El juez de La Concordia, Ángel Lindao, ordenó a la Asamblea Nacional que ofrezca disculpas públicas a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán por haberlos destituidos sin respetar el debido proceso ni la seguridad jurídica.
Es parte de la sentencia que dictó el juez al aceptar la acción de protección en la que, además, deja sin efecto la destitución de los cuatro consejeros de mayoría y dispuso la nulidad absoluta del juicio político realizado por la Asamblea.
En su argumentación el juez ordenó que se coloque una placa en la entrada de la Asamblea y un banner en el salón plenario con el texto: “ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.
Lindao considera que el juicio político se cumplió sin que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea haya presentado algún informe en el que recomiende que se siga la interpelación, que se la archive o un informe de posiciones de los integrantes de esa Mesa Legislativa.
Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación, destacó la resolución del juez: “El poder de la ciudadanía ha ganado al poder político que ha pretendido ofender a nuestra institución y meter la mano a los concursos (…)Esto será un ejemplo de que ninguna autoridad está por encima del control constitucional”, manifestó.