Con siete votos a favor, dos votos en contra y una abstención, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, remitida por el Presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica.
La presidenta de la Comisión, la oficialista Valentina Centeno, manifestó que esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales. Agregó que el proyecto se justifica en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
La propuesta de normativa está dirigida a las organizaciones sin fines de lucro con el objetivo de fortalecer el control estatal a fin de prevenir, detectar y controlar los flujos irregulares de capitales; incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias; optimizar la gestión y administración de bienes públicos.
Será la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la que ejercerá́ la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de estas organizaciones, a las que clasificará según su nivel de riesgo: bajo, medio o alto.
Esta clasificación se realizará tomando en cuenta los siguientes parámetros:
a) Volumen de recursos administrados, incluyendo presupuesto anual, activos y patrimonio
b) Origen de los fondos, sea nacional o internacional, públicos o privados
c) Alcance territorial de sus intervenciones, sea local, nacional o transnacional
d) Naturaleza jurídica y finalidad de sus actividades
e) Número de beneficiarios o resultados alcanzados y declarados
f) Historial de cumplimiento normativo
g) Resultado de evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional realizadas por la autoridad competente
h) Otros criterios establecidos en el Reglamento General de la presente Ley.
Aunque la disposición general primera establece que ninguna medida de control, supervisión o intervención podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, se mantiene como causal de disolución «…cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el orden público o la seguridad del Estado».
Esta semana el Pleno de la Asamblea tratará el informe en segundo y definitivo debate.
