Asambleístas de la Revolución Ciudadana, de ADN, más los legisladores de minoría e independientes votaron de manera unánime para que la Comisión de Fiscalización inicie la investigación sobre la ruta del dinero entregado por la empresa Progen a personas naturales y jurídicas vinculadas con dicha compañía.
El Pleno de la Asamblea, con 131 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, votó a favor de la moción presentada por la asambleísta oficialista y vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Tapia. «Es necesario aclarar, por el bien del país, la ruta del dinero entregado a Progen, que finalmente habría ido a manos de 29 personas naturales y jurídicas. Entre ellas figura un abogado vinculado al caso Metástasis. Este es un tema que indigna cada vez más». Dijo.
El que hayan votado por unanimidad no implica que hayan estado de acuerdo durante el debate sobre el alcance y consecuencias políticas del caso Progen, considerado uno de los mayores atracos en la reciente historia del país. El Gobierno firmó con esa empresa la entrega de generadores para enfrentar en el 2024 la crisis eléctrica, pero los equipos eran obsoletos, de segunda mano, repintados o no respondían a las características técnicas del contrato. Según la Fiscalía, habría un perjuicio para el Estado de más de 100 millones de dólares.
En este contexto, el oficialismo ha sido criticado por «proteger» políticamente a la exministra Inés Manzano y al ministro en funciones, Roberto Luque. Los dos, en su momento, ocuparon el Ministerio de Energía, desde donde se genera la política energética y se dan las directrices en ese tema.
Durante el debate parlamentario, Tapia dijo que la iniciativa de investigar la ruta de dinero es una demostración de que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. A la vez aseguró que el correísmo se resiste a dar paso a esta investigación, ya que los rostros de los posibles involucrados en este caso de corrupción podrían traer sorpresas.
Por su parte, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Mireya Pazmiño, manifestó que si el oficialismo hubiese querido llegar hasta las últimas consecuencias, hubiese permitido la sustanciación del juicio político que presentó su bancada en contra de Manzano.
Este proceso se estancó en la Comisión de Fiscalización, ya que los legisladores de ADN se abstuvieron de votar por la aprobación de la solicitud de interpelación, a pesar de que cumplía todos los requisitos, según el Consejo de Administración Legislativa (CAL), también de mayoría oficialista.
Con la aprobación de la moción de Tapia, la comisión podrá requerir información y documentación, así como disponer la comparecencia de autoridades, representantes legales y demás actores involucrados en estos hechos.
Además, deberá presentar al Pleno de la Asamblea, en un plazo de 30 días, un informe con las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación, a fin de que se adopten las resoluciones correspondientes.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de identificar a los verdaderos responsables de este perjuicio al Estado y enfatizaron que no solo corresponde sancionarlos, sino también recuperar los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.
En horas de la tarde, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), por unanimidad, dio inicio al trámite de juicio político presentado por los asambleístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna contra Manzano, por presunto incumplimiento de funciones.
