El caso ‘Ligados’, donde la Fiscalía impulsa una investigación contra tres exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y una consejera en funciones, ha resultado incómodo políticamente a la Revolución Ciudadana.
Según la Fiscalía, los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, así como la consejera en funciones Nicole Bonifaz, habrían incurrido en el delito de asociación ilícita para tomar el control de la institucionalidad del Estado.
Durante la campaña para su elección, en 2023, los tres exconsejeros se presentaron como parte de la «Liga azul», un grupo de candidatos que recibió el respaldo electoral de la Revolución Ciudadana y particularmente de su líder Rafael Correa, lo que es prohibido por la nomativa electoral en el caso de los aspirantes al CPC.
Cuando ejercían como consejeros, los tres miembros de la «Liga azul», más Bonifaz, habrían usado su cargo para controlar el Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas, según la Fiscalía.
Una de esas instituciones apetecidas por ese movimiento político habría sido la Superintendencia de Bancos, por lo que a través de sus consejeros de la «Liga azul», presionaban para que se designe en ese cargo a Raúl González para el período 2022 – 2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
Como parte de la investigación, el 24 de enero del 2025, tras haber recibido una denuncia, se ejecutó un allanamiento en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana donde se incautaron teléfonos celulares de Verduga. La información extraída de los dispositivos móviles habría revelado la presunta planificación y estrategias ilícitas para para dilatar decisiones de la justicia electoral, garantizarse impunidad y mantenerse en sus cargos, mediante maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencias.
El juez de la causa dictó presentación periódica cada quince días y prohibición de salida del país para los cuatro investigados. Además, ordenó la retención de fondos para todos los procesados por el monto de 5.640 dólares, para garantizar el pago de una posible multa.
Los chats difundidos del celular de Verduga demostrarían como operaba la Revolución Ciudadana para captar cargos públicos.
Chats del caso ´Ligados´ pone en apuros a la Revolución Ciudadana
