La aprobación en la Asamblea del informe del caso Gran Padrino, con 104 votos a favor, deja en el Gobierno la inquietud de lo que pueda pasar en el futuro. La resolución aprobada recomienda: «Enjuiciar políticamente al Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal, pues conductas analizadas se adecuan al cometimiento de los delitos establecidos en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución.”
Ahora todo dependerá en gran medida de la decisión que tome la Corte Constitucional. La correísta Viviana Veloz, presidenta de la Comisión que elaboró el informe, manifestó que «de manera inmediada (la semana que viene)» se procederá a presentar la solicitud de juicio político con el respaldo de 46 firmas. Esa solicitud es la que deberá ser analizada por la Corte Constitucional y si da el dictamen de admisibilidad deberá regresar a la Asamblea para el tratamiento en las diferentes instancias.
Para una censura y destitución del Primer Mandatario se requieren 92 votos, y hoy ese informe obtuvo 104. Ni siquiera quienes habían cuestionado el contenido del informe, la calidad de las pruebas, votaron en contra o se abstuvieron. Solo 18 miembros del oficialismo y 3 independientes se pronunciaron en ese sentido. El Presidente de la República está más solo que nunca en la Asamblea.
El Ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que la Asamblea le falló al país al aprobar el informe ya que aseguró que el documento carece de validez jurídica, no es vinculante, y es un acomodo de retazos y rectificaciones.
Por su parte el Presidente Guillermo Lasso remitió un ofició a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, en el que solicita que cumpla todas las investigaciones pertinentes ya que la acusación de la Asamblea se enfrenta a la imposiblidad lógica de probar un hecho falso.
