría en riesgo la estabilidad laboral de los servidores públicos, ya que estarían sujetos a evaluaciones discrecionales sin un soporte técnico.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, aseguró que ni el Ejecutivo ni el Legislativo les invitó a dialogar para la construcción de esta normativa que terminó reformando 20 leyes. Carrasco exigió que los dos poderes del Estado se abran al diálogo ya que estan aprobando leyes que vulneran los derechos adquiridos por los trabajadores.

Por su parte la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados demandó la Ley por la forma y por el fondo. Por la forma ya que aseguran que la norma impugnada carece de unidad de materia y porque no cumple con los requisitos de Ley económica urgente como lo remitió el Presidente Daniel Noboa.

Mientras que por el fondo aseguran que la ley de Integridad Pública vulnera derechos constitucionales como el nombramiento «expres» de jueces sin que se sometan a concursos de designación, lo que podría atentar los principios de transparencia e independencia judicial.

Profesores universitarios se sumaron a los reclamos y se movilizaron junto a estudiantes de la Universidad Central desde ese centro de estudios hasta la Asamblea.

Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», aceptó voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos. Así lo expresó a viva voz la tarde de este viernes 11 de julio de 2025 ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, en una rápida audiencia que se cumplió con acceso restringido por temas de seguridad. El jefe de Los Choneros será el primer ecuatoriano en ser extraditado tras la aprobación de ese mecanismo en la consulta popular de abril de 2024.

Alias «Fito» deberá enfrentar en los Estados Unidos siete cargos relacionados con tráfico de droga y armas. El 2 de abril de 2025, la Corte Federal de Brooklyn, en los Estados Unidos, presentó una acusación formal contra alias «Fito» y lo señaló como un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional. «Al liderar la red de sicarios y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un grave daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”.

Según se alegó en la acusación, “entre 2020 y 2025, Macías Villamar, líder de Los Choneros en alianza con el Cártel de Sinaloa en México, controlaba rutas clave de tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaba una red a gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hasta Estados Unidos y otros lugares. La gran mayoría de la droga que traficaban Los Choneros se importaba a Estados Unidos”.

Una vez aceptada la extradición, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, deberá emitir  una sentencia aprobando la extradición, pero también deberá verificar que Estados Unidos garantice que el extraditable no será sometido a tratos crueles y degradantes.