Cynthia Gellibert Mora, actual Secretaria General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República, fue designada como Vicepresidenta de la República durante la ausencia temporal de Verónica Abad, a quien el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le suspendió por dos años sus derechos de participación política.
El Presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 588 en el que además de la designación de Gellibert, dispone que la Vicepresidencia de la República realice las acciones administrativas necesarias para la movilización o traslados que se requieran para garantizar los derechos de Abad, quien se encuentra en Turquía como consejera económica de Ecuador ante ese país, cumpliendo las disposiciones del Primer Mandatario.
Se dispone también que la seguridad de Abad y de Gellibert, así como de sus cónyuges y familiares, respectivamente, se mantenga y continúe a cargo de Casa Militar Presidencial.
En los considerandos del Decreto consta que producto de la sentencia del TCE, Abad se encuentra temporalmente imposibilitada de ejercer los derechos de participación, entre los cuales se incluye el desempeño de empleos y funciones públicas y la participación en asuntos de interés público, «lo cual constituye una situación impredecible e irresistible por tratarse de una orden judicial legítima de autoridad competente y como tal, una circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función como Vicepresidente de la República».
Abad, la Vicepresidenta inhabilitada para ejercer el cargo
El Ministerio de Trabajo procedió este sábado 29 de marzo a registrar el impedimento para el desempeño del cargo de la Vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y la suspensión de sus derechos de participación por dos años, de acuerdo a la sentencia de última instancia del TCE.
El organismo de justicia electoral sesióno ayer para tramitar el recurso de aclaración que habían presentado los abogados de Abad, con lo que la sentencia quedó en firme. Abad fue sancionada por violencia política de género en contra de la canciller, Gabriela Sommerfeld, quien puso la denuncia ante al TCE, en medio de una pugna política – personal que Abad ha mantenido con el Presidente de la República, Daniel Noboa, y con algunos de sus colaboradores.
La violencia política de genénero consta en el Código de la Democracia como infracción electoral muy grave, que se sanciona con la suspensión de los derechos de participación. Además, la Vicepresidenta debera pagar una multa de 30 salarios básicos (14.000 dólares) y ofrecer una una disculpa pública a Sommerfeld, a través de un medio de comunicación de ámbito nacional.
