A través del Decreto Ejecutivo 599, el Presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó el estado de excepción por 60 días en siete provincias y dos cantones del país por grave conmoción interna.
Las provincias en que se aplicará el Decreto son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. Se suman el cantón Quito, en Pichincha; y el cantón Camilo Ponce, en Azuay. En el Decreto se incluye a los centros de privación de libertad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
El Ejecutivo justifica la medida en el incremento de la violencia en esas provincias y cantones; en el cometimiento de delitos por parte de grupos armados organizados y en la situación actual de los centros de privación de la libertad.
Como medida general que se aplicará en esas jurisdicciones constan suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir que las Fuerzas Armadas y la Policía podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas sin necesidad de orden judicial para ubicar, según el Decreto, los escondites de las personas asociadas a los grupos armados o a la delincuencia organizada.
También se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, que implica la recopliación, análisis e identificación de mensajes, comunicaciones, cartas y misivas físicas o electrónicas.
Se suspende el derecho a la libertad de reunión con lo que se puede impedir cualquier acción que afecte la seguridad y el orden público. La fuerza pública puede desarticular e impedir reuniones en espacios públicos, lo que no implica impedimento para manifestarse pacíficamente.
TOQUE DE QUEDA
Regirá entre entre las 22:00 y las 05:00 en los siguientes cantones: Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
Cantones Durán y Balao y en la parroquia Tenguel, en Guayas.
Cantones Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo, en Los Ríos.
Cantones La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, en Orellana.
Shushufindi y Lago Agrio, en Sucumbíos.
El estado de excepción y la aplicación de las medidas están vigentes.
