Comisión de Fiscalización sustanciará juicio político contra Lasso

Una vez que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional sobre el juicio político al Presidente Guillermo Lasso, remitió el expediente a la Comisión de Fiscalización para que sea esta Mesa la que sustancie el proceso de manera inmediata. El proceso duraría alrededor de 30 días dentro de la Comisión.

La mañana de éste viernes 31 de marzo, el CAL se reunió y con seis votos a favor y uno en contra, inició el trámite de juicio político en contra del Primer Mandatario. La solicitud fue presentada por los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (rebelde del bloque Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), y Rodrigo Fajardo (ID). Los legisladores acusaron al Primer Mandatario de presunto peculado y concusión, pero la Corte solo aceptó la primera causal.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), conocerá de forma inmediata y notificará a los proponentes del juicio político, así como al Primer Mandatario.

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Además, el CAL dispuso la suspensión de todos los trámites de sustanciación de solicitudes de juicio político que estaban en proceso en contra de otros funcionarios del actual gobierno, a fin de que esta Comisión realice en el plazo establecido el tratamiento del juicio y remita el informe no vinculante al presidente de la Asamblea Nacional para que llame a sesión del Pleno, dónde se necesitarían 92 votos para la censura y destitución del presidente.

La Comisión, de acuerdo al artículo 91 de la LOFL, vencido el plazo de actuación de la prueba, deberá remitir al Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de diez días improrrogables, un informe motivado para conocimiento del Pleno, que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político del Presidente de la República.

Por su parte los legisladores van adoptando posturas frente al escenario del juicio político, por lo que Johanna Moreira, asambleísta por la ID, aseguró que la Comisión deberá sujetarse al dictamen de la Corte Constitucional. “Solo se va aceptar por peculado; acerca de los contratos que se realizaron a través de las empresas de sectores estratégicos con Amazonas», enfatizó.

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