Las dos sesiones del Pleno de la Asamblea convocadas para este domingo no pudieron instalarse por falta de quórum, lo que redunda en la bajísima credibilidad, confianza y aprobación de la gestión que la ciudadanía tiene sobre esta Función del Estado.
Con pretextos de por medio los legisladores se dedicaron a todo menos a cumplir sus obligaciones con el país. La primera sesión estuvo convocada de manera presencial para las 13:50, lo que coincidió con la expectativa por los festejos que se armaron por el triunfo de Argentina como campeón mundial de fútbol, logrado en Qatar. A la sesión apenas asistieron 47 legisladores de los 70 mínimos que se requieren. Las curules de los correístas y del Partido Social Cristiano estuvieron vacías.
Estas bancadas mas algunos disidentes y rebeldes de la Izquierda Democrática y de Pachakutik remitieron un comunicado en referencia a que no darían quórum para no legitimar la decisión del juez de La Concordia, Ángel Lindao, que ordenó a la Asamblea posesionar al superintendente de Bancos, Roberto Romero, designado por el Consejo de Participación Ciudadana. «Lamentamos que se pretenda utilizar un proyecto de seguridad que debía debatirse hoy para obligarnos a asumir la arbitrariedad cometida», consta en el comunicado.
El problema es que esa sesión no estaba relacionada con la posesión del Superintendente como puso de pretexto esta nueva mayoría que no asistió. Pero sí se debía tratar en segundo debate un proyecto de reformas a varios cuerpos legales para aportar a la seguridad del país, lo que quedó pendiente en medio de esta crisis de inseguridad. Como no había muchos legisladores, la asambleísta Guadalupe Llori (PK) se dedicó a repartir fundas de caramelos a sus colegas aprovechando que estamos a una semana de Navidad.
El pretexto les sirvió toda la tarde y noche a los asambleístas faltones y tampoco dieron quórum a la sesión convocada para las 20:30, esta sí virtual, en la que debía posesionarse a Romero. Solo 56 legisladores asistieron vía telemática así como el futuro superintendente que tendrá que esperar a ejercer el cargos. 
Al ser la posesión de Romero una orden judicial que debía cumplirse hasta hoy, falta conocer cuál es la decisión que tome el juez Lindao frente a este incumplimiento legislativo. Para mañana, también por sentencia, la Asamblea debe colocar la placa con el texto: «Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional». Todo este en el contexto de la acción de protección que el juez otorgó a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana a los que la Asamblea los destituyó pero el juez restituyó en sus cargo.
El juez recuerda en su escrito que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional posibilita el empleo de todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. «Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional», consta en la notificación. Una historia de puga de poderes que está lejos de concluir.
