El Consejo de Administración Legislativa (CAL) cesó en funciones al asambleísta del oficialismo Mariano Curicama, quien tenía sentencia condenatoria ejecutoriada por no acatar orden de autoridad competente al no haber cancelado indemnizaciones a los jubilados de la Prefectura del Chimborazo, del que fue su titular entre el 2005 y el 2019.
El caso se remonta al 2018 y el monto a cancelar era de 2,1 millones de dolares. Al no hacerlo, Curicama fue condenado a un año de prisión y en octubre de 2022 la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación impuesto por sus abogados.
En el presente periodo legislativo Curicama era presidente de la Comisión de Sobernía Alimentaria, y se mantenía como legislador por una recurso de ampliación y aclaración que había interpuesto pero que también le fue nagado a fines del año pasado.
Sin embargo continuaba como legislador y presidente de esa Mesa Legislativa, hasta que el asambleísta socialcristiano, Pablo Muentes, demostró con documentos que la setencia estaba ejecutoriada y que Cauricama no podía ejercer más como legislador. El pedido lo oficializó ante al CAL uno de sus integrantes, el asambleísta del correísmo Ronny Alega.
Finalmente el CAL cesó en funciones a Curicama y se principalizará por lo que resta del periodo su alterna Vanessa Estrada, del Movimiento MINGA.
