El juez nacional, Javier de la Cadena, dictó orden de prisión preventiva contra ocho de los 13 nuevos procesados en el caso Purga, tras escuchar los alegatos de las partes procesales, por un lado el fiscal subrogante Wilson Toainga y por otro lado los abogados de los nuevos vinculados.
Aunque la Fiscalía pidió que se dicte orden de prisión contra la totalidad de los 13 nuevos vinculados al considerar que son parte de la banda liderada por el exasambleista Pablo Muentes, el magistrado finalmente pidió que se gire boleta de localización y captura en contra de:
Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Habría facilitado la conformación del Tribunal que conocería la apelación que interpuso el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes para favorecer al exasambleísta.
Tatiana Villafuerte, exasesora parlamentaria de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Habría redactado la sentencia de «hábeas data» a favor de Muentes.
José Poveda, exjuez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Formó parte del Tribunal que trató apelación interpuesta por Pablo Muentes en contra del Banco del Pacífico, con la que salió favorecido.
Esteban Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Gestionó una resolución favorable en una acción de protección que se interpuso en contra de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas de Quito, a cambio de un beneficio para la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Susana Batalla, funcionaria del Consejo de la Judicatura de Guayas, responsable del sorteo de causas. Habría descifrado la secuencia del sistema de sorteos para beneficiar a Pablo Muentes en el caso Banco del Pacífico.
Vernise Domínguez, coordinadora de Talento Humano del Consejo de la Judicatura en Guayas. Colaboró, según la Fiscalía, con la estructura criminal mediante los traslados administrativos de los jueces, tanto de quellos que no sucumbían a las pretensiones del grupo delincuencial y de aquellos interesados en conocer esas causas en beneficio del mismo grupo.
Jessenia Rodríguez, secretaria del Consejo de la Judicatura en Guayas. Habría elaborado informes de conveniencia o afectación para el procedimiento administrativo de traslado de jueces para asegurar fallos favorables.
Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Tuvo a su cargo una de las causas presentadas por el Banco del Pacífico en contra de Pablo Muentes.
Mientras que cinco procesados tiene prohibición de salir del país y la obligación de presentación periódica ante autoridad competente:
Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura de Guayas. Habría colaborado en la acción de protección del caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, facilitando el ingreso a las reuniones que mantenían los militares en el despacho de Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial del Guayas.
Hugo González, expresidente de la Corte de Justicia de Guayas. Según la Fiscalía, su elección como presidente de la Corte Provincial buscaba garantizar la continuidad del control de la Justicia en esa provincia por parte de la banda delictiva que la lideraba Pablo Muentes.
Coronel Xavier Riofrío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría autorizado la entrega de dinero a Mayra Salazar y a Tatiana Villafuerte, para la compra de material y mano de obra del cambio de piso del Salón de Presidentes de la Corte de Justicia del Guayas, solicitado por Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial, a cambio de un fallo favorable.
Coronel Freddy Jácomen, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Habría mantenido reuniones con Fabiola Gallardo para lograr un fallo favorable y luego le habría entregado una serie de regalos y la remodelación del piso.
Andrea Patiño, jueza de Durán. Habría colaborado con Pablo Muentes en el tráfico de tierras a favor de su primo como testaferro.
