Este viernes el Pleno de la Asamblea prevé instalarse para aprobar o negar la autorización solicitada por la jueza nacional Daniella Camacho para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el caso “Nene”.
La Fiscalía General del Estado busca vincular a la segunda mandataria al proceso por el presunto delito de concusión, cuya investigación inició por presunta oferta de tráfico de influencias.
Fiscalía vinculará a la vicepresidenta Verónica Abad a proceso judicial
En la Legislatura existen diferentes posiciones sobre el futuro de la vicepresidenta. Se necesitan 92 votos para autorizar el enjuiciamiento penal; y 70 votos para negar el requerimiento.
Vicente Taiano, coordinador de la bancada socialcristiana, aseguró que la documentación de sustento remitida por la Corte Nacional de Justicia, al tener el carácter de reservado, no puede conocerse antes de la sesión. “Es un caramelo envenenado, para entrampar a la Asamblea”, dijo Taiano y cuestionó que el documento sea reservado ya que no se trata de un «tema de seguridad nacional». La reserva del documento obligaría al Pleno a, una vez instalada la sesión, declararla reservada para conocer la fundamentación del pedido y poder debatir antes de la votación.
“Si la vicepresidenta Verónica Abad está involucrada en actos de corrupción, debe ser investigada y sancionada, pero con una justicia imparcial, objetiva y que respete el debido proceso y el derecho a la defensa, que actualmente en el país no existe”, resaltó Viviana Veloz, primera vicepresidenta del Legislativo
Lamentó que un conflicto personal entre el Presidente y la Vicepresidenta de la República haya escalado al ámbito político, por lo que dijo que este problema es directamente del presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta al haber elegido mal su binomio. “Es él quien debe solucionar sus problemas personales”, aseguró.
Calificó este conflicto como un distractor del Gobierno para mantener a los ecuatorianos y a los grupos políticos alejados de los verdaderos problemas del país y que el Gobierno no da respuesta. Entre ellos la eliminación de los subsidios al precio de los combustibles, controlar la inseguridad del país, transparencia sobre el destino de los mil millones recibidos como crédito del FMI, y una posible nueva reforma tributaria que se anuncia para noviembre
