Con 14 votos a favor y seis en contra, el Concejo Matropolitano de Quito aprobó la ordenanza que permite el incremento del pasaje de transporte urbano de 35 centavos de dólar a 40 centavos de dólar a partir del 1 de enero de 2027.
Votaron a favor de la aprobación de la ordenanza Adrian Ibarra, Cristina Lopez, Darío Cahueñas, Diana Cruz, Diego Garrido, Emilio Uzcátegui, Estefanía Grunauer, Fernanda Guillén, Fernanda Racines, Gabriel Noroña, Héctor Cueva, Joselyn Mayorga, Mónica Proaño y Pabel Muñoz (alcalde) de la bancada correísta y aliados.
En contra se pronunciaron los concejales de oposición Analía Ledesma, Andrés Campaña, Bernardo Abad, Blanca Paucar, Michael Aulestia, Fidel Chamba. Ellos, junto a ciudadanos que ocuparon la figura de «Silla vacía», cuestionaron la propuesta y pidieron archivar el proyecto de ordenanza. Estuvieron ausentes de la sesión extraordinaria Juan Báez y Sandra Hidalgo.
Según la información municipal, la ordenanza permite “controlar y mejorar la calidad” del servicio de transporte público ya que condiciona la modificación de la tarifa al cumplimiento de estándares de calidad y tecnología por parte de los transportistas.
“Los transportistas no recibirán un solo centavo si no hacen los cambios que planteamos. Deben demostrar que cumplieron con los compromisos”, dijo Muñoz.
Las condiciones que deben cumplir los transportistas para concretar el incremento de las tartifas implican la presentación de descargos mensuales notarizados, que permitan determinar cuáles fueron las unidades que efectivamente prestaron el servicio durante cada mes.
La entrega de recursos también quedó condicionada al cumplimiento de los hitos de gestión establecidos en la normativa. Otro de los requisitos es la instalación de sistemas y equipos, mientras estos no sean implementados, los propietarios de las unidades no podrán recibir la compensación con recursos municipales.
La ordenanza incorporó además un requisito que se exigirá por primera vez: la presentación del certificado de no adeudar al Municipio de Quito. Esto implica que los transportistas que mantengan pendientes contribuciones, impuestos u otras obligaciones tributarias municipales no podrán acceder a la compensación.
Asimismo, quienes hayan cometido multas e infracciones relacionadas con una conducción negligente, dentro de las competencias de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), deberán cumplir con sus obligaciones para poder acceder a los recursos establecidos.
El acceso a la compensación quedó condicionado a varios requisitos: unidades efectivamente operativas, descargos mensuales notarizados, cumplimiento de hitos de gestión, instalación de sistemas y equipos, estar al día con el Municipio y cumplir las obligaciones derivadas de sanciones.
