Alrededor de 20 instituciones trabajarán en conjunto para garantizar la seguridad de la consulta popular y referéndum que se desarrollará el 16 de noviembre. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, activó en el ECU 911 de Quito la mesa de seguridad nacional electoral. Atamaint manifestó que hay trabajos técnicos que ya se han venido dando, por ejemplo con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y con el ECU 911. «Hemos trabajado con anticipación en actividades puntuales operativas. A partir de este momento se instala de manera permanente; en el caso de que sea necesario por cuestiones climáticas, sociales o por alguna situación grave nos volvemos a reunir para tomar decisiones urgentes sobre la marcha de los acontecimientos», dijo la funcionaria.
Parte fundamental de esta mesa es la labor que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana en momentos en que el país atraviesa por acciones violentas por parte de bandas del crimen organizado.
El general Klever Guaytarilla, delegado de las Fuerzas Armadas, manifestó que intervendrán 61.500 militares para garantizar el desarrollo del proceso electoral en sus varias fases. «Están ya distribuidos a nivel nacional sin dejar de cumplir nuestras misiones fundamentales», manifestó Guaytarilla. El militar aseguró que ya tienen identificadas varias ciudades donde repunta la violencia, por lo que se están tomando las precauciones del caso a través de la labor que cumple Inteligencia Militar. Agregó que las áreas mas sensibles, como Manabí, Guayas y El Oro, serán reforzadas en materia de seguridad.
Mientras tanto el general de Policía, Renato Cevallos, informó que serán 57.460 uniformados los que estarán operativos en la jornada. Además, pondrán en operación 8.412 vehículos entre patrulleros, motocicletas y transporte pesado; contarán con 3 aeronaves y 41 drones. Al momento las unidades de Inteligencia y de Investigación preventiva trabajan para garantizar la seguridad, dijo Cevallos.

Pasado el medio día el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, difundió un video en las redes sociales de la organización en el que daba a conocer que se levanta el paro indígena. «Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del paro nacional 2025, el despeje de vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestros pueblos», informó la CONAIE  a través de un comunicado.

Terminan así 31 días de paro, tiempo en el cuál Imbabura resultó ser el epicentro de la medida de hecho y como tal, resultó la provincia más afectada por el nivel de violencia por parte de la fuerza pública y de los manifestantes.

Una provincia secuestrada, aislada y con millonarias pérdidas económicas. Según varios medios de prensa, las pérdidas serían de alrededor de 70 millones de dólares. Pero también quedan comercios cerrados, se agudizó la falta de empleo; se registran graves daños materiales en las viviendas y carreteras; heridos,  detenidos, procesados judicialmente y el resentimiento ante la actuación de la fuerza pública. «Nos trataron como terroristas cuando solo somos campesinos que salimos a luchar por nuestros derechos», dijo una comunera de Otavalo que prefiere el anonimato.

Vargas asegura que la lucha no termina, que continuará la unidad desde las asambleas territoriales permanentes, preparando la campaña por el No a la consulta popular, en defensa de la democracia y los derechos del pueblo.

El presidente de la Conaie se retira sin haber logrado absolutamente nada de los reclamos que generaron el paro nacional: ni se eliminó el subsidio, ni el Gobierno accedió a dialogar con el sector indígena, ni ha anunciado que reformulará en algo su política social o económica.

Vargas se convierte así en el primer presidente de la CONAIE en ser derrotado por un Gobierno tras haber recurrido a la presión del paro para lograr sus reivindicaciones. «Muy al contrario de 2019 / 2022, el gobierno no cedió, no se derogó el decreto 126 (que eliminó el subsidio al diésel), tal y como se pedía al iniciar la convocatoria de paro nacional y aún así se acabó», escribió en su cuenta «X» la periodista Andrea Orbe.

El líder de la CONAIE levanta un paro que le costó mucho al país y con el que no obtuvo nada para el sector que representa. Ahora es cuestionado entre los propios miembros del Movimiento, mientras que otros dirigentes creen que es necesaria una profunda reflexión interna. «Jamás dejaremos de luchar mientras exista injusticia. No seguiremos el libreto de la derecha ni del sectarismo. Es tiempo de actuar con responsabilidad y firmeza. El MIE (Movimiento Indígena del Ecuador)  debe mirarse hacia adentro, corregir y avanzar. Ante todo claridad, es responsabilidad con Ecuador. La lucha continúa», escribió Apawki Castro, dirigente indígena. 

El gran beneficiado de la derrota indígena 

El Gobierno de Daniel Noboa es el gran vencedor de esta disputa con el movimiento indígena y lo sacará provecho. Sus militantes lo saben y replican el discurso oficialista. «Imbabura recuperó la paz que nunca debió perder. Las secuelas del caos, nos dejan una reflexión clara: la democracia que vale se sostiene con ideas y respeto, nunca con violencia. Para contribuir a la reactivación de las familias imbabureñas, que han perdido más de treinta días de trabajo, el Pleno de la Asamblea Nacional programará una sesión ordinaria en Imbabura durante el mes de noviembre», escribió en su redes sociales el presidente de la Asamblea, el oficialista Niels Olsen. 

«Felicitaciones @JohnReimberg por el trabajo, gracias a la @PoliciaEcuador y a las @FFAAECUADOR por el sacrificio. El paro ha terminado, ahora a rescatar la economía del país, particularmente de la provincia de Imbabura», posteó el asambleísta de ADN, Andrés Castillo.

«El sol brilla en Imbabura y Ecuador está en paz. El Gobierno Nacional SIEMPRE velará siempre por el bienestar y la seguridad de cada uno de sus ciudadanos», fue el mensaje del Ministro del Interior, John Reimberg.

«Cumplimos con lo que todo el Ecuador pidió. Gracias a nuestro pueblo y al Bloque de Seguridad, los que están en contra del progreso ya no tienen cabida. Ni un paso atrás!», escribió por su parte el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (Revolución Ciudadana), cuestionó al Gobierno de Daniel Noboa, a su bancada legislativa y a la Fiscalía por falta de rigurosidad en la investigación de la explosión de un artefacto ocurrida a inicios de junio en La Bahía de Guayaquil.

Álvarez compareció a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, dominada por el correísmo, que indaga las acciones tomadas tras haberse reportado ese incidente.  Durante su comparecencia, el alcalde ratificó la denuncia que presentó el jefe de la bancada, Juan González, en el sentido de la existencia de un video en el que se observa a un vehículo Porsche, presumiblemente de la compañía Industrial Molinera, propiedad de la familia del Presidente de la República, Daniel Noboa, en la Isla Trinitaria, lugar de la vivienda del presunto responsable de la explosión.

Según la imágenes, el vehículo permaneció fuera de la casa de Iván B., presunto autor de la bomba.  El alcalde exigió una explicación inmediata y clara sobre la presencia de este auto de lujo en dicho lugar. Álvarez cuestionó a la Fiscalía por haber archivado la investigación.

Sin embargo, la legisladora oficialista Nataly Morillo,  manifestó que el dictamen abstentivo emitido por la Fiscalía se debe a que las investigaciones demostraron que el detenido nunca fue propietario ni conductor del vehículo. Agregó luego de pasar por varias manos sin papeles en en orden, el auto apareció en los exteriores del mencionado ciudadano, generando la confusión inicial. En consecuencia, dijo Morillo, la Fiscalía concluyó que ni los registros de propiedad ni los testimonios vinculan al detenido como dueño o conductor del automotor por lo que recuperó su libertad.

Álvarez señalo que si el conductor del vehículo hubiese sido opositor del Gobierno le habrían metido preso y procesado sin mayores elementos, por lo que exigió respuestas concretas al Gobierno.

Morillo por su parte rechazó que se busque involucrar al Gobierno en los presuntos atentados, reprochó a Álvarez por sus declaraciones y le cuestionó por no asistir a la Comisión de Seguridad, dominada por ADN.

Álvarez pidió a los asambleístas oficialistas que reflexionen sobre a quién están defendiendo y les recordó que el poder es efímero. Lamentó que ADN no haya dado respuestas a casos como Progen.

Las últimas denuncias de agresiones por parte de la fuerza pública a periodistas que cubren marchas y movilizaciones; así como a activistas sociales y ciudadanía generó que la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana proponga un proyecto de Ley para que policías y militares que controlan esos eventos, estén debidamente identificados y descubiertos el rostro.

Roque Ordóñez, de esa bancada, dijo que hay preocupación ya que durante al paro indígena nacional, sobre todo en Imbabura, se ha constatado el «uso desmedido, brutal, agresivo» de la fuerza por parte de los agentes del orden. «Nos preocupa enormemente los actos vandálicos, porque no se les puede llamar de otra manera, de aquellos malos elementos de la fuerza pública: llámese militares o policias», dijo el legislador.
Agregó que con el proyecto de Ley se busca garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y que cuando se den esas agresiones, estas no queden en la impunidad.

Su coideario Héctor Rodríguez dijo que con esta Ley se evitará el anonimato en la fuerza pública, ya que la ciudadanía se siente vulnerable ante el ejercicio desmedido del poder.

El proyecto de Ley

El proyecto normativo presentado por la bancada correísta se llama «Ley Orgánica de Derechos Humanos» y consta de 13 artículos. Según el texto el objetivo es establecer la obligación de los agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, principalmente, a que porten identificativos legibles y visibles en las movilizaciones sociales. Y que mantegan el rostro descubierto durante el operativo para evitar el anonimato, la vulneración de los Derechos Humanos y así garantizar el derecho a la reunión y proteger los derechos constitucionales de los manifestantes.

Se propone que toda actuación operativa de la fuerza pública en el contexto de las movilizaciones debe contar con el respectivo registro audiovisual desde que inicia hasta que concluye.

El rostro de los agentes debe ser visible en todo momento y se debe elaborar un parte operativo con el detalle de la hora, lugar, responsables, unidades que intervienen, medidas adoptadas y el informe que será accesible a la ciudadanía.

Se prohíbe la intervención de agentes encubiertos, personal infiltrado o cualquier forma de intervención no identificada cuyo propósito sea incitar a la violencia, alterar el carácter pacífico de la movilización, generar enfrentamientos, provocar desórdenes o justificar la criminalización de la protesta.

El proyecto de Ley deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por  el oficialismo, antes de que sea tratado por alguna de las comisiones permanentes de la Asamblea.

A pesar de que el Gobierno anunció la noche de este miércoles 15 de octubre de 2025 que concluyó el paro indígena en Imbabura, reportes de medios locales de esa provincia aseguran que las bases indígenas mantienen la medida, desconociendo el acuerdo al que llegaron sus dirigentes con el ministro del Interior, John Reimberg.
Despues de un diálogo que se desarrolló en Otavalo, el cantón más fectado ayer por la represión de la fuerza pública, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia aseguró que como parte de los acuerdos se mantendrán espacios de coordinación en materia de infraestructura vial, salud y educación. «Este momento, el Gobierno está enfocado en los más afectados de la provincia y su recuperación económica y social. El diálogo para construir siempre estuvo sobre la mesa y una vez más lo hemos demostrado», dice un comunicado oficial.
En el mismo se aclara que el decreto 126, con el que se eliminó el subsidio al diésel, sigue vigente y que la lucha contra las mafias continúa. «La política de control y combate al contrabando de combustibles y la minería ilegal se mantiene sin cambios», asegura el Gobierno.
De acuerdo a lo anunciado, el lunes se instalarán mesas de trabajo para atender cuatro demandas presentadas por las organizaciones indígenas de Imbabura para levantar la medida de hecho:
– Analizar la posibilidad de congelar el precio del diésel como alternativa a la derogatoria del decreto ejecutivo que eliminó el subsidio.
– Liberar a los detenidos por el paro de forma inmediata y que se les traslade a Imbabura.
– Investigar la muerte de dos personas ocurrida en el contexto de las movilizaciones.
– Instalar mesas territoriales entre el Gobierno y las organizaciones para avanzar en los planteamientos acordados.
Luego de este anuncio, se conoció que comunidades indígenas de Otavalo decidieron mantener el paro al considerar que no hubo transparencia en el diálogo que mantuvieron sus dirigentes con el Gobierno. Quienes se oponen a que se lavante la medida señalan que aún no se ha liberado a los 12 de Otavalo y que el paro no se puede suspender luego de la represión que ayer efectuaron en ese territorio militares y polícias.
Inclusive, en horas de la noche varias vías de Imbabura continuaban cerradas por manifestantes según el reporte en tiempo real del Ecu 911.

Otavalo, en la provincia de Imbabura, fue escenario este martes 14 de octubre de una de las jornadas más violentas del paro indígena que se inició hace 23 días. Hoy, un convoy militar que según el Gobierno llevó ayuda humanitaria a la provincia para superar los estragos del paro, se dirigió a esa localidad, lo que generó graves enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.
El convoy militar fue recibido a pedradas en comunidades como Peguche, lo que generó que la Policía disperse a los manifestantes con abundante gas lacrimógeno. Diversos videos subidos a las redes sociales por parte de ciudadanos, dan cuenta de enfrentamientos con posible uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
La jornada de enfrentamiento duró unas ocho horas aproximadante, dejando un saldo de al menos 43 detenidos y algunos heridos tanto entre los manifestantes como entre miembros de la fuerza pública. Según se pudo conocer extraoficialmente, también habría al menos un fallecido del lado de los manifestantes.
En este contexto, la Conaie, a través de su presidente, Marlon Vargas, calificó de «brutal» a la represión ejercida por policias y militares contra los comuneros, «violando los derechos colectivos y humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales». Vargas dijo que continúan en resistencia y solicitó a los organismos internacionales que sancionen al Gobierno de Daniel Noboa y exhortó a la Cruz Roja Internacional que facilite un corredor humanitario en Imbabura. «Nosotros como Conaie reafirmamos la resistencia», dijo el dirigente.

Desde la madrugada de este domingo 12 de octubre, centenares de policías y militares se ubicaron en el redondel de la Villaflora y sus alrededores, en Quito, para impedir la movilización convocada en contra del Gobierno de Daniel Noboa por parte de sectores sociales.
Amparados en el estado de Excepción que rige en Pichincha y otras provincias con motivo del paro indígena, que mañana entra en su cuarta semana, la meta en primera instancia era impedir que se concentren en el lugar.
Si bien militares y policias lograron dispersar a los manifestantes, no pudieron impedir que de una u otra manera, solos, en grupos, en parejas tomen calles aledañas para evitar la represión y arriben al Parque de El Arbolito, donde se reunieron por algunos minutos, gritaron consignas en contra del Gobierno y reclamaron su derecho a la protesta pacífica, antes de ser reprimidos nuevamente por la fuerza pública.
Este es un reporte gráfico de la jornada de movilización que se vivió en la capital.

En la primera jornada del feriado de cuatro días que vivirá el Ecuador, hay vías que se mantienen bloquedas producto del paro indígena que hoy, jueves 9 de octubre de 2025, cumple su décimo octavo día. Según el reporte oficial del ECU – 911, con corte a las 14:10, estas son las vías que continuaban cerradas por manifestantes:
Chimborazo: Riobamba – Cuenca; en el cantón Alausí, sectores Tixan, Aypud; en el cantón Chunchi, sectores Tolte e ingreso a Chunchi.
Imbabura: La Plata – Selva Alegre; Otavalo – Cotacachi; Otavalo – González Suárez; Zuleta – Rumipamba.
Pichincha: Quito – Cayambe; Tabacundo – Cajas.
Además, al interior de Quito también se registraron esporádicos cierres viales, como por ejemplo en el sector de Calderón, San Miguel del Común; Panamericana Norte y Leonidas Proaño, a la altura de la Corte Constitucional.

#IMPORTANTE||

🚧 VÍA E35 HABILITADA EN EL SECTOR SAN MIGUEL DEL COMÚN, DIRECCIÓN GUAYLLABAMBA, #UIO#PolicíaEcuador, a través de su contingente desplegado, informa que la vía E35, con dirección a Guayllabamba, se encuentra totalmente habilitada en sus dos carriles.… pic.twitter.com/EGgypVXDnT

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 9, 2025

El cierre de vías se da acompañado en algunos casos de movilizaciones en contra del Gobierno. Hoy se produjo una corta marcha por parte de manifestantes que se concentraron en el parque de El Arbolito y recorrieron vías aledañas por lo que hubo presencia militar y policial.
Para el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, estos días de feriado servirán también para que las organizaciones se reorganicen, cumplan asambleas territoriales y recobren energías para sostener el paro.
Los sectores indígenas de la capital invitaron a la ciudadanía a la marcha de este domingo desde La Villa Flora hasta El Arbolito con el objetivo de continuar con la medida que se cumple principalmente en Imbabura.
Por su parte el Gobierno ha dado muestras de no tener intenciones de abrir el diálogo con los sectores en paro, promovido por la CONAIE, y por lo contrario, ha iniciado acciones legales en contra del presidente de la organización, Marlon Vargas, y otros dirigentes del movimiento indígena.

El presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por la causal de grave conmoción interna.
Según el Decreto 174, son las 10 provincias que con motivo del paro indígena que inició hace dos semanas, evidencian paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público, provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos.
Con la medida de excepción, el Ejecutivo busca detener las medidas de hecho y su radicalización, que ha sido progresiva, consta en el Decreto, evitando así mayor afectación a la población.
Según el Gobierno, las provincias señaladas son aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas y servidores públicos, paralización del transporte, el impedimento del traslado de bienes, mercancías y productos de primera necesidad, los cierres de vías y la limitación del trabajo y de ejercicio de actividades económicas y productivas, así como el atentado a sectores estratégicos.
El estado de excepción será por 60 días, tiempo en el cual se suspende el derecho a la libertad de reunión, enfocado a limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos.
Con el decreto se faculta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana, así como al orden constituido, o paralización de servicios públicos o sectores estratégicos.

El consejo ampliado de la CONAIE resolvió la tarde de este jueves 10 de octubre de 2025, continuar con el paro nacional que ya cumple 11 días, con epicentro en Imbabura y con la expectativa de ir sumando más provincias.
La Conaie se reunió en Quito para avaluar el desarrollo del paro. Estuvieron presentes el presidente de la organización, Marlon Vargas, los presidentes de las tres regionales y delegados de comunidades que sostienen el paro en la Sierra norte.
Entre las resoluciones que Vargas anunció que se habían tomado están la de continuar con el paro como expresión legítima de los pueblos y nacionalidades frente a «un gobierno autoritario que responde con represión, criminalización y medidas neoliberales que encarecen la vida».
Y aunque mencionó que ratifican los puntos de su agenda de lucha que generó este paro, como la exigencia de la derogatoria del decreto 126 con el que se eliminó el subsidio al diésel, ahora también exigen que se reduzca el IVA del 15 al 12%, garantías para el derecho a la resistencia; verdad, justicia y reparación para las víctimas de la represión y para la familia de Efraín Fuerez, comunero de Cotacachi asesinado durante una de las jornadas de bloqueo de vías que se dio en esa localidad.
Como parte de las resoluciones consta organizar asambleas territoriales en todas las provincias y comunidades para preparar y consolidar la campaña nacional por el «No» en la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa, para que se convoque a una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
«Este mecanismo no responde a las verdaderas demandas del pueblo, sino que busca distraer la atención de la crisis social y económica», dijo Vargas. Agregó que a través de la asamblea constituyente, el Gobierno quiere eliminar los derechos colectivos, de la naturaleza, derechos laborales y la gestión comunitaria del agua.
A la vez que se resolvió mantener el paro, el movimiento indígena se comprometio a establecer un corredor humanitario en la zonas más fuertes de resistencia indígena para garantizar el paso seguro de medicinas, insumos médicos y ambulancias hacia hospitales y centros de salud.