La Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana viven momentos de alta conflictividad a raíz del juicio político en el que la Legislatura destituyó a cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.
El domingo, el Pleno de la Asamblea posesionó a Olindo Nastacuaz como consejero suplente en reemplazo de Jaime Chugchilán, quien no asumió el cargo ya que está fuera de país porque tiene orden de prisión preventiva por una presunta estafa. Nastacuaz es indígena de la nacionalidad Awa, de la estructura de la CONAIE, y se conoce que es cercano al correísmo, ya que fue su cercano colaborador cuando esa agrupación fue Gobierno.
Sin embargo, los cuatro consejeros destituidos se mantienen en el cargo luego de una medida cautelar que un juez de La Concordia dictó a su favor. Han reasumido sus despachos y se encuentran laborando con relativa normalidad.
El domingo, en sesión extraordinaria, los cuatro consejeros decidieron remitir un comunicado al juez que dictó la medida cautelar, informando el incumplimiento de la misma por parte del Presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Al mismo tiempo presentarán una denuncia ante la Fiscalía por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, en contra de Saquicela y por el presunto delito de usurpación de funciones en contra de los consejeros David Rosero y Sofía Almeida.
La respuesta de Saquicela
El presidente de la Legislatura cuestionó las acciones de protección planteadas por un ciudadano en siete ocasiones, en La Concordia, argumentando que constituye un intento de manipulación de la justicia e injerencia en las atribuciones de la Función Legislativa. Una de esas acciones de protección dio paso a la medida cautelar a favor de los consejeros de mayoría. “No podemos permitir que se ponga en juego el estado de derecho en este país”, dijo Saquicela.
Frente a la denuncia que presentarían los cuatro consejeros en su contra por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, el titular de la Asamblea aseguró que esta figura no cabe en caso de medidas cautelares, y que si se lo cita con este proceso, actuará de acuerdo con el mandato de la Constitución y la Ley.
Para Saquicela Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo ya no son consejeros desde el 18 de noviembre, fecha en la que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional, tras un juicio político que deja todavía mucho para el debate.
