La Caja del Seguro fue el punto dónde cientos de trabajadores, docentes, estudiantes y organizaciones campesinas e indígenas se concentraron para la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en contra del aumento en el precio de los combustibles.
Pasadas las 16:00 del miércoles 11 de agosto, dirigentes y manifestantes de varias organizaciones sociales se movilizaron por las principales calles del Centro Histórico, a fin de expresar su rechazo a las políticas gubernamentales. Llegaron hasta la Plaza de Santo Domingo, dónde ratificaron «la unidad de los pueblos».
Ángel Sánchez, presidente del FUT, recordó que las principales demandas que exigen las organizaciones se basa en el «congelamiento inmediato del precio de los combustibles, pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la LOEI y Ley Humanitaria, pago de la deuda del Estado al IESS, que las autoridades competentes no entorpezcan el registro de directivas de las organizaciones sociales».
«Estamos dispuestos a conversar con el presidente y para ello tenemos propuestas y alternativas, no en condiciones que precaricen las relaciones laborales», dijo. Además, aseguró que esta movilización es el inicio de una serie de medidas de hecho, las cuales continuarán hasta que sus demandas sean escuchadas.
El Frente Unitario de Trabajadores, docentes y la dirigencia de la @CONAIE_Ecuador, se movilizan por las principales calles del Centro Histórico #Quito, en rechazo a los decretos que liberaron los precios de los combustibles, apoyo LOEI. pic.twitter.com/8YzF9JOz2w
— CHRISTIAN LGC. (@NOTICIAS1982) August 11, 2021
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, expresó que ninguno de los sectores sociales impone nada, pero tampoco pueden aceptar los insultos del presidente de la República. «Este no es un problema político ni de desestabilización, sino es un problema de la cruda realidad por la que atraviesa el país».
Sobre la Ley de Educación, Isabel Vargas, presidenta de la UNE, explicó que continuarán exigiendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional y recordó que son 31 días de huelga de hambre y que ante la falta de un pronunciamiento de la Corte prevén radicalizar las medidas de hecho, mediante asambleas permanentes y la integración de nuevas provincias a la «huelga de hambre» (Carchi, Los Ríos y Orellana) hasta que escuchen su voz, ya que «el diálogo y el encuentro del gobierno es solo un eslogan».
