Este jueves, desde las 09:30, se cumplió con la audiencia pública telemática, en la Corte Constitucional (CC), donde el juez y presidente de la Corte, Alí Lozada, instaló la audiencia para analizar los más de 30 amicus curiae y escuchar a las partes dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) que aprobó la Asamblea Nacional en marzo del 2021, en relación a la equiparación salarial de los docentes fiscales.
Previa la instalación de la audiencia en forma telemática, dirigentes de la Unión Nacional de Educadores UNE, protagonizó una marcha desde la Casa del Maestro, hasta los exteriores de la Corte Constitucional; que amaneció bloqueado el acceso a éste organismo, y la carpa dónde se encuentran 14 docentes en Huelga de Hambre, cumpliendo su décimo día.
🔴#ATENCIÓN | La @UNENACIONAL se prepara para la movilización hacia la @CorteConstEcu, a fin de exigir que se ratifiquen las reformas a la #LOEI, equiparación salarial y apoyo a los docentes que están en la huelga de hambre; ésto previa la audiencia pública. pic.twitter.com/gPuScDND0S
— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) May 12, 2022
El Ejecutivo vetó totalmente la iniciativa por inconstitucional al no contar con fuentes permanentes de financiamiento por lo que el tema volvió a la CC, para que emita su sentencia final.
La causa la lleva Alí Lozada, presidente de la Corte, quien manifestó que en un Estado constitucional, lo ordinario es que las demandas gremiales sean tratadas dentro del proceso político democrático, es decir que sean conocidas, atendidas y resueltas por la Función Ejecutiva y Legislativa. Agregó que la Corte Constitucional es independiente y no interviene en los conflictos sociales relativos a demandas gremiales salvo cuando se plantean procesos judiciales que entran en el ámbito de su competencia.
El juez sustanciador Alí Lozada Prado convoca a las partes procesales y amicus curiae a la Audiencia Pública telemática de los Casos Nro. 32-21-IN (acumulado) y 2-22-OP.
📁Convocatoria Caso 2-22-OP: https://t.co/G8jjuqJeHB
📁Convocatoria Caso 32-21-IN: https://t.co/jTVEcaUqPs pic.twitter.com/TdyhbaaDyl— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) May 6, 2022
Lozada hizo un repaso sobre el proceso de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el tratamiento que le ha dado la Corte que pidió subsanar los relacionado con la equiparación salarial y con la jubilación especial a los maestros sin límite de edad y suspendió esos articulados hasta que se presenten los informes que justifiquen las fuentes de financiamiento.
Ángel Orna, abogado de la UNE, manifestó que la sentencia de la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio y que la Asamblea identificó las fuentes de financiamiento con lo que cumplió la sentencia, a pesar de lo cual el Gobierno hizo caso omiso, argumentando la falta de ingresos.
Isabel Vargas, presidenta de la UNE, agregó que el Gobierno asumió una postura política de no cumplir la sentencia y no envió a sus delegados a la Asamblea, ni el informe de factibilidad, porque no quiere cumplir con los derechos del Magisterio y utiliza la Constitución de manera demagógica.
Mientras tanto los delegados del Ejecutivo y del Legislativo discreparon sobre el impacto fiscal que tendría la equiparación salarial. Para los representantes de la Presidencia de la República sería de 496 millones de dólares a pesar de que al inicio del tratamiento de esta Ley habían mencionado que el impacto sería de 2.175 millones de dólares. En tanto para presentantes de la Asamblea el impacto fiscal sería por los 630 millones de dólares.
Dirigentes de maestros que se encuentran en huelga de hambre salen de la carpa a saludar a la movilización del gremio que llegó a los exteriores de la Corte Constitucional pic.twitter.com/lGsj8FH9z0
— HUGO R. CONSTANTE (@constante_r) May 12, 2022
Hace un año el Gobierno manifestó que esos 2.175 millones no contaban con una fuente de ingreso por lo que la Asamblea tuvo que modificar la reforma a la Ley, estableciendo una equiparación salarial de los docentes con los sueldos del resto de los empleados públicos.
Los representantes de las organizaciones sociales como Nelson Erazo, del Frente Popular; Cristina Cachaguay, de Mujeres por el Cambio, aseguraron que al Gobierno le falta voluntad política para cumplir con el sector de la Educación.
