Este viernes el Pleno de la Asamblea prevé instalarse para aprobar o negar la autorización solicitada por la jueza nacional Daniella Camacho para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el caso “Nene”.

La Fiscalía General del Estado busca vincular a la segunda mandataria al proceso por el presunto delito de concusión, cuya investigación inició por presunta oferta de tráfico de influencias.

Fiscalía vinculará a la vicepresidenta Verónica Abad a proceso judicial

En la Legislatura existen diferentes posiciones sobre el futuro de la vicepresidenta. Se necesitan 92 votos para autorizar el enjuiciamiento penal; y 70 votos para negar el requerimiento.

Vicente Taiano, coordinador de la bancada socialcristiana, aseguró que la documentación de sustento remitida por la Corte Nacional de Justicia, al tener el carácter de reservado, no puede conocerse antes de la sesión. “Es un caramelo envenenado, para entrampar a la Asamblea”, dijo Taiano y cuestionó que el documento sea reservado ya que no se trata de un «tema de seguridad nacional». La reserva del documento obligaría al Pleno a, una vez instalada la sesión, declararla reservada para conocer la fundamentación del pedido y poder debatir antes de la votación.

“Si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en actos de corrupción, debe ser investigada y sancionada, pero con una justicia imparcial, objetiva y que respete el debido proceso y el derecho a la defensa, que actualmente en el país no existe”, resaltó Viviana Veloz, primera vicepresidenta del Legislativo

Lamentó que un conflicto personal entre el Presidente y la Vicepresidenta de la República haya escalado al ámbito político, por lo que dijo que este problema es directamente del presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta al haber elegido mal su binomio. “Es él quien debe solucionar sus problemas personales”, aseguró.

Calificó este conflicto como un distractor del Gobierno para mantener a los ecuatorianos y a los grupos políticos alejados de los verdaderos problemas del país y que el Gobierno no da respuesta. Entre ellos la eliminación de los subsidios al precio de los combustibles, controlar la inseguridad del país, transparencia sobre el destino de los mil millones recibidos como crédito del FMI, y una posible nueva reforma tributaria que se anuncia para noviembre

La Unión Nacional de Educadores (UNE) mantendrá una jornada de movilizaciones en todo el país el 4 de julio en rechazo a la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís, incremento del IVA al 15%, y para exigir a la Corte Constitucional ratifique los derechos adquiridos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El gremio anunció este martes 11 de junio que en la jornada de protestas en las 24 provincias exigirán al Gobierno presupuesto para el sector de la Educación y la aplicación del Plan Fénix para brindar mayor seguridad a los docentes que estarían siendo víctimas de extorsiones, vacunas, amenazas de muerte e intimidación.

Andrés Quishpe, dirigente del magisterio, señaló que las políticas aplicadas por el presidente Daniel Noboa serían parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), medidas que causarían mayor crisis, desempleo y empobrecimiento en el país. Hizo un llamado a todas las organizaciones sociales (FUT, CONAIE, Frente Popular, Ecuarunari, Fenocin), para reactivar el colectivo de organizaciones sociales y “enfrentar de manera unitaria las políticas neoliberales del Ejecutivo”.

Indicó que las instituciones educativas de la Costa y Galápagos aun no recibirían los textos ni los desayunos escolares, pese a que las clases iniciaron hace un mes.

La Fiscalía informó que vinculará a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, al caso «Nene», por lo que trasladará el proceso a la Unidad de Fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ). El caso «Nene» investiga un presunto tráfico de influencias en el que estaría involucrado el hijo de la segunda mandataria, Francisco Barreiro, y que se habría generado en la Vicepresidencia de la República.

El fiscal del caso, Carlos Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, informó a través de las redes sociales que hay evidencias que vinculan a Abad, quien goza de fuero, y que actualmente ejerce como embajadora de Ecuador en Israel, por orden del Presidente de la República, Daniel Noboa.

Alarcón indicó que en la etapa de instrucción fiscal se practicaron varias diligencias entre las que se incluyen la ampliación de la versión del denunciante, y que habrían registros telefónicos que determinarían la presunta participación de Abad en la causa.

Sin embargo la Constitución señala que para procesar penalmente al Presidente o Vicepresidente de la República, se necesita la autorización de la Asamblea. El Artículo 120 señala las atribuciones de la Legislatura, y en el numeral 10 consta: «Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes (92 votos), el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente».

En la Asamblea las elecciones del 2025 podrían tener una alta incidencia en la reconformación de su estructura política. Varios de los actuales legisladores se preparan para las próximas elecciones donde se elegirán Presidente y Vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.

En los círculos políticos no se descarta la candidatura de Henry Kronfle, actual titular de la legislatura, como candidato a la Presidencia por el Partido Social Cristiano, lo que conllevaría a que Viviana Veloz, asambleísta por la Revolución Ciudadana y primera vicepresidenta, asuma la Presidencia del Parlamento.

Ejecutivo y Legislativo, bajo tensión

El artículo 93 del Código de la Democracia señala, en su inciso segundo, que “las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura”.

Es lo que le tocaría hacer a Kronfle si decide postularse para la Presidencia de la República con lo que su curul asumiría su alterna, María de Lourdes Alarcón. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Alarcón asumiría como asambleísta titular pero no como Presidenta de la Asamblea ni como integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Veloz asumiría la Presidencia de la Asamblea y Ecknner Recalde, de ADN, actual segundo vicepresidente, subiría a primer vicepresidente.

De esta manera la segunda vicepresidencia entrará a votación por el Pleno del Legislativo, que al momento cuenta con una nueva mayoría : Revolución Ciudadana, PSC y Construye, sin descartar que se busque dejar de lado a Construye con el fin de incidir en la agenda legislativa.

En este escenario la Asamblea estaría presidida por la oposición abriendo la puerta a una agenda legislativa complicada para el Gobierno en materia de tratamientos de proyectos de Ley, ya que en procesos de juicios políticos con los que están calificados, incluidos el de la Fiscal Diana Salazar que está en suspenso, algunos de ellos quedarían para la Asamblea que se elija en 2025.

El juez nacional, Javier de la Cadena, dictó orden de prisión preventiva contra ocho de los 13 nuevos procesados en el caso Purga, tras escuchar los alegatos de las partes procesales, por un lado el fiscal subrogante Wilson Toainga y por otro lado los abogados de los nuevos vinculados.

Aunque la Fiscalía pidió que se dicte orden de prisión contra la totalidad de los 13 nuevos vinculados al considerar que son parte de la banda liderada por el exasambleista Pablo Muentes, el magistrado finalmente pidió que se gire boleta de localización y captura en contra de:

Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Habría facilitado la conformación del Tribunal que conocería la apelación que interpuso el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes para favorecer al exasambleísta.

Tatiana Villafuerte, exasesora parlamentaria de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Habría redactado la sentencia de «hábeas data» a favor de Muentes.

José Poveda, exjuez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Formó parte del Tribunal que trató apelación interpuesta por Pablo Muentes en contra del Banco del Pacífico, con la que salió favorecido. 

Esteban Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Gestionó una resolución favorable en una acción de protección que se interpuso en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito, a cambio de un beneficio para la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Susana Batalla, funcionaria del Consejo de la Judicatura de Guayas, responsable del sorteo de causas. Habría descifrado la secuencia del sistema de sorteos para beneficiar a Pablo Muentes en el caso Banco del Pacífico.

Vernise Domínguez, coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas. Colaboró, según la Fiscalía, con la estructura criminal mediante los traslados administrativos de los jueces, tanto de quellos que no sucumbían a las pretensiones del grupo delincuencial y de aquellos interesados en conocer esas causas en beneficio del mismo grupo.

Jessenia Rodríguez, secretaria del Consejo de la Judicatura en Guayas. Habría elaborado informes de conveniencia o afectación para el procedimiento administrativo de traslado de jueces para asegurar fallos favorables.

Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Tuvo a su cargo una de las causas presentadas por el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes.

Mientras que cinco procesados tiene prohibición de salir del país y la obligación de presentación periódica ante autoridad competente:

Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura de Guayas. Habría colaborado en la acción de protección del caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, facilitando el ingreso a las reuniones que mantenían los militares en el despacho de Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas.

Hugo González, expresidente de la Corte de Justicia de Guayas. Según la Fiscalía, su elección como presidente de la Corte Provincial buscaba garantizar la continuidad del control de la Justicia en esa provincia por parte de la banda delictiva que la lideraba Pablo Muentes.

Coronel Xavier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría autorizado la entrega de dinero a Mayra Salazar y a Tatiana Villafuerte, para la compra de material y mano de obra del cambio de piso del Salón de Presidentes de la Corte de Justicia del Guayas, solicitado por Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial, a cambio de un fallo favorable.

Coronel Freddy Jácomen, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría mantenido reuniones con Fabiola Gallardo para lograr un fallo favorable y luego le habría entregado una serie de regalos y la remodelación del piso.

Andrea Patiño, jueza de Durán. Habría colaborado con Pablo Muentes en el tráfico de tierras a favor de su primo como testaferro.

El Gobierno de Daniel Noboa entró en una confrontación directa con la Asamblea, lo que ha generado que la tensión entre estos dos poderes del Estado se ahonde cada día más. En momentos en que el bloque oficialista se venía quedando solo en las votaciones en el Pleno y tras la designación de una Comisión ocasional que analice el Informe a la Nación presentado por el Presidente Daniel Noboa, su viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que “se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti Noboa”. Agregó que esa nueva mayoría está conformada por tres grupos políticos que juntos tienen más de 80 votos. Alianza que se estaría configurando para hacer contrapeso político al Gobierno; y los primeros indicios serían las votaciones en conjunto sobre varias leyes y la creación de la Comisión multipartidista para tratar las preguntas de la Consulta Popular.

Según Torres, esa mayoría operó en la enmienda constitucional para restarle peso al veto parcial del Ejecutivo y disminuir su rol de colegislador. El viceministro dijo que el objetivo de esta nueva mayoría apuntaría a una posible reconfiguración de las comisiones para dejar fuera de ellas a los legisladores de ADN y plantear un posible juicio político a Noboa por incumplimiento de funciones luego de evaluar su informe a la Nación. El objetivo final sería apuntalar en Presidencia de la República a su vicepresidenta, Verónica Abad, quien es enemiga directa del Gobierno, y de esta forma debilitar una posible reelección de Noboa.

La Asamblea reacciona

Estas declaraciones generaron varias reacciones en el Poder Legislativo, principalmente de su presidente, Henry Kronfle (PSC), quien rechazó las acusaciones y pidió al Gobierno que cambie de vocero por las declaraciones desatinadas sobre acuerdos legislativos para un posible juicio político contra el mandatario.

Kronfle, junto a legisladores de diferentes bancadas legislativas, aseguró que no se ha visto en el Parlamento al viceministro manteniendo reuniones con las autoridades sobre temas legislativos. Calificó de ilógicas y que carecen de sentido jurídico las declaraciones de Torres.

Por su parte Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), primera vicepresidenta de la Asamblea, indicó que “existe un analfabetismo político por parte del viceministro, Esteban Torres”, al tiempo que informó que no cabe la posibilidad de destituir al presidente de la República a través de un juicio político, ya que el incumplimiento de funciones no es causal para la interpelación de un Primer Mandatario.
Aclaró que el artículo 129 de la Constitución establece el juicio político al Presidente de la República bajo tres causales: Delitos contra la seguridad del Estado; Concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada. Veloz aseguró que la conformación de la Comisión para evaluar el Informe a la Nación es parte de la labor fiscalizadora de la Asamblea.

Finalmente, aseguró que tampoco se puede realizar la revocatoria de mandato por iniciativa ciudadana ya que no se puede hacer en menos de un año antes de las próximas elecciones. En este marco aclaró que ninguna de las afirmaciones del viceministro de Gobierno, Esteban Torres tienen un sentido y carecen de validez jurídica.

Cecilia Baltazar (Pachakutik), José Vallejo (Revolución Ciudadana), Jorge Peñafiel (Construye), Samuel Célleri (PSC) y María Fernanda Jiménez (ADN) son los asambleístas que integran la Comisión Ocasional Multipartidista que analizará y evaluará el Informe a la Nación que presentó el Presidente Daniel Noboa al país, el pasado 24 de mayo, desde el recinto Legislativo.

El Pleno de la Asamblea aprobó con 85 votos la moción presentada por la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), quien a través de un cambio del orden del día expuso la necesidad de analizar y evaluar las políticas encaminadas en temas de seguridad, salud, educación y otros, presentadas por Noboa en su discurso.

Daniel Noboa da su Informe a la Nación con tinte de campaña electoral

La moción contó con el apoyo de su bloque legislativo, Partido Social Cristiano, Construye, Pachakutik y algunos independientes. El bloque oficialista Acuerdo Democrático Nacional (ADN) votó en contra.

Según el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea, en el plazo máximo de diez días desde la presentación del informe anual de labores, podrá conformar una Comisión para analizar el informe de labores del Jefe de Estado. Comisión que a su vez en un plazo máximo de 30 días elaborará un informe motivado para conocimiento del Pleno.

En su intervención Noboa se refirió a cuatro ejes: Gabinete y seguridad, Social, Infraestructura y medio ambiente, y Desarrollo económico.

Tras el asesinato del asambleísta alterno de la provincia de Los Ríos, por el movimiento Revolución Ciudadana, Cristhian Nieto, y de su esposa, Nicole Burgos, el Gobierno anunció varias medidas que permitan controlar la inseguridad que va en aumento en las provincias de Manabí y Los Ríos. El asesinato del legislador alterno se dio en las afueras de un circo de Manta donde también falleció Steven Mendoza, ciudadano que hacía fila para entrar a la función.

La mañana de este lunes 03 de junio, el Presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 290 en el que dispone al Ministerio de Defensa Nacional y al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), que ejerzan temporalmente sus funciones y atribuciones desde Manabí, principalmente en Manta, para que a través de diferentes acciones restablezcan el control frente a grupos de delincuencia organizada.

El decreto establece igual disposición para el Ministerio del Interior y la Comandancia General de la Policía Nacional con el objetivo de que realicen las acciones necesarias para contrarrestar el alto índice delincuencial.

En el documento emitido por el Primer Mandatario no da más detalles de las acciones que desarrollarán los titulares de las Carteras de Seguridad, en las dos provincias que ya se encuentran en estado de excepción.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumplió el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y Mayra Salazar en el caso Purga. Durante la audiencia que estuvo presidida por Javier de la Cadena, juez nacional, Salcedo aseguró que ha sido testigo de la trama de corrupción en la que estuvieron envueltos varios jueces que conocieron sus causas.

Salcedo manifestó que el juez Reynaldo Cevallos le pidió 300.000 dólares para darle arresto domiciliario y que cuando ya estuvo detenido en la Cárcel de El Inca, por el caso corrupción hospitalaria, le solicitó 100 mil dólares para «mejorar su estadía» y trasladarle a la Cárcel 4. En la contraoferta Salcedo le ofreció 20.000 dolares para acordar finalmente el traslado por 70.000 dólares.

También mencionó al juez Lino Ramos, que seguía un proceso en su contra por peculado, y le habría pedido 100 mil dólares para fallar a su favor. Le habría dado 4.000 o 5.000 dólares como adelanto como demostración de que el trato iba en serio, pero el juez fue separado de la causa.

Con el fin de tramitar un hábeas corpus,  el juez Johan Marfetán le habría pedido 25.000 dólares: 5.000 para que el sorteo de la causa caiga en su despacho y 20.000 para que el fallo sea a su favor.

En cambio el juez nacional, a esa fecha, Byron Guillén, le habría pedido 140.000 para liberarlo definitivamente del caso por lavado de activos. Le habría entregado 70.000 pero como no se concretó la declaratoria de inocencia le devolvió 60.000.

En su testimonio anticipado se refirió al juez Banny Molina, de Manabí, quien le ofreció sacarlo de la prisión. A través del abogado Christian Romero se habrían reunido en la cárcel 4 para negociar su libertad y la de Jorge Glas, exvicepresidente del correísmo sentenciado por corrupción y presente en esa reunión.

Según Salcedo, a él le pedían 150 mil dólares para dejarlo libre a través de un hábeas corpus, y cuando quiso saber cuánto pagaria Glas, le mencionaron que eso estaba coordinado con «Virgilio». La fiscal Diana Salazar le preguntó cual era el apellido de esta persona, y Salcedo respondió que no recordaba bien pero que era algo parecido a «Hernánd…».

Por su parte el testimonio de Mayra Salazar fue indéntico al que dio en el caso Metástasis, ya que ratificó que el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, manejaba la Justicia del Guayas y que operó para que un caso en contra del Banco del Pacífico salga a su favor, además de un presunto tráfico de tierras.

Hasta el 4 de julio, como máximo, la Comisión Ocasional para tratar los proyectos de Ley post consulta popular tendrá aprobado el informe para segundo debate de los proyectos de Ley que remitió el Ejecutivo en cumplimiento de los resultados de la consulta popular. Así consta en el cronograma de trabajo aprobado por esa Mesa Legislativa, que recibió la autorización para unificar en un solo informe los cinco proyectos de Ley. Cuatro de ellos son reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y uno reforma la Ley de Extinción de Dominio.

El asambleísta Carlos Vera Mora (PSC), presidente de la Comisión, reconoció que los tiempos son ajustados por lo que es necesario trabajar en este informe con los plazos que operan cuando se trata de proyectos económicos urgentes, es decir en 30 días tanto el primer como el segundo debate, sin que eso signifique una «camisa de fuerza».

De acuerdo al cronograma, el informe para primer debate a nivel de Comisión se aprobaría como fecha tope el 9 de junio, con lo que pasará al Pleno de la Asamblea para que cumpla con el primer debate hasta el 16 de junio.

Una vez que el documento regrese a la Comisión, las observaciones que se hayan recibido serán procesadas hasta el 30 de junio y el informe para segundo y definitivo debate se aprobará, en la Comisión, hasta el 4 de julio para que luego pase al debate del Pleno.

Se tiene previsto cumplir con 22 comparecencias, entre estas, la de la Fiscal Diana Salazar; del presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada; Decanos de la Facultad de Jurisprudencia de las Universidades Central, Católica, De los Andes, San Francisco, entre otras.