Asamblea se ve obligada a posesionar a Superintendente de Bancos

Este domingo a las 20:30 el Pleno de la Asamblea esta convocado a sesionar de manera virtual con un único punto del orden del día: posesionar al Superintendente de Bancos, Roberto Romero, designado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC). Es parte de la sentencia del juez de La Concordia, Ángel Lindao, quien otorgó la acción de protección a los cuatro consejeros de mayoría del CPC: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo y los restituyó en los cargos a pesar de que el Pleno de la Asamblea los había censurado y destituido.

El Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (independiente), había cumplido parcialmente la sentencia al ordenar la publicación en el porta institucional de las disculpas públicas a los cuatro consejeros por haber vulnerado sus derechos, pero se había resistido a cumplir con la posesión del Superintendente y con la colocación de un placa en la entrada del edificio con la frase: «Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional».

Sin embargo, el juez Lindao emitió ayer un una nueva providencia como parte de este proceso y notificó a la Asamblea para que convoque al Pleno dentro de un plazo de 48 horas, y se proceda a la posesión de las autoridades que han sido designadas por el Pleno CPC, en este caso al Superintendente de Bancos ya que se ha declarado nulo la anterior designación de Raúl González para ese cargo.

En la misma providencia se solicita a Saquicela que reconozca como legítimas las actuaciones de los cuatro consejeros de mayoría en el ejercicio de su cargo. Además, da dos días hábiles para que proceda a colocar la placa conmemorativa en la entrada principal del edifico y le ordena se abstenga de dictar actos ulteriores que afecten la ejecución integral de la sentencia.

El juez recuerda en su escrito que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional posibilita el empleo de todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio. «Incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional», consta en la notificación.

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